El Gobierno activa ahora el mando único y nuevas medidas mientras persisten las preguntas sobre los avisos previos, el número de entradas y el papel de Marruecos

La crisis de Ceuta cumple un mes sin que el Gobierno haya conseguido cerrar buena parte de los interrogantes que surgieron tras la entrada masiva de personas por la frontera. Las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo —entre ellas la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional y la creación de un mando único— llegan semanas después del comienzo de una crisis que continúa provocando críticas en el Congreso y dudas sobre qué ocurrió antes y durante aquellos primeros días.

La controversia política ha dejado además de limitarse a la actuación concreta sobre el terreno. Las preguntas alcanzan ahora a los servicios de inteligencia, la coordinación entre ministerios, las cifras de inmigrantes que permanecen en Ceuta y la relación del Gobierno español con Marruecos.

Uno de los principales problemas es precisamente reconstruir con claridad el balance de lo ocurrido.

¿Cuántas personas entraron y cuántas continúan en Ceuta?

Un mes después del comienzo de la crisis sigue existiendo una fuerte discusión política sobre las cifras.

Durante las comparecencias parlamentarias se ha reclamado al Ejecutivo que concrete cuántas personas cruzaron irregularmente la frontera, cuántas han regresado a Marruecos y cuántas permanecen actualmente en Ceuta.

La ausencia de un balance suficientemente claro se ha convertido en uno de los argumentos recurrentes de los grupos que cuestionan la gestión.

A ello se suma otro interrogante todavía más delicado: ¿sabía el Gobierno que podía producirse una entrada masiva?

Las contradicciones sobre los avisos de Inteligencia

Las explicaciones ofrecidas durante las últimas semanas han dejado abierta la polémica sobre si los servicios de inteligencia advirtieron previamente del riesgo existente en la frontera del Tarajal.

Las diferencias entre las versiones trasladadas desde distintos ámbitos del Ejecutivo han provocado que la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) termine entrando también en el debate.

El PP ha anunciado que solicitará la comparecencia de la directora del CNI en el Senado y que pretende personarse como acusación particular para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon la crisis.

Pero, más allá de la iniciativa concreta de los populares, la cuestión de fondo continúa siendo relevante: determinar qué información manejaban las autoridades españolas antes de que comenzaran los acontecimientos y cuándo llegó esa información al Gobierno.

Las grandes decisiones llegan un mes después

También los tiempos de reacción están bajo escrutinio.

Aproximadamente un mes después del comienzo de la crisis se han sucedido decisiones de considerable importancia: la declaración de la situación de interés para la seguridad nacional, el establecimiento de un mando único, la petición de refuerzos a Frontex y anuncios relacionados con el fortalecimiento de las unidades de Extranjería.

El Gobierno sostiene que ha mantenido desde el principio la gestión de la emergencia y recuerda que Pedro Sánchez se desplazó a Ceuta durante las primeras horas de la crisis.

Desde entonces, hasta ocho ministros han visitado la ciudad autónoma.

Sin embargo, la adopción semanas después de nuevas medidas extraordinarias inevitablemente ha abierto el debate sobre por qué no se pusieron en marcha antes.

Las vacaciones de Sánchez aumentaron la polémica

La crisis coincidió además con parte del periodo vacacional del presidente del Gobierno en Lanzarote.

Desde el Ejecutivo se ha defendido que Pedro Sánchez permaneció permanentemente informado y en contacto telefónico mientras se encontraba de vacaciones.

La oposición cuestiona, sin embargo, la imagen política proyectada durante esos días, especialmente teniendo en cuenta que algunas de las decisiones más importantes llegaron inmediatamente después de su regreso.

Sánchez ha convocado posteriormente el Consejo de Seguridad Nacional y ha anunciado que comparecerá ante el Congreso el próximo jueves, 35 días después del comienzo de la crisis.

Una sucesión de ministros que no ha cerrado las dudas

El Congreso se ha convertido durante estos días en otro escenario de la crisis.

Distintos ministros han comparecido para explicar la actuación del Ejecutivo, comenzando por la titular de Defensa, Margarita Robles.

El próximo 31 de agosto está previsto que las ministras responsables de Juventud e Infancia e Igualdad completen la ronda de comparecencias.

Sin embargo, las explicaciones ofrecidas hasta el momento no han conseguido cerrar la controversia política. Las discrepancias entre departamentos sobre algunos aspectos de la crisis han terminado generando nuevas preguntas en lugar de despejarlas.

Marruecos, la gran cuestión de fondo

Por detrás de la discusión sobre inmigración aparece una cuestión todavía más sensible: la relación con Marruecos.

Parte de la oposición reclama conocer hasta qué punto Rabat tuvo alguna responsabilidad en lo sucedido, mientras que el Gobierno ha rechazado determinadas acusaciones contra Marruecos al considerar que se realizan sin pruebas.

La cuestión resulta especialmente delicada porque Marruecos mantiene históricamente sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, cuya soberanía española no está en discusión para el Gobierno de España.

Y ahí probablemente se encuentra el aspecto que trasciende la batalla partidista.

Un mes después, la pregunta ya no es únicamente cómo gestionar a las personas que entraron en Ceuta. También queda por esclarecer por qué se produjo una crisis de semejante magnitud, qué información tenía España antes de que ocurriera, por qué algunas de las principales medidas tardaron semanas en adoptarse y qué papel desempeñó Marruecos en aquellos acontecimientos.

Son preguntas que existen independientemente de que las formule el PP, cualquier otro grupo parlamentario o los propios ciudadanos.