Las discrepancias en las cifras oficiales ofrecidas por distintas administraciones tras la reciente crisis migratoria en Ceuta han generado una creciente marejada política e institucional. A medida que pasan los días, la falta de consenso en los datos transmitidos por el Gobierno central y la Ciudad Autónoma ha abierto un debate sobre la capacidad de gestión y la transparencia del sistema de acogida.
Informaciones contradictorias sobre el número de llegadas
La controversia comenzó a raíz de una entrevista matutina en la cadena SER, donde el presidente del Gobierno situó en unos 70.000 los migrantes que entraron en la ciudad autónoma durante las últimas semanas, elevando la estimación inicial que rondaba los 50.000 y aproximándose a otras menciones internas que hablaban de hasta 72.000 e incluso 100.000 entradas acumuladas en los picos más críticos de julio.
Según el Ejecutivo central, la mayoría de estas personas ya habrían sido devueltas o trasladadas, asegurando que actualmente solo permanecen en Ceuta alrededor de 5.000 migrantes, de los cuales 1.200 serían menores de edad.
El desfase en la protección de menores
A la misma hora que el presidente aportaba esos datos, la ministra de Infancia y Juventud ofrecía una radiografía distinta sobre el impacto en los servicios de protección social. La titular del ministerio cifró en 1.478 los menores de edad formalmente filiados e ingresados en el sistema de atención, sin detallar cuántos jóvenes o niños podrían encontrarse todavía fuera del circuito de tutela oficial.
Estimaciones locales y fuerzas de seguridad
Por su parte, los recuentos sobre el terreno manejados por la Ciudad Autónoma y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) difieren sensiblemente de la versión de Moncloa:
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Población itinerante: Se calcula que entre 8.000 y 10.000 personas continúan en la ciudad en situación irregular, muchas de ellas asentadas en zonas periféricas o vagando a la espera de regularizar su situación.
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Capacidad de albergue: Solo se tiene constancia formal de unos 1.500 migrantes alojados en los campamentos temporales habilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El contraste entre las estimaciones oficiales de estancia —que van desde los 2.000 hasta los 5.000 según la portavocía gubernamental— y la realidad reportada por los equipos locales evidencia una falta de unificación en los criterios de cómputo y registro de las entradas y salidas en la frontera norteafricana.
