Un estudio de la Universitat Jaume I y UGT revela que cerca del 90% del personal analizado presenta cuadros de estrés y un 71,4% siente miedo o inseguridad en su trabajo. Sanidad, educación y ayuda a domicilio son los tres sectores estudiados.
Agresiones físicas, amenazas, insultos y situaciones de acoso forman parte de la realidad laboral que denuncia una parte muy elevada de los trabajadores de los servicios públicos esenciales de la Comunitat Valenciana.
Un estudio elaborado conjuntamente por la Universitat Jaume I (UJI) y UGT Servicios Públicos PV concluye que cuatro de cada cinco profesionales encuestados han sufrido algún episodio de violencia externa durante la última década.
Las consecuencias van mucho más allá del momento concreto de la agresión: cerca del 90% presenta cuadros de estrés y el 71,4% manifiesta sentir miedo o inseguridad durante el desempeño de sus funciones.
Sanidad, educación y ayuda a domicilio
La investigación analiza conjuntamente por primera vez tres ámbitos especialmente expuestos al contacto directo con usuarios: personal sanitario, educativo y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
El trabajo se ha elaborado a partir de encuestas a 279 profesionales y entrevistas con 39 informantes clave.
Entre las situaciones estudiadas aparecen agresiones, insultos, amenazas y acoso procedentes de pacientes, alumnos, familiares y usuarios de los diferentes servicios.
El 65% asegura que afecta a su salud mental
El impacto psicológico constituye uno de los datos más relevantes del estudio.
El 65% de las personas encuestadas considera que los episodios de violencia han afectado directamente a su salud mental.
Además, un 64,3% afirma haber perdido motivación y un 62,1% presenta alteraciones del sueño.
A ello se añade que aproximadamente la mitad de la plantilla encuestada relaciona estas experiencias con periodos de baja laboral.
Tres de cada cuatro creen que prácticamente no están protegidos
El estudio refleja también una percepción muy negativa sobre las medidas adoptadas para proteger a los trabajadores.
El 75,9% considera que la protección real frente a la violencia externa es inexistente o mínima.
Un 69,8% califica las medidas preventivas como escasas o nulas y el 69,1% considera que el apoyo institucional recibido después de sufrir una agresión tampoco existe o resulta mínimo.
Un problema con especial impacto sobre las mujeres
La investigación introduce además la perspectiva de género debido a la elevada feminización de los tres sectores.
Las mujeres representan el 76,11% del personal sanitario, alrededor del 70% en educación y entre el 85% y el 90% de las plantillas de ayuda a domicilio.
Los datos muestran diferencias en la violencia psicológica.
Un 62,1% de las mujeres declara haberla sufrido frente al 56,5% de los hombres.
Los investigadores señalan que no solo cambia la frecuencia, sino también la forma en que puede ejercerse la violencia dependiendo de si el profesional es hombre o mujer.
¿Por qué se producen las agresiones?
Las causas detectadas varían dependiendo del servicio.
En sanidad, el informe señala especialmente la saturación asistencial y las largas listas de espera.
En educación, apunta a la erosión de la autoridad del profesorado.
La situación presenta características diferentes en la ayuda a domicilio, donde los trabajadores pueden encontrarse solos dentro de una vivienda particular y sin apoyo inmediato ante una situación conflictiva.
A estos factores se añaden la sobrecarga laboral, el déficit de plantillas, la presión asistencial y educativa y la inseguridad de determinados espacios de trabajo.
UGT reclama más personal y trabajo en pareja
El sindicato considera que los resultados muestran un problema estructural y reclama reforzar las plantillas y modificar las políticas de prevención.
Entre las propuestas aparecen reducir ratios, aumentar personal, implantar el trabajo por parejas en servicios domiciliarios considerados de riesgo y evaluar previamente los domicilios antes de comenzar la atención.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos PV, Maite Montaner, considera que los datos obligan a trasladar el foco desde el trabajador hacia la organización del sistema.
Para el sindicato, si cuatro de cada cinco profesionales han sufrido algún episodio de violencia, el problema ya no puede interpretarse como una sucesión de incidentes aislados, sino como un riesgo laboral que requiere medidas específicas de prevención y protección.
