El SEPRONA encuentra 110 animales en condiciones higiénicas deficientes, atados y encerrados en espacios reducidos. La Policía Local alertó de la situación y la Guardia Civil ha detenido al hombre que los mantenía en la parcela.
Un rescate masivo que no ha conseguido salvar a todos los animales
La intervención de la Guardia Civil en una parcela rural de Buñol ha destapado un grave caso de presunto maltrato animal que ha terminado con la muerte de doce perros. Los animales formaban parte de un grupo de 110 ejemplares encontrados en unas instalaciones donde las condiciones de alojamiento, alimentación e higiene presentaban importantes deficiencias.
La operación fue desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, después de recibir una alerta de la Policía Local de Buñol.
Los hechos se remontan al 26 de octubre, cuando los agentes inspeccionaron una finca del término municipal y encontraron a los animales distribuidos entre una zona exterior de cobertizos y una construcción rústica cerrada.
Muchos estaban encadenados, mientras que otros permanecían encerrados en jaulas de dimensiones reducidas. Las instalaciones acumulaban restos orgánicos y suciedad, y los perros carecían de acceso a agua y comida en las condiciones observadas durante la inspección.
La gravedad de la situación llevó a intervenir la totalidad de los animales y organizar su traslado a un centro de protección.
Sin embargo, los cuidados posteriores no fueron suficientes para salvar a todos los ejemplares. Doce murieron como consecuencia de las secuelas relacionadas con el estado en el que habían sido encontrados.
La Policía Local dio la voz de alarma
La investigación comenzó cuando la Policía Local de Buñol advirtió de la presencia de numerosos perros que aparentemente se encontraban en malas condiciones.
El aviso permitió activar la intervención de los agentes especializados en protección de la naturaleza.
El 26 de octubre, la Guardia Civil se desplazó hasta la finca para realizar una inspección.
La situación encontrada confirmó la necesidad de actuar.
En el recinto había 110 perros, una cantidad considerable de animales que requerían alimentación, agua, espacio suficiente, limpieza y atención veterinaria.
La inspección permitió comprobar que las condiciones higiénicas y sanitarias eran deficientes.
Los agentes observaron además restricciones importantes para la movilidad y el descanso de los perros.
Estas circunstancias motivaron la intervención de todos los ejemplares y la apertura de una investigación penal.
Dos espacios diferentes, las mismas condiciones deficientes
La parcela estaba dividida en dos zonas principales.
La primera era un espacio exterior donde se encontraba aproximadamente la mitad de los perros.
Los animales permanecían atados en pequeños cobertizos que, según la descripción de la Guardia Civil, eran muy precarios.
La segunda zona correspondía a una construcción rústica cerrada de aproximadamente 85 metros cuadrados.
En su interior se encontraba el resto de los perros.
Algunos estaban sujetos mediante cadenas cortas y otros encerrados en jaulas pequeñas.
La superficie disponible y las condiciones de alojamiento limitaban de manera considerable sus movimientos.
La falta de espacio adecuado también dificultaba que pudieran descansar con normalidad.
La situación resultaba especialmente preocupante por la acumulación de animales y la ausencia de unas condiciones mínimas de mantenimiento e higiene.
Sin acceso a agua y alimentos
Entre las deficiencias detectadas destaca la falta de acceso a agua y comida.
La disponibilidad de agua es esencial para la salud de cualquier animal, especialmente cuando permanece en instalaciones exteriores o en recintos donde no puede desplazarse libremente.
La alimentación inadecuada puede producir problemas nutricionales y agravar enfermedades existentes.
La combinación de ambas circunstancias con la falta de higiene puede deteriorar rápidamente el estado de salud de los perros.
La Guardia Civil comunicó que los ejemplares se encontraban en un estado sanitario deficiente.
No se ha difundido una relación individualizada de diagnósticos veterinarios, por lo que no es posible determinar qué lesiones o enfermedades presentaba cada perro.
El balance oficial sí establece que las secuelas derivadas de las condiciones de alojamiento contribuyeron a la muerte de doce de ellos.
El traslado de 110 animales, una operación compleja
La retirada de más de un centenar de perros requiere una organización especialmente cuidadosa.
Los animales pueden presentar miedo, estrés, lesiones o dificultades físicas que complican su manejo.
Además, cuando permanecen concentrados en instalaciones deficientes, es necesario evitar que las operaciones de rescate provoquen nuevas situaciones de riesgo.
En Buñol, la Guardia Civil contó con la colaboración directa de la Policía Local.
Los agentes municipales participaron en las labores de contención, sujeción y estabilización de los animales.
El objetivo era facilitar un traslado seguro hacia un centro donde pudieran recibir la atención necesaria.
La totalidad de los perros fue intervenida.
La actuación permitió sacarlos de las instalaciones investigadas y ponerlos bajo cuidado de profesionales y responsables de protección animal.
Doce perros fallecen a pesar de recibir atención
La consecuencia más grave conocida hasta el momento es la muerte de doce animales.
Según la Guardia Civil, los perros no lograron superar las secuelas relacionadas con las condiciones en las que habían permanecido.
La cifra representa aproximadamente el 10,9 % del total de ejemplares intervenidos.
Los otros 98 perros no figuran como fallecidos en el balance comunicado el 6 de noviembre.
Sin embargo, esto no significa que todos se encuentren completamente recuperados.
No se ha hecho público un informe veterinario individual de los supervivientes ni un balance detallado de su evolución sanitaria.
La recuperación de animales procedentes de situaciones de hacinamiento puede requerir cuidados, vigilancia, alimentación adaptada y seguimiento profesional.
La prioridad es garantizar su bienestar y determinar las necesidades de cada ejemplar.
Un hombre de 50 años, detenido por maltrato animal
La investigación ha derivado en la detención de un hombre de 50 años y nacionalidad española, relacionado con el mantenimiento de los perros en la parcela.
Los agentes le atribuyen un presunto delito de maltrato animal.
La detención constituye una actuación policial dentro de un procedimiento penal, pero no supone una condena.
Corresponderá a la autoridad judicial determinar las responsabilidades a partir de las pruebas reunidas, los informes veterinarios y el resto de las diligencias.
La existencia de doce animales fallecidos puede resultar relevante para la investigación, aunque la calificación jurídica definitiva deberá establecerse conforme a las circunstancias acreditadas.
La legislación penal española contempla distintas consecuencias para los delitos contra los animales, dependiendo de la conducta y del resultado producido.
Una escopeta del calibre 12 en el interior de la nave
Durante la inspección también se localizó una escopeta del calibre 12.
Según la información comunicada, el arma no reunía las condiciones reglamentarias de seguridad.
Este hallazgo se incorporó a las actuaciones policiales.
No obstante, la nota no detalla si el arma estaba cargada, cuál era su situación documental ni si se ha formulado una acusación penal específica relacionada con su tenencia.
Por ese motivo, no debe afirmarse que exista un segundo delito confirmado únicamente por la localización de la escopeta.
Las posibles responsabilidades dependerán de las comprobaciones administrativas y judiciales correspondientes.
El Ayuntamiento de Buñol asume los gastos
La intervención de tantos animales tiene también una dimensión económica y administrativa.
El Ayuntamiento de Buñol se ha hecho cargo de los gastos generados por los perros intervenidos, según ha confirmado la Guardia Civil.
La atención de los animales puede implicar transporte, alojamiento, alimentación y asistencia veterinaria.
Sin embargo, no se ha comunicado públicamente el importe total asumido por el consistorio.
Tampoco existe un desglose que permita conocer el coste por animal o la duración prevista del cuidado.
La participación municipal ha sido fundamental tanto en la detección inicial como en la organización del rescate.
La colaboración entre administraciones ha permitido retirar a todos los perros de la finca.
La investigación queda en manos de un juzgado de Requena
Las diligencias han sido desarrolladas por la Patrulla del SEPRONA de Utiel.
Una vez finalizadas las actuaciones iniciales, la documentación se ha remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena, plaza número 1.
Este órgano deberá continuar la tramitación judicial correspondiente.
La investigación puede incorporar informes veterinarios, documentación sobre las instalaciones y las declaraciones que resulten relevantes.
Por el momento no se ha comunicado una fecha de juicio ni una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del detenido.
El maltrato animal también afecta al entorno rural
El caso de Buñol vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de supervisar las condiciones en las que se mantienen grandes grupos de animales.
Las instalaciones situadas en parcelas rurales no quedan al margen de las obligaciones legales de protección y bienestar.
Los responsables de los animales deben garantizar condiciones adecuadas de alimentación, hidratación, alojamiento y atención.
La acumulación de numerosos ejemplares puede exigir recursos y cuidados especialmente importantes.
La ausencia de instalaciones adecuadas puede provocar problemas sanitarios y situaciones de sufrimiento.
La intervención temprana resulta fundamental para evitar que estas condiciones se prolonguen.
La colaboración ciudadana puede ser decisiva
El caso demuestra la importancia de comunicar a las autoridades las situaciones que puedan indicar abandono o maltrato.
Los vecinos que detecten animales aparentemente desatendidos, encerrados en condiciones deficientes o con lesiones visibles pueden informar a los organismos competentes.
La Policía Local y el SEPRONA cuentan con funciones de intervención en este ámbito.
Es importante facilitar datos objetivos sobre los hechos observados y evitar actuaciones particulares que puedan poner en peligro a los animales o interferir en una investigación.
La información recibida debe ser comprobada por las autoridades.
En Buñol, la alerta inicial permitió localizar a los 110 perros y activar el rescate.
Una intervención que termina con doce vidas perdidas
La retirada de todos los perros ha permitido poner fin a las condiciones de alojamiento detectadas en la finca.
Sin embargo, la muerte de doce ejemplares muestra la gravedad del estado en el que se encontraban.
El balance deja también importantes preguntas pendientes.
Todavía no se conoce públicamente la evolución individual de los 98 perros restantes, la valoración económica de los gastos ni el resultado definitivo del procedimiento judicial.
La investigación continuará bajo la supervisión del órgano judicial competente.
Mientras tanto, el caso evidencia la importancia de la vigilancia de las instalaciones donde se mantienen animales y de la cooperación entre administraciones para actuar cuando se detectan situaciones de riesgo.
