Pedro Sánchez adelanta las elecciones al 29 de noviembre después de una legislatura marcada por la dependencia de una mayoría heterogénea, la amnistía, la ruptura con Junts y diferentes procedimientos judiciales alrededor del PSOE y del entorno del presidente. La derrota de los decretos de vivienda terminó precipitando el final.
La crisis de la vivienda ha terminado convirtiéndose en el último episodio de una legislatura que prácticamente desde su nacimiento estuvo condicionada por una aritmética parlamentaria extremadamente ajustada.
Pedro Sánchez ha decidido adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre, poniendo fin a una etapa en la que el Gobierno de coalición PSOE-Sumar ha combinado indicadores económicos que ha reivindicado como positivos con una sucesión de crisis políticas, judiciales y sociales.
El rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda terminó evidenciando que la mayoría que permitió la investidura ya no garantizaba al Ejecutivo sacar adelante algunas de sus principales iniciativas.
Una mayoría que nació con dificultades
La legislatura arrancó después de las elecciones generales de 2023 y de la investidura de Sánchez tras el intento fallido de Alberto Núñez Feijóo.
PSOE y Sumar necesitaban para gobernar el apoyo de un bloque muy heterogéneo.
ERC, Junts, PNV, EH Bildu y otras formaciones resultaban esenciales para construir mayorías parlamentarias, pero sus intereses y posiciones políticas eran muy diferentes.
El Gobierno dependió durante toda la legislatura de negociar prácticamente cada votación.
Y Junts, con sus siete diputados, terminó convirtiéndose en uno de los actores decisivos.
La amnistía marcó el comienzo
Uno de los primeros grandes conflictos fue la ley de amnistía relacionada con el procés catalán.
La norma fue imprescindible para conseguir determinados apoyos a la investidura, pero provocó una fuerte confrontación política y social y marcó buena parte del comienzo del mandato.
Las relaciones con Junts nunca llegaron a estabilizarse completamente.
La formación catalana presionó reiteradamente al Ejecutivo durante la legislatura hasta que la ruptura terminó haciéndose evidente en las últimas votaciones.
Los Presupuestos de 2023, hasta el final
La fragilidad parlamentaria tuvo una consecuencia especialmente significativa: el Gobierno no consiguió aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado durante toda la legislatura.
Las cuentas de 2023 fueron prorrogándose sucesivamente.
El Ejecutivo llega así al adelanto electoral funcionando todavía con aquellos presupuestos, una circunstancia que simboliza las dificultades para construir una mayoría parlamentaria estable.
La economía, principal argumento del Gobierno
Frente a la inestabilidad política, el Ejecutivo ha reivindicado durante estos años la evolución económica y laboral.
Entre los principales argumentos utilizados por el Gobierno aparecen la reducción del desempleo, las sucesivas subidas del salario mínimo, la revalorización de las pensiones y las medidas adoptadas para amortiguar el impacto de las crisis energéticas e internacionales sobre hogares y empresas.
Sin embargo, esos indicadores han convivido con una fuerte tensión política.
Los casos judiciales rodean al PSOE
La legislatura ha estado también marcada por diferentes investigaciones y procedimientos judiciales.
El caso Koldo y las actuaciones relacionadas con antiguos responsables de la organización socialista han alimentado durante meses la confrontación entre Gobierno y oposición.
A ello se han sumado otras investigaciones relacionadas con personas próximas al PSOE y procedimientos que han afectado al entorno personal y familiar de Pedro Sánchez.
El Gobierno y el propio presidente han denunciado en diferentes momentos la existencia de estrategias de lawfare destinadas, según su posición, a provocar desgaste político.
Los cinco días de reflexión de Sánchez
Uno de los episodios más extraordinarios de la legislatura llegó cuando Sánchez anunció que se retiraba durante cinco días para reflexionar sobre su continuidad después de la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez.
Finalmente decidió permanecer en la Presidencia.
El episodio anticipó, sin embargo, hasta qué punto los procedimientos judiciales se habían convertido ya en uno de los grandes elementos de la batalla política.
De la dana a la crisis de Ceuta
A las dificultades parlamentarias y judiciales se añadieron importantes crisis externas e internas.
La dana del 29 de octubre de 2024, con 233 fallecidos según el balance recogido en la información de partida, abrió un prolongado enfrentamiento sobre la gestión de la emergencia y la reconstrucción.
La recta final de la legislatura estuvo también marcada por la crisis migratoria de Ceuta, que reabrió el debate sobre las políticas de inmigración y generó una nueva confrontación entre el Gobierno y la oposición.
Todo ello mientras España afrontaba las consecuencias de los conflictos internacionales de Ucrania, Gaza e Irán y las tensiones comerciales con Estados Unidos.
Y finalmente, la vivienda
El último gran conflicto llegó con una preocupación que llevaba tiempo creciendo entre los ciudadanos: el acceso a la vivienda.
El aumento de los alquileres, los desahucios y las dificultades para comprar una casa alimentaron las movilizaciones sociales.
El Gobierno respondió con dos decretos que incluían desde límites a las actualizaciones de los alquileres hasta prórrogas contractuales y medidas de protección frente a desahucios.
Pero el Congreso los rechazó.
Junts volvió a resultar determinante junto a PP, Vox y otras formaciones.
La derrota que precipitó las elecciones
La caída de los decretos dejó al descubierto hasta qué punto se había deteriorado la mayoría parlamentaria.
Las protestas por la vivienda crecieron, aparecieron acampadas en diferentes ciudades y dentro del propio espacio gubernamental comenzaron a escucharse voces favorables a acudir a las urnas.
Finalmente Sánchez decidió adelantar las elecciones al 29 de noviembre.
Paradójicamente, el Gobierno intentará ahora recuperar parte de las medidas de vivienda a través de la Diputación Permanente después de la disolución de las Cortes.
La legislatura termina así prácticamente como empezó: con Pedro Sánchez obligado a buscar voto a voto una mayoría suficiente.
Solo que esta vez la decisión ya no corresponde a los diputados.
El 29 de noviembre corresponderá a los ciudadanos.
