MADRID. — La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír contra la actual secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente. La resolución judicial acuerda investigar a la alta funcionaria y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, por un presunto delito de prevaricación administrativa en la aplicación e interpretación de la denominada «Ley de Nietos».
Según se recoge en el auto judicial, los hechos relatados por la querellante presentan indicios que «hacen presumir la posible existencia de delito». La jueza instruidora ha requerido formalmente a Hazte Oír el depósito de una fianza de 1.000 euros para formalizar su personación en el proceso como acusación popular.
La controversia: una instrucción administrativa cuestionada
El centro de las pesquisas judiciales radica en la instrucción dictada el 25 de octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública —órgano que en ese momento encabezaba Sofía Puente— para desplegar la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática.
La acusación sostiene que Puente dictó directrices que excedieron los márgenes fijados por el Poder Legislativo, abriendo el acceso a la nacionalidad española a descendientes de emigrados —incluyendo en determinados supuestos a bisnietos y tataranietos— sin exigir la acreditación individualizada de haber sufrido persecución o exilio político.
Líneas clave de la querella:
Extensión de supuestos: Hazte Oír argumenta que la instrucción de 2022 «reescribió» la norma aprobada en las Cortes Generales al suprimir o flexibilizar el requisito del presupuesto directo del exilio.
Repercusión en el censo: La querella reclama investigar las circulares remitidas a la red consular, el número total de expedientes concedidos y el posible impacto de estas nacionalizaciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
La postura de la Fiscalía y el recorrido penal
La decisión de la jueza se produce en contra del criterio expuesto por la Fiscalía Provincial de Madrid. El Ministerio Público solicitó la inadmisión y el archivo de las actuaciones alegando la existencia de «cosa juzgada», al considerar que los términos de esa misma instrucción ya habían sido examinados y sobreseídos en procedimientos previos.
No obstante, la magistrada ha optado por incoar diligencias previas para esclarecer las circunstancias del proceso de elaboración de dicha directriz administrativa y resolver la procedencia de las medidas de prueba solicitadas por las partes.
