CEUTA.— La crisis migratoria e institucional que padece la Ciudad Autónoma de Ceuta tras la entrada masiva del pasado mes de julio ha alcanzado cotas insostenibles. Las cifras oficiales ya contabilizan más de 2.000 menores filiados, a los que se suma, según fuentes sobre el terreno, cerca de un millar pendiente de registro. Ante un sistema local dimensionado para albergar únicamente a 29 menores tutelados —y que antes de esta emergencia ya acogía a 128—, la capacidad asistencial no solo se ha visto superada: ha colapsado por completo.
Actualmente, unos 800 menores permanecen alojados de forma provisional en dos centros escolares ceutíes, mientras que organizaciones y entidades privadas intentan dar cobijo a cerca de mil niños inscritos. El resto continúa sin plaza asignada ni en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ni en ninguna otra infraestructura pública.
Una cuenta atrás escolar que acorrala al Ejecutivo
La presencia de cientos de jóvenes en los colegios ha generado un problema de logística urgente. El curso escolar arranca el próximo 8 de septiembre, y el personal docente debe reincorporarse a las aulas en menos de dos semanas para acondicionar las instalaciones. Esto deja al Gobierno con un margen de apenas 15 días —o incluso menos, si se pretende acometer las labores de desinfección y preparación necesarias— para desalojar a los 800 menores albergados en estos centros educativos.
Para intentar atajar la emergencia, se ha iniciado la instalación de cuatro campamentos de carpas improvisadas con una capacidad inicial proyectada de 1.500 plazas, aunque desde el Ejecutivo se ha llegado a asegurar que podrán dar cobijo a cerca de 4.000 personas. Frente a un CETI desbordado, la prioridad absoluta para ocupar estos recintos recaerá en mujeres y niños. Paralelamente, la Moncloa prepara para la próxima semana el traslado de al menos 500 menores a la Península, aunque a día de hoy sigue sin concretarse a qué puntos de la red estatal de acogida serán derivados.
Falta de refuerzos, inseguridad y parálisis política
La gestión sobre el terreno acumula graves deficiencias operativas. Pese a que el Gobierno prometió que el pasado 15 de agosto llegarían refuerzos de personal funcionario y de la Policía Nacional de Extranjería para agilizar el proceso de filiación, las propias autoridades han terminado reconociendo que los efectivos aún no han sido enviados desde la Península, lo que ralentiza el registro completo de los menores previsto para finales de este mes.
A la saturación asistencial se suma el deterioro de la seguridad. La Guardia Civil mantiene abiertas investigaciones en más de 15 casos de presuntos abusos sexuales a menores, presuntamente cometidos por otros migrantes, muchos de ellos también menores de edad.
Mientras la presión sobre la población local y los servicios de emergencia no deja de aumentar, la respuesta política ha quedado reducida a un goteo constante de visitas ministeriales orientadas a la proyección pública pero carentes de soluciones concretas. En paralelo, la estrategia gubernamental se ha volcado en el enfrentamiento político para eludir responsabilidades por la falta de previsión, todo ello mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene sus vacaciones en el palacio de La Mareta.
