Hay decisiones políticas que erosionan el crédito de las instituciones y otras que, directamente, dinamitan los cimientos de la convivencia constitucional. La decisión de Hacienda de remitir al Congreso un modelo de financiación autonómica parido en despachos a puerta cerrada para satisfacer al independentismo pertenece a la segunda categoría.
Gobernar a espaldas del territorio no es una novedad en la política reciente, pero llevar al parlamento una reforma financiera con el rechazo explícito de la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas rebasa cualquier margen de lealtad federal. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha quedado reducido a un mero trámite burocrático donde la voz de millones de ciudadanos cuenta menos que el puñado de votos necesarios para sostener una legislatura.
El problema de fondo no es técnico, sino conceptual. La financiación autonómica debería responder a criterios de equidad, solidaridad interterritorial y garantía de servicios públicos esenciales —sanidad, educación y dependencia— en igualdad de condiciones para todos los españoles, independientemente del código postal en el que residan. Convertir la caja común en una moneda de cambio para la supervivencia política rompe el principio de igualdad que consagra la Constitución.
Tratar de disfrazar de «singularidad» lo que no es más que una cesión fiscal a la carta es una burla a los ciudadanos. Cuando el interés de una investidura prima sobre el equilibrio económico del país, el Estado abdica de su función vertebradora. El paso de este proyecto por el Congreso no se recordará como una conquista social ni como una mejora en la gestión autonómica, sino como el día en que la igualdad de los españoles se sacrificó en la mesa del regateo político.
El ministro valenciano que trata de contentar al independentismo catalán
Arcadi España en medio de la mayor crisis del Gobierno de Sánchez busca contentar o acallar al menos a sus socios independentistas catalanes presentando el el Congreso un modelo de financiación rechazado por 15 de las 17 CC.AA.
No se podrá hablar de consenso, sino de imposición de Sánchez a España para contentar nuevamente al independentismo catalán. No bastó con la amnistía, sino que se negoció no recoger a Menores Inmigrantes nunca, ceder competencias del Estado al independentismo catalán y ahora se busca imponer un nuevo sistema de financiación a todas las CC.AA. y sólo negociado con los independentistas.
El caso valenciano
Es llamativo que como Conseller de Hacienda en la anterior legislatura el propio Arcadi cifrara con más de 40.000 millones la deuda directamente imputable a la infrafinanciación valenciana y ahora se conforme con establecer una quita de 11.000millones de euros. ( casi 30.000 millones menos de lo que él mismo reclamaba hace unos años)
La deuda pública de la Comunitat Valenciana se sitúa en 64.348 millones de euros a fecha reciente de 2026, lo que representa una media de 11.595 euros por habitante.
Detalles del nuevo reparto
- Aumento por habitante: La región ganará unos 675 euros más por habitante cada año.
- Posición autonómica: La Comunitat Valenciana se sitúa como la tercera comunidad autónoma que más recursos adicionales recibe en términos absolutos.
- Orígenes de los fondos: El incremento global de más de 20.900 millones para el conjunto de autonomías proviene principalmente de elevar la cesión de la recaudación estatal del IRPF (del 50% al 55%) y del IVA (del 50% al 56,5%).
- Cifras globales previstas: Con los nuevos mecanismos y las entregas a cuenta proyectadas para 2027, el montante total de financiación para el territorio valenciano rondará los 18.968 millones de euros
