Un demoledor informe del Consejo General del Poder Judicial revela que casi la mitad de los agresores siguen sin identificar y que 14 de las 39 víctimas son niñas y adolescentes, mientras el Ejecutivo mantiene una pasividad sangrante ante el deterioro del orden público.
La propaganda triunfalista del Ministerio del Interior y del Ministerio de Igualdad ha saltado en pedazos tras la publicación de los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un informe oficial del Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces deja al descubierto una realidad estremecedora en la ciudad autónoma de Ceuta: entre el 30 de julio y el 14 de septiembre —apenas 46 días—, los juzgados ceutíes han incoado 37 procedimientos por agresión sexual, una cifra insostenible que refleja la descomposición de la seguridad en la frontera sur.
Las cifras resultan dantescas tanto por la frecuencia de los ataques como por el perfil de los afectados. El informe contabiliza un total de 39 víctimas (38 mujeres y un varón). De la totalidad de mujeres agredidas, 14 eran menores de edad. La inacción gubernamental deja así desprotegidas a niñas y jóvenes en un territorio desgastado por la falta de refuerzos policiales y la ausencia de políticas efectivas de prevención.
La impunidad como norma: casi la mitad de los atacantes, en libertad e ignorados
El desglose de los datos judiciales no solo pone en evidencia la magnitud del problema, sino también la incompetencia institucional para dar respuesta a los delitos más severos:
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Incapacidad policial y rastreo nulo: De los 37 presuntos agresores investigados —todos ellos varones—, 18 continúan sin identificar. Casi la mitad de los atacantes vaga por las calles con absoluta impunidad debido a la falta de medios materiales y humanos que sufre la Policía Nacional y la Guardia Civil en la zona.
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Sobrecarga y colapso judicial: A fecha de 14 de septiembre, 28 de los 37 procedimientos abiertos continúan en fase de tramitación (afectando a 30 víctimas, de las cuales 11 son menores). De los restantes, 8 causaron archivo provisional por imposibilidad de avanzar y uno fue acumulado.
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Desprotección de la infancia: La elevada proporción de víctimas menores (representan el 36% del total de agredidos) deja en evidencia las deficiencias de los protocolos de tutela e integración en la ciudad.
Un Gobierno acorralado por el contraste entre discurso y realidad
Las conclusiones del CGPJ suponen un varapalo judicial y político de primer orden contra la gestión del Ejecutivo central. Resulta inasumible que, en un espacio geográfico tan acotado como Ceuta, se registre un promedio superior a una investigación judicial por agresión sexual cada dos días sin que desde la Moncloa se haya activado ningún plan de choque ni refuerzo extraordinario.
Mientras los ministerios competentes consumen recursos en campañas publicitarias, la realidad procesal en las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta demuestra el colapso del modelo de seguridad fronteriza. La combinación de impunidad sobre los agresores no identificados y el impacto desgarrador sobre las víctimas menores de edad exige responsabilidades políticas inmediatas ante la quiebra del Estado de derecho en la frontera española.
