VALÉNCIA. – Indefensión, impotencia y una profunda sensación de desamparo institucional. Es el sentimiento que domina esta semana entre el vecindario del barrio valenciano de Benicalap. Las alarmas saltaron al comprobar cómo una empresa inversora iniciaba las obras de remodelación de los bajos de su edificio para implantar nada menos que 22 viviendas turísticas —bautizadas ya por los propios afectados como «22 zulos»— invadiendo y modificando elementos comunes del inmueble sin haber solicitado ni obtenido la preceptiva aprobación de la Comunidad de Propietarios, tal como exige tajantemente la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).
La tensión llegó a su punto álgido cuando las vecinas y vecinos, organizados para intentar frenar lo que consideran una flagrante ilegalidad en sus propios espacios comunitarios, requirieron la intervención de la Policía Local de Valéncia. Tras tres días consecutivos de llamadas y alertas denunciando que se estaban ejecutando obras no permitidas en elementos comunes, la respuesta policial dejó perplejos a los residentes: los agentes se presentaron en el lugar y permitieron que los trabajos continuaran, alegando que la empresa constructora disponía de licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento.
«El Ayuntamiento que debe velar por el cumplimiento de las leyes y normas municipales es el primero que se las salta o mira para otro lado», denuncian con indignación los afectados, al tiempo que señalan otra irregularidad añadida: la preceptiva licencia de obras ni siquiera se encontraba expuesta de forma visible en la fachada del inmueble para conocimiento público, tal y como obliga la normativa.
La opacidad de las licencias frente al derecho vecinal
El conflicto saca a la luz la grieta jurídica y la falta de coordinación que sufren los ciudadanos en la gestión de licencias urbanísticas. Aunque la obtención de un permiso de obras municipal verifica el cumplimiento de los parámetros urbanísticos generales, el Ayuntamiento no puede otorgar licencias que habiliten la vulneración de los derechos de propiedad privada ni el acceso ilícito a zonas comunes no autorizadas por la junta de propietarios.
Las asociaciones vecinales de la ciudad han estallado ante lo que consideran una «total impunidad de los grupos internacionales de inversión» frente a la absoluta indefensión de los residentes. Se critica con dureza que las autoridades municipales se escuden en la tramitación administrativa de la licencia para obviar las denuncias por ocupación e intervención en espacios comunitarios, delegando en los vecinos el desgaste de emprender complejas y costosas acciones judiciales por la vía civil.
Un mismo rasero bajo distinto gobierno: la crítica a la gestión municipal
El malestar en Benicalap rebasa lo puramente urbanístico y entra de lleno en el plano político. Desde las entidades vecinales se denuncia un doble rasero inflexible que varía según quién cometa la supuesta infracción: implacable con el ciudadano de a pie, pero permisivo o dócil ante los intereses de los grandes tenedores e inversores especulativos.
La actuación del consistorio en este episodio ha reactivado el descontento social hacia el equipo de gobierno local. Voces destacadas señalan que, pese al cambio de color político en el Ajuntament de Valéncia, la dinámica respecto al modelo turístico y la presión sobre los barrios no ha variado en la práctica. Para los críticos, la gestión de la alcaldesa María José Catalá en esta materia muestra una continuidad evidente con las políticas de la anterior corporación encabezada por Joan Ribó, demostrando que las promesas de proteger la convivencia y frenar el descontrol de los apartamentos turísticos quedan en papel mojado cuando la piqueta empieza a actuar en los portales.
«Las promesas vacías de contenido ya las hemos escuchado de anteriores gobernantes, por lo que nada ha cambiado, promesas y más promesas y 0 soluciones para los vecinos totalmente desamparados»
Llamamiento a la movilización ciudadana
Ante lo acontecido en Benicalap, colectivos vecinales de toda Valéncia, como la AA.VV. de Benimaclet, han lanzado una alerta máxima y reclaman una movilización masiva frente a lo que califican directamente de «delincuencia urbanística». Exigen al Ayuntamiento de Valéncia:
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La paralización inmediata de las obras en Benicalap hasta que se acredite el pleno respeto a la Ley de Propiedad Horizontal y los permisos de la junta de propietarios.
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Inspecciones urbanísticas exhaustivas que comprueben la legalidad real de las intervenciones en zonas comunes.
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Transparencia y rigor en la exhibición pública de las licencias otorgadas en las fachadas de los inmuebles intervenidos.
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Una moratoria efectiva y contundente contra la proliferación de macro-promociones de pisos turísticos en los bajos de edificios residenciales.
Mientras las máquinas continúan trabajando en los bajos del edificio, el vecindario sopesa ya nuevas acciones de protesta y vías legales para frenar un proyecto que consideran una amenaza directa a su calidad de vida y a la integridad de su vivienda.
Y Catalá de vacaciones, como Pedro Sánchez, ante una crisis, «piernas y a correr».
