VALENCIA — Han pasado exactamente veinticuatro meses desde aquel fatídico día en que la riuà y la barrancà arrasaron con todo a su paso, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la Comunitat Valenciana. Dos años después del desastre que segó la vida de 233 personas, el paisaje de l’Horta Sur y de un centenar de poblaciones afectadas sigue siendo el testimonio desgarrador de una tragedia amplificada por la incompetencia institucional. Lo que debía ser un proceso modélico de recuperación, solidaridad y modernización preventiva se ha transformado, en la práctica, en un lodazal político donde la desidia, la descoordinación y el sectarismo han terminado por sepultar las esperanzas de miles de ciudadanos.
La magnitud de los daños materiales en aquel entonces desafiaba cualquier cálculo racional: 135.000 vehículos afectados de manera directa, más de 65.000 viviendas gravemente dañadas y un centenar de municipios golpeados por una fuerza hídrica sin precedentes en las últimas décadas. Sin embargo, el verdadero azote de los valencianos durante este bienio no ha sido solo el lodo acumulado, sino el fango de la política partidista. Lejos de actuar con la altura de miras que exigía una emergencia humanitaria de proporciones históricas, cada administración se ha retrincherado en su propia trinchera ideológica, haciendo de la inoperancia y de la falta absoluta de coordinación una constante insoportable.
El espejismo de las ayudas y el truco de magia fiscal del Estado
El balance económico de la reconstrucción evidencia una brecha insostenible entre los anuncios grandilocuentes de los despachos y la cruda realidad de la calle. Si bien las ayudas de la Generalitat Valenciana han ido llegando de manera progresiva —con nuevas ampliaciones destinadas a paliar los agujeros del sistema—, la respuesta del Gobierno central cojea trágicamente a medio gas. De los 16.600 millones de euros solemnemente prometidos por el Ejecutivo estatal, la letra pequeña revela una jugada financiera tan opaca como irritante: cerca de 8.000 millones no han salido de las arcas públicas del Estado, sino directamente del bolsillo de los propios contribuyentes españoles a través del Consorcio de Compensación de Seguros. Dicho de otro modo, el Gobierno se colgó medallas con un dinero que los ciudadanos ya habían pagado religiosamente mediante sus pólizas privadas.
Las consecuencias de esta cicatería presupuestaria saltan a la vista en cada rincón de la zona cero. A día de hoy, todavía quedan centenares de vehículos «desaparecidos», tragados por la tierra y sepultados bajo toneladas de sedimentos que nadie ha retirado. Miles de hectáreas de suelo agrícola siguen pendientes de una limpieza integral que nunca llega. En l’Horta Sur, cerca de 300 ascensores continúan fuera de servicio, inhabilitados por la corrosión y el barro reseco, condenando a miles de vecinos al encierro forzoso en sus propias casas y privando a decenas de personas con movilidad reducida de cualquier atisbo de vida autónoma y digna.
La red de alcantarillado, colapsada y destruida, sigue presentando deficiencias alarmantes. Aunque la Diputació de Valéncia intenta maquillar la situación con parches y obras constantes, el ritmo desespera a una población que percibe con claridad el abandono sistemático de las instituciones. Las administraciones actúan con la lentitud burocrática de quien no tiene prisa, mientras los valencianos conviven a diario con las secuelas de un sistema público que parece haberlos olvidado.
Prevención nula: urbanismo suicida y obras metidas en un cajón
Pero lo más alarmante, lo verdaderamente imperdonable a dos años vista, es la constatación de que no se ha aprendido absolutamente nada. Los proyectos vitales para el control de avenidas, como las infraestructuras en el Barranco del Poyo y La Saleta —que el Ministerio para la Transición Ecológica fraccionó en ocho expedientes y condenó al ostracismo en un cajón—, siguen sin ver la luz. La única excepción son actuaciones tan dudosas como la de La Saleta conectada con la ampliación Sur del Turia, que genera más interrogantes técnicos que soluciones reales.
La supuesta «reconstrucción» se ha limitado a levantar de nuevo los puentes derruidos y a consolidar de manera precaria los taludes de ríos y barrancos. Ni rastro de balsas de laminación eficaces, ni de muros de contención de envergadura, ni de un rediseño territorial valiente que proteja de verdad a la ciudadanía. La prueba más flagrante de esta negligencia criminal se puede observar hoy mismo en el propio Barranco del Poyo, entre Catarroja y Albal —allí donde el agua alcanzó los 4,5 metros de altura destructiva—: se está finalizando la construcción de un nuevo bloque de viviendas residenciales situado peligrosamente al borde del cauce, con ventanales ubicados a escasos cuatro metros del nivel del suelo. Es la radiografía perfecta de un urbanismo suicida que desafía la lógica y la memoria histórica.
A esta desprotección estructural se suma un nuevo agravio de cariz expropiatorio. Bajo el pretexto del dominio público hidráulico, el Estado se ha apropiado de miles de hectáreas de huertas y campos de cultivo que el agua destruyó, arrebatándoselas a sus legítimos propietarios sin abonar un solo céntimo en concepto de justiprecio. Al más puro estilo de los regímenes bolivarianos, la administración central ha confiscado la propiedad privada de los agricultores valencianos integrándola en los nuevos márgenes de los barrancos, consumando un expolio silencioso que colma el vaso de la indignación rural.
Pánico inducido, fatiga institucional y la sombra de Paiporta
En el plano preventivo y de la seguridad ciudadana, la gestión se mueve entre el esperpento y la irresponsabilidad. La estrategia actual se reduce a enviar alertas masivas a los teléfonos móviles —los conocidos ES-Alert— incluso con veinticuatro horas de antelación y a decretar el cierre indiscriminado de colegios ante cualquier atisbo de lluvia moderada. Este alarmismo constante, desprovisto de una verdadera educación y pedagogía del riesgo en las aulas, está generando un peligroso síndrome del lobo: los ciudadanos, sometidos a un estado de pánico artificial e intermitente, terminan normalizando el peligro y perdiendo la percepción real de la amenaza. Cuando llegue la próxima gran riuà, ni los protocolos improvisados ni una población hastiada estarán preparados para afrontarla con eficacia.
El descontento popular ha cristalizado en una profunda y lógica desafección hacia la clase política. Los valencianos asisten atónitos al espectáculo de unos dirigentes mediocres, incapaces de coordinarse, atrapados en la mezquindad del «y tú más» mientras 300.000 personas continúan residiendo en zonas de alto riesgo inundable solo en la provincia de Valéncia.
La herida sigue abierta y sangrando. Todavía resuena en el aire la ausencia clamorosa de un presidente del Gobierno que, dos años después, sigue sin atreverse a pisar Paiporta para rendir cuentas ante un pueblo al que dio la espalda. Para colmo de agravios, veinticinco municipios continúan completamente marginados de las ayudas estatales porque el Ejecutivo central, en su infinita negligencia, «olvidó» incluirlos en el decreto específico de la DANA. Entre el pan y el circo mediático, y unos políticos autonómicos y estatales entregados a sus propias agendas partidistas, la Comunitat Valenciana sobrevive como puede: levantada sobre sus propios escombros, pero abandonada a su suerte por quienes juraron protegerla.
