El socio minoritario del Gobierno atribuye la presión migratoria a una estrategia deliberada del país vecino «por acción u omisión» y pide explicaciones al ala socialista sobre la «protección absoluta» a la diplomacia alauita.
MADRID.— La tensión en el seno del Gobierno de coalición ha alcanzado un nuevo punto de fricción a causa de la gestión de la crisis migratoria y diplomática en Ceuta. Sumar ha elevado el tono de sus críticas y ha señalado de forma directa a Marruecos como el principal responsable de la situación, desmarcándose de la línea oficial de cautela mantenida por el ala socialista del Ejecutivo.
Desde la formación plurinacional sostienen que la masiva llegada de personas a la ciudad autónoma responde a una estrategia calculada de Rabat. Según la tesis del socio minoritario, las autoridades marroquíes están actuando «por acción u omisión», utilizando la presión migratoria como un mecanismo de chantaje político frente a España.
Cuestionamiento directo al PSOE
El punto más tenso del choque radica en las preguntas que Sumar formula abiertamente al Partido Socialista. Fuentes del grupo parlamentario cuestionan qué razones justifican que ninguna autoridad pueda seguir afirmando que Marruecos es un «socio leal» o un colaborador estrecho en la gestión fronteriza.
Desde el espacio político liderado por Yolanda Díaz exigen saber «qué hay detrás» de la «protección absoluta» y la cobertura diplomática sistemática que el ala socialista brinda al reino alauita, incluso cuando se registran episodios de extrema tensión en las fronteras de Ceuta y Melilla.
«No se puede mantener que Marruecos está colaborando cuando se utiliza a miles de personas para presionar políticamente a nuestro país.»
Exigencia de responsabilidades y despliegue de medidas
Frente a la postura cautelosa de Moncloa, que defiende la vigencia de los acuerdos de cooperación bilateral con Rabat, Sumar reclama una batería de medidas inmediatas:
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Firmeza diplomática: Exigir responsabilidades a Marruecos y elevar quejas formales en las instituciones europeas en lugar de asumir la inacción del país vecino.
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Garantía de derechos humanos: Reforzar la capacidad de acogida en Ceuta, agilizar el traslado de menores no acompañados a la península y cumplir de manera estricta con la normativa de protección internacional.
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Denuncia del chantaje: Advertir que no se pueden subordinar los derechos fundamentales ni la política exterior española a las presiones de las fuerzas de seguridad alauitas.
La discrepancia vuelve a poner en evidencia dos visiones enfrentadas en política exterior dentro del mismo Consejo de Ministros: la pragmática y defensora de la «nueva etapa diplomática» encabezada por el PSOE, frente a la línea de denuncia activa contra el régimen marroquí que defiende Sumar.
