Alquerías de Olba: doce años de abandono y una nueva recomendación del Síndic al Ayuntamiento de Valencia
Doce años de expedientes, al menos seis resoluciones previas del Síndic, compromisos municipales no ejecutados y un incendio que evidenció el riesgo real de mantener vehículos junto a un inmueble histórico. Ese es el balance que acompaña a las Alquerías de la calle Olba, conjunto rural protegido como Bien de Relevancia Local (BRL), situado en Marxalenes y sometido desde hace años a un deterioro evitable: estacionamiento incontrolado, pintadas vandálicas, falta de cerramiento y una sucesión de respuestas administrativas que no han desembocado en una protección material efectiva.
El último episodio de esta prolongada controversia se ha producido tras la notificación de la Resolución de Consideraciones dictada el 23 de septiembre por el Síndic. La institución recoge sustancialmente las alegaciones formuladas por el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural y requiere al Ayuntamiento de Valencia para que, en el plazo de un mes, comunique expresamente si acepta las recomendaciones formuladas y qué medidas concretas adoptará para garantizar la seguridad, conservación y restauración del inmueble.
La resolución constituye un nuevo aviso institucional al consistorio y, al mismo tiempo, una constatación de que los compromisos anunciados con anterioridad no se han traducido en actuaciones suficientes sobre el terreno.
Un compromiso urgente que acabó diluyéndose
Para comprender el alcance de la situación es necesario retroceder a mayo de 2025. Tras una resolución anterior del Síndic, el Ayuntamiento de Valencia comunicó formalmente la aceptación de los requerimientos planteados por la Sindicatura. En aquel momento, el compromiso municipal se articulaba en torno a tres actuaciones que, por su naturaleza, debían haberse ejecutado con carácter inmediato:
- La regulación del tráfico y del estacionamiento junto a los muros del conjunto, mediante la intervención de Policía Local y de los servicios municipales de Movilidad.
- La instalación de un cerramiento perimetral de protección, acompañado de señalización que identificara el inmueble como Bien de Relevancia Local.
- La limpieza de las pintadas existentes mediante una intervención compatible con la naturaleza y el valor patrimonial de las Alquerías.
A la vista de esa aceptación, el expediente fue archivado provisionalmente. Sin embargo, catorce meses después, en julio de 2026, la realidad observada en el entorno del inmueble mostraba una situación muy distinta. No se había instalado el vallado anunciado, no existía una ordenación efectiva del estacionamiento, continuaban aparcándose vehículos junto a las fachadas —incluidos algunos aparentemente abandonados— y las pintadas seguían afectando a los paramentos del edificio.
Ante esa falta de ejecución, el Círculo por la Defensa del Patrimonio solicitó la reapertura urgente del expediente. La asociación subrayó entonces que medidas como un cerramiento provisional, la señalización de prohibición de estacionamiento o la retirada técnica de grafitis no requieren una complejidad presupuestaria o administrativa que justifique una demora de más de una década.
El problema del “metro” de distancia
Tras la reapertura de la queja, el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento emitió, el 26 de agosto de 2026, un informe en el que anunciaba la instalación de vallas durante la primera quincena de septiembre. La finalidad declarada era limitar el acceso rodado y evitar el estacionamiento de vehículos a menos de un metro de las fachadas.
La propuesta fue cuestionada de inmediato por la entidad ciudadana. El principal argumento planteado es que un margen de apenas un metro no constituye una separación eficaz para proteger un inmueble rural histórico, construido con materiales tradicionales y expuesto a riesgos físicos, químicos y térmicos derivados de la presencia continuada de vehículos.
El Círculo sostiene que la aplicación coherente de los criterios de protección patrimonial y de los instrumentos urbanísticos específicos exige establecer una franja de resguardo de, al menos, tres metros respecto de los paramentos. Esa distancia permitiría reducir riesgos que no son hipotéticos, sino que ya se han materializado en el entorno de las Alquerías.
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Prevención de incendios. Un perímetro de tres metros reduciría el riesgo de que un incendio producido en un vehículo, de forma accidental o intencionada, alcance directamente la fábrica histórica del inmueble. Las Alquerías ya han sufrido un incendio vinculado a la proximidad de vehículos, circunstancia que refuerza la necesidad de adoptar una medida preventiva efectiva.
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Protección física y estructural. La separación impediría maniobras de estacionamiento junto a los muros, disminuiría el riesgo de golpes o colisiones y limitaría los efectos acumulados de vibraciones, humos y gases de escape sobre materiales tradicionales como la tapia, el ladrillo y los morteros antiguos.
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Conservación del entorno visual. La retirada de los vehículos del contacto inmediato con las fachadas contribuiría a recuperar la lectura paisajística del conjunto y a respetar la dignidad ambiental exigible a un bien protegido.
La nueva resolución del Síndic incorpora esta cuestión y emplaza al Ayuntamiento a revisar las medidas previstas para garantizar que el cerramiento responda realmente a las necesidades de conservación y seguridad del BRL.
Los grafitis no se resuelven con “parcheos”
El informe municipal de agosto también reconocía la realización de limpiezas parciales a pie de calle durante la primavera de 2025. No obstante, justificaba la ausencia de intervención en las partes altas de las fachadas por la irregularidad del terreno y por la supuesta imposibilidad de instalar andamios en el solar.
La asociación patrimonial ha rechazado ese argumento por entender que confunde la falta de un medio concreto con la inexistencia de soluciones técnicas. La imposibilidad de colocar andamios no impide, por sí sola, la limpieza de zonas elevadas, puesto que existen medios mecánicos habitualmente empleados en trabajos de conservación, mantenimiento urbano y restauración: plataformas elevadoras móviles de personal, camiones cesta y brazos articulados capaces de acceder a las fachadas sin necesidad de instalar estructuras apoyadas directamente sobre el solar.
La cuestión no se limita, además, a la accesibilidad. El método de intervención resulta determinante cuando se actúa sobre un inmueble protegido. Cubrir las pintadas con pintura plástica o mediante brochazos indiscriminados no equivale a restaurar: puede alterar la transpirabilidad de los muros, modificar la apariencia de los materiales originales, dificultar futuras actuaciones especializadas y generar una contaminación visual añadida sobre los paramentos históricos.
La eliminación de grafitis en un Bien de Relevancia Local exige un proyecto o protocolo de limpieza compatible con los materiales existentes, utilizando técnicas graduadas y reversibles cuando proceda: hidro-limpieza controlada a baja presión, geles de limpieza, compresas químicas neutras u otros procedimientos seleccionados tras pruebas previas. Todo ello debe realizarse bajo dirección técnica especializada en conservación-restauración patrimonial, no como una simple operación ordinaria de limpieza viaria.
El propio Servicio de Limpieza municipal habría reconocido, según las alegaciones presentadas, que no cuenta con la competencia técnica específica necesaria para intervenir directamente en bienes protegidos. Esa circunstancia debería conducir a coordinar una actuación adecuada desde el Servicio de Patrimonio Histórico, no a prolongar indefinidamente el deterioro.
Daños al patrimonio y deber de denuncia
Uno de los puntos más relevantes del expediente es la falta de información acreditada sobre la eventual presentación de denuncias por los daños causados al inmueble. Pese a los requerimientos del Síndic, el Ayuntamiento no habría documentado de forma concluyente si ha puesto los hechos en conocimiento de Policía Local, Policía Nacional, Fiscalía o la autoridad judicial competente.
No se trata únicamente de un problema de limpieza o de disciplina urbana. La reiteración de pintadas sobre un bien protegido puede superar el ámbito de las infracciones administrativas y presentar, según las circunstancias, relevancia penal. El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a las autoridades y funcionarios que conozcan la comisión de un delito público a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente.
En el caso de los daños sobre elementos integrantes del patrimonio histórico, el artículo 323 del Código Penal contempla una protección específica. La doctrina jurisprudencial ha destacado que las pintadas sobre bienes protegidos pueden integrar este tipo penal cuando su eliminación exige una intervención restauradora especializada y comporta un daño relevante para el bien afectado.
La Sentencia 273/2022 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido invocada por la asociación precisamente para defender que la valoración del daño no puede reducirse al coste de aplicar una capa de pintura, sino que debe atender a la necesidad de restauración, a la afectación material y al valor cultural del elemento alterado.
La eventual ausencia de denuncia tiene, además, una dimensión económica. La investigación de los hechos y la exigencia de responsabilidad civil a sus autores permitirían reclamar el coste de las medidas de restauración. Si esas acciones no se impulsan, el gasto derivado del vandalismo acaba recayendo sobre los recursos públicos y, por tanto, sobre la ciudadanía, mientras los responsables materiales de los daños quedan sin identificar ni responder por sus actos.
Un mes para responder
La resolución dictada el 23 de septiembre por el Síndic de Greuges es clara al señalar que el Ayuntamiento de Valencia no ha realizado todas las actuaciones necesarias para alcanzar el cumplimiento real y efectivo de las recomendaciones formuladas previamente. La institución recuerda, además, la larga secuencia de resoluciones y actuaciones vinculadas a este caso: 31 de julio de 2015, 15 de julio de 2016, 17 de enero de 2018, 31 de julio de 2019, 10 de septiembre de 2021, 10 de abril de 2025 y la resolución ahora emitida el 23 de septiembre de 2026.
El consistorio dispone de un plazo máximo de un mes para informar de su posición y detallar las medidas que asumirá. La respuesta municipal deberá aclarar, como mínimo, tres cuestiones que se han convertido en el núcleo de la reclamación ciudadana:
- La instalación de un vallado perimetral efectivo, con una distancia de seguridad suficiente respecto de las fachadas y, en particular, con una franja de protección de al menos tres metros que reduzca el riesgo de incendios, impactos y estacionamiento indebido.
- La puesta en marcha de un plan de limpieza especializada de grafitis, incluidas las zonas altas de las fachadas, mediante medios mecánicos adecuados y técnicas compatibles con la conservación de materiales históricos.
- La acreditación de las denuncias, comunicaciones o actuaciones promovidas ante los cuerpos policiales, la Fiscalía o los órganos judiciales en relación con los daños que puedan ser constitutivos de delito contra el patrimonio histórico.
Las Alquerías de la calle Olba no son un solar residual ni una ruina sin significado: constituyen un testimonio insustituible de la memoria agraria y de la evolución histórica de los barrios del norte de Valencia. Su protección no puede seguir dependiendo de anuncios, informes cruzados o expedientes provisionales. Tras doce años de advertencias, la cuestión ya no es qué actuaciones serían necesarias, sino cuándo se ejecutarán de forma completa, técnicamente correcta y verificable, y sin vender humo a los vecinos.
