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El PSPV y la Delegada del Gobierno que tantas veces ha animado a los manifestantes ahora son los que multan con cuantías elevadas a los docentes con los que se fotografiaban.
VALÉNCIA — La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha formalizado la notificación de un total de 14 sanciones administrativas dirigidas a docentes y organizaciones sindicales por un importe global de 8.600 euros. Las multas, tramitadas a raíz de las actuaciones policiales registradas durante la reciente jornada de huelga en el sector educativo, se concentran en hechos ocurridos durante las concentraciones previas convocadas y la actividad de los piquetes informativos a las puertas de los centros.
Según confirman fuentes de la propia administración, las propuestas de sanción se amparan en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza). Las tipificaciones sancionadoras responden mayoritariamente a supuestas infracciones por desobediencia o resistencia a la autoridad, desórdenes en la vía pública no comunicados con la debida antelación e identificación de manifestantes durante el desarrollo de los piquetes.
Reacción sindical e indignación entre el profesorado
La notificación de estas resoluciones ha generado un profundo malestar entre los colectivos docentes y las centrales sindicales con representación en la enseñanza pública valenciana. Desde las organizaciones de trabajadores se ha calificado la medida de «desproporcionada» y «un intento explícito de amedrentar y desmovilizar a la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos fundamentales».
Representantes sindicales han subrayado que las jornadas de protesta se desarrollaron en un entorno eminentemente pacífico y en defensa de la escuela pública, la reducción de ratios y la mejora de las condiciones laborales.
«Estas multas no buscan garantizar la seguridad pública, sino penalizar económicamente el derecho a huelga y la libertad de manifestación de quienes defienden la educación», han señalado fuentes sindicales.
Vía de recurso y caja de resistencia
Los gabinetes jurídicos de los sindicatos afectados ya se encuentran trabajando en la interposición de las correspondientes alegaciones y recursos de alzada ante la propia Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, argumentando vulneración de derechos fundamentales y falta de proporcionalidad en la actuación administrativa.
Paralelamente, diversas asambleas de profesorado y colectivos de la comunidad educativa han comenzado a coordinar acciones de solidaridad y el establecimiento de fondos de apoyo (cajas de resistencia) para asumir de forma colectiva la cuantía global de 8.600 euros en caso de que las sanciones devengan firmes, como así parece que serán.
