CEOE y Cepyme consideran “inadmisible” el paro de 24 horas anunciado por CCOO y UGT y sostienen que pretende trasladar a las empresas el coste de unas reivindicaciones dirigidas fundamentalmente a las administraciones. La proximidad de las elecciones del 29N añade un nuevo elemento al enfrentamiento.
La futura huelga general de 24 horas por la vivienda y unos salarios dignos ha abierto un duro enfrentamiento entre los principales sindicatos y las organizaciones empresariales.
CEOE y Cepyme han rechazado la convocatoria anunciada por CCOO y UGT y han puesto incluso en duda su “encaje jurídico”, al considerar que las principales reclamaciones planteadas no corresponden a las empresas sino a los poderes públicos.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha elevado el tono y sostiene que el paro tiene un “claro componente político y electoral”, además de plantear que podría llegar a ser ilegal.
La patronal: la vivienda depende de las administraciones
El principal argumento de CEOE y Cepyme es que buena parte de las reivindicaciones que motivan la protesta exigen cambios legislativos y presupuestarios en materia de vivienda.
La construcción de vivienda pública, la regulación del mercado o determinadas modificaciones legales dependen de las administraciones y no de las empresas.
Por ello, las organizaciones empresariales consideran que estas demandas “no son, en esencia, de naturaleza laboral”.
La patronal rechaza que una protesta dirigida fundamentalmente contra la política de vivienda termine repercutiendo económicamente sobre empresas y trabajadores mediante una paralización general de la actividad.
Garamendi cuestiona que pueda convocarse como huelga laboral
El presidente de CEOE ha ido más allá al poner en duda la propia cobertura jurídica del paro.
Garamendi sostiene que la huelga como instrumento constitucional está vinculada a la defensa de intereses laborales y considera que el objetivo anunciado por los sindicatos se dirige principalmente contra decisiones del Gobierno.
De ahí que haya planteado públicamente que podría existir un problema de legalidad.
No obstante, se trata de la posición jurídica defendida por la patronal. Que CEOE cuestione la convocatoria no convierte automáticamente la huelga en ilegal, una cuestión que dependería de las características definitivas del paro y, en caso de controversia, de la interpretación de los tribunales.
Las elecciones del 29N entran en el conflicto
Hay además un elemento que no existía cuando comenzaron las grandes movilizaciones por la vivienda: España se encuentra ya en periodo electoral.
Las elecciones generales están convocadas para el 29 de noviembre.
CEOE y Cepyme consideran difícilmente justificable utilizar una paralización de la actividad económica como medida de presión en plena carrera electoral.
Para Garamendi, la convocatoria tiene un evidente componente político al producirse pocas semanas antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.
«Parece que la culpa vuelve a ser de los empresarios»
Garamendi reconoce la existencia de un grave problema de acceso a la vivienda, pero rechaza que se responsabilice de él al tejido empresarial.
El presidente de CEOE recuerda que la crisis residencial lleva años desarrollándose y señala especialmente la falta de oferta de vivienda.
Su crítica se dirige también hacia la actuación de las administraciones durante los últimos años.
En su opinión, después de años sin resolver suficientemente el problema, las consecuencias de la protesta vuelven a trasladarse ahora sobre las empresas.
CCOO y UGT vinculan vivienda y salarios
Los sindicatos parten de un planteamiento diferente.
CCOO y UGT consideran que el precio de la vivienda se ha convertido en un problema directamente relacionado con las condiciones laborales, porque determina qué parte del salario deben destinar los trabajadores a pagar un alquiler o una hipoteca.
La convocatoria combina precisamente las reclamaciones residenciales con reivindicaciones salariales.
Los sindicatos reclaman salarios suficientes para afrontar el coste de la vivienda, un parque público protegido y permanente, límites a los alquileres y una aplicación efectiva de la legislación existente.
Una huelga todavía sin fecha
El paro anunciado tendrá una duración de 24 horas y se celebrará durante este otoño, aunque todavía no se ha fijado el día.
CCOO y UGT pretenden acordar la fecha con organizaciones sociales y movimientos por la vivienda, además de completar los correspondientes procesos internos de ratificación.
La discusión, por tanto, acaba de empezar.
La crisis de la vivienda, que primero llevó las protestas a las calles y después al Congreso, abre ahora un tercer frente: el choque entre sindicatos y empresarios sobre si el problema puede justificar una huelga general.
