VALÉNCIA.— El movimiento vecinal de Valéncia ha levantado una voz unánime en el Pleno de este mes de Septiembre para exigir medidas drásticas y urgentes ante la proliferación descontrolada de pisos turísticos y la progresiva terciarización de los barrios residenciales. Organizaciones de diferentes distritos de la capital del Túria han sumado sus denuncias para visibilizar una realidad desgarradora: la expulsión de los residentes de toda la vida, el desmantelamiento del comercio de proximidad y el incivismo reiterado que altera el descanso y la convivencia diaria.
La presión turistificadora no da tregua. Vecinos de barrios tan dispares como La Rayosa, Benicalap, Malilla, Patraix o Ruzafa coinciden en un diagnóstico común: el modelo de ciudad actual antepone el lucro de los rentistas transitorios a los derechos de quienes habitan la capital los 365 días del año.
Cuidem la Rayosa: un límite superado y sin comercio tradicional
En el entorno de La Rayosa, las entidades de la zona alzan la voz ante la transformación radical de la trama urbana. El fenómeno no solo se limita a la reconversión de inmuebles de uso residencial en viviendas turísticas, sino que se están transformando edificios enteros para uso hotelero. A ello se suma un problema alarmante: la rápida desaparición de las persianas comerciales.
Los bajos que antes albergaban comercios, servicios y vida de barrio han sido devorados masivamente por la industria turística. En la actualidad, la inmensa mayoría de estos locales se han destinado a uso turístico o directamente hotelero, rebasando con creces el límite fijado de regulación municipal del 2%. En estos momentos, el entorno ya contabiliza 91 bajos turísticos registrados.
Esta dinámica distorsiona el día a día comunitario. Desde la zona denuncian situaciones en las que se instalan este tipo de alojamientos en patios interiores —algunos presumiblemente sin la licencia correspondiente—, así como constantes molestias de incivismo, como el estacionamiento de motocicletas en medio de las aceras o la ocupación indebida de la vía pública. Ante este escenario, la consigna es clara: exigen una modificación urgente de la normativa municipal para prohibir explícitamente los apartamentos turísticos o de uso hotelero en edificios residenciales, incluidos los bajos. Además, reclaman que los bajos turísticos existentes sean reconvertidos en viviendas de alquiler asequible dirigidas a la juventud.
Benicalap: vecinos desprotegidos y vulneración de estatutos
El descontento se extiende hasta Benicalap. Un ejemplo sangrante expuesto por los colectivos vecinales se sitúa en la calle Encarna Albarracín, número 6. En esta finca, los residentes denuncian la ejecución de obras que han alterado gravemente los elementos y zonas comunes del inmueble, abriendo nuevos accesos para habilitar bajos turísticos.
Lo paradójico y grave del caso es que, pese a contar con una licencia de obras, el uso turístico de los locales comerciales está expresamente prohibido en los estatutos de la propia comunidad de propietarios. Los vecinos se sienten totalmente desprotegidos por el Ayuntamiento de Valéncia y exigen la paralización cautelar e inmediata de los trabajos. Para evitar situaciones de indefensión en el futuro, reclaman que se modifique la normativa para que cualquier proyecto que altere la propiedad privada, la fachada o los elementos comunes requiera de forma vinculante la autorización explícita de la junta de propietarios.
Malilla: la burbuja de precios que asfixia a los vecinos
Desde la Asociación Vecinal de Malilla, su portavoz Rosa Jover relata con cifras la magnitud del desembarco turístico en el barrio. Según denuncia, se han registrado decenas de lotes de apartamentos que suman más de 200 plazas en pisos turísticos dispersos por el vecindario. La presión no queda ahí: recientemente se ha aprobado un mega-proyecto de 570 plazas hoteleras junto al nuevo Hospital La Fe.
Esta saturación tiene un impacto directo e insostenible en el mercado inmobiliario local. En Malilla, el precio de las viviendas de segunda mano escala ya a horquillas de entre 300.000 y 400.000 euros, los alquileres medios rozan los 1.500 euros mensuales y los inmuebles de obra nueva superan holgadamente los 500.000 euros.
«No se puede vivir dignamente destinando la gran mayoría de los ingresos únicamente a pagar un alquiler o una hipoteca», denuncian desde la directiva vecinal. Señalan directamente a «rentistas que ni siquiera viven en el barrio, cuyo único objetivo es forrarse con el negocio del turismo sin importarles en absoluto la cohesión social o la prestación de servicios básicos. No podemos construir una ciudad pensando solo en los que vienen unos días, olvidándonos de quienes vivimos los 365 días del año».
Patraix: la inseguridad jurídica y el fraude a las comunidades
La problemática se repite en el distrito de Patraix. A través de la Associació Cultural Patraix y la Asociación de Consumidores, se pone de manifiesto lo ocurrido en la comunidad de propietarios de Nicet Patraix. En mayo de 2024, el vecindario modificó reglamentariamente sus estatutos para prohibir el uso turístico en los bajos. Pese a ello, una mercantil promovió la instalación de 24 bajos turísticos.
Aunque la Generalitat Valenciana (GVA) acabó revocando las licencias al comprobar que no estaban operativos dos meses después del plazo fijado, la actividad turística se mantiene a día de hoy debido a una medida cautelar solicitada por la empresa en los tribunales. Los residentes reclaman seguridad jurídica real y exigen que los locales a pie de calle vuelvan a acoger comercios de proximidad en lugar de bajos turísticos equipados con cámaras de videovigilancia y rotación semanal de inquilinos. «Queremos vivir, no luchar continuamente para poder vivir», sentencian.
Ruzafa: la «colmena turística» y un escandaloso baile de datos
En el barrio de Ruzafa, la Plataforma por Ruzafa dibuja un panorama desolador: destrucción del pequeño comercio de barrio y sustitución por negocios enfocado exclusivamente al visitante fugaz, mientras la vivienda es tratada como un mero activo financiero. Como símbolo de resistencia, la plataforma evoca la movilización en la «colmena turística» de la calle Puerto Rico, 35, donde más de 400 vecinos se unieron en un abrazo multitudinario al edificio formando una cadena humana.
La entidad vecinal ha realizado un detallado mapeo y censo del barrio que demuestra que decenas de inmuebles operan como actividad económica al margen de la ley. Sin embargo, cuando estos casos son trasladados formalmente al Ayuntamiento, la respuesta municipal es el silencio administrativo.
La Plataforma denuncia además una grave falta de fiabilidad en los datos oficiales que sustentan la aplicación de la normativa turística. Existe un desfase clamoroso entre los censos del Ayuntamiento de Valéncia y el registro autonómico de la GVA:
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Hotel Senator Parque Central: El censo municipal le otorga licencia para operar únicamente con 35 plazas, mientras que en el registro de la Generalitat constan 386 plazas.
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Viviendas turísticas en Ruzafa: Mientras que el registro del Ayuntamiento apenas contabiliza unas 40 viviendas turísticas con licencia operando en todo el barrio, la base de datos de la GVA cifra en más de 300 las licencias otorgadas.
Ante las preguntas enviadas por los colectivos para aclarar el sistema de conteo, la Conselleria autonómica respondió en julio, pero el consistorio valenciano ni siquiera ha ofrecido respuesta. Por ello, exigen que se explique de inmediato este desajuste, que se aplique la parálisis de licencias fijada para las zonas saturadas por la GVA —lo que frenaría cerca de 700 plazas proyectadas en Ruzafa— y se retire la licencia de terraza-solárium otorgada en un patio interior de un hotel en la calle Cádiz, 74.
