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El incidente dejó cinco bajas laborales e afectó a más de una treintena de profesionales con síntomas como mareos, náuseas y dificultad respiratoria.
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La autoridad laboral propone un recargo del 30 % en las prestaciones de los trabajadores lesionados e impone un plazo de tres meses a la dirección para corregir la gestión de residuos peligrosos.
VALÉNCIA — La Inspección de Trabajo ha dictaminado la existencia de una grave falta de medidas de seguridad general en el Consorcio Hospital General Universitario de Valéncia (CHGUV) a raíz del accidente químico registrado el pasado mes de marzo. La investigación, motivada por la denuncia de los delegados de prevención del Comité de Empresa, concluye relacionando de forma directa las deficiencias organizativas y de protección con los daños sufridos por el personal, proponiendo un recargo del 30 % en las prestaciones correspondientes a cinco trabajadores que causaron baja médica.
Reactivos de hace diez años almacenados sin control
El suceso se originó cuando una caja de cartón con reactivos obsoletos cayó en la zona de montacargas del servicio de Anatomía Patológica. Según recoge el informe interno del propio departamento, el material se encontraba almacenado indebidamente sobre unos armarios de seguridad y contenía productos químicos con al menos una década de antigüedad.
El derrame de las sustancias químicas generó un intenso olor que obligó a movilizar de urgencia al personal de laboratorio y de limpieza. La propagación de los vapores fue tal que alcanzó áreas asistenciales de alta sensibilidad, obligando al personal de la Unidad de Críticos a alertar inmediatamente al servicio de prevención de riesgos.
Entre las sustancias derramadas se identificaron productos de elevada toxicidad como fenol en cristales, ácido fosfotúngstico, hematoxilina de Harris, fucsina ácida, azul de anilina y una solución de ácido acético. Los informes técnicos destacan especialmente la peligrosidad del fenol, un compuesto tóxico por inhalación y contacto cutáneo, con capacidad para producir quemaduras químicas y lesiones oculares de gran gravedad.
Más de 30 profesionales afectados
A consecuencia de la exposición a los gases tóxicos, la representación sindical denunció que más de 30 profesionales de Anatomía Patológica y del área de Reanimación resultaron afectados. Los trabajadores presentaron cuadros sintomáticos que incluyeron mareos, dolores de cabeza, irritación de mucosas, náuseas y dificultades respiratorias.
Ante la gravedad del escenario, los delegados de prevención reclamaron mediciones ambientales urgentes, evaluaciones médicas exhaustivas para todo el personal expuesto y la apertura de un expediente de investigación.
Plazo de tres meses para subsanar deficiencias
Tras inspeccionar las instalaciones e investigar la documentación junto a un informe técnico del INVASSAT, la Inspección de Trabajo determinó que los daños en la salud de la plantilla derivaron de la falta de medidas preventivas y de protección adecuadas.
Como consecuencia, el organismo laboral ha otorgado a la dirección del CHGUV un plazo improrrogable de tres meses para acometer medidas correctoras urgentes. Entre las exigencias destacan:
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Mejorar la gestión y el almacenamiento de los residuos químicos.
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Implantar un protocolo claro de respuesta y actuación ante derrames.
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Profundizar en la investigación técnica del accidente.
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Reforzar la evaluación de riesgos laborales y la coordinación con las empresas externas.
Exigencia de responsabilidades sindicales
Por su parte, el Comité de Empresa del Consorcio Hospital General Universitario de Valéncia ha criticado duramente la gestión directiva, señalando que el accidente pone de relieve carencias preventivas severas que requieren explicaciones inmediatas.
Los representantes sindicales han exigido conocer qué actuaciones se llevaron a cabo frente a las advertencias transmitidas de forma previa al accidente, reclamando la depuración de responsabilidades, la asignación de recursos suficientes y el establecimiento de plazos verificables. El Comité ha anunciado que mantendrá un seguimiento estrecho de la ejecución de las medidas impuestas para garantizar que la respuesta institucional se traduzca en cambios efectivos que protejan a la plantilla y eviten futuros incidentes.
