VALENCIA — La reciente decisión del Ayuntamiento de Valéncia de personarse como parte afectada en la causa judicial abierta tras el incendio registrado el pasado 24 de septiembre en el sótano del emblemático Mercado Central ha encendido todas las alarmas políticas y sociales. Mientras el consistorio defiende públicamente una postura de firmeza jurídica para salvaguardar el patrimonio municipal, un análisis detallado de los hechos destapa un escenario turbio repleto de contradicciones oficiales, incoherencias en la versión institucional y un evidente abandono político acumulado durante casi una década.
La apertura de diligencias por parte de un juzgado de instrucción de la capital del Turia busca esclarecer las causas de un fuego que se originó en la zona de aparcamiento y sótano de esta joya del modernismo arquitectónico valenciano. Aunque los primeros indicios apuntaron de forma ligera a un cortocircuito fortuito en un cuadro eléctrico, los informes definitivos y los peritajes técnicos independientes deberán dictaminar si nos encontramos ante un accidente o ante una negligencia evitable.
Una defensa municipal que llega tarde y genera sospechas
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el portavoz del equipo de gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, enfatizó la obligación categórica del consistorio de velar por los bienes públicos. Subrayó que el ejecutivo local no descarta emprender acciones legales, incluidas vías penales, si de la instrucción se desprenden responsabilidades de terceros.
Sin embargo, este movimiento procesal —que busca garantizar el acceso directo al sumario y la supervisión de las periciales— contrasta dolorosamente con la inacción institucional previa. Resulta profundamente llamativo que, tras permanecer cerca de un mes desentendiéndose por completo del suceso, el Ayuntamiento muestre ahora un repentino celo protector en cuanto la vía judicial se judicializa. Diversos colectivos y voces críticas recuerdan que este monumento histórico ha permanecido prácticamente abandonado a su suerte durante casi diez años, un período en el que se han sucedidos distintos colores políticos en el gobierno local, desde la coalición de Compromís y PSPV hasta el actual executivo de PP y Vox, sin que se acometieran las inversiones estructurales y de seguridad que un edificio de semejante categoría patrimonial requiere.
Contradicciones y versiones oficiales opuestas sobre el herido
El aspecto más inquietante de la gestión municipal radica en las notables contradicciones en torno a la única persona herida durante el siniestro. Mientras que la versión oficial sostenía e insistía en que el afectado hospitalizado por intoxicación de humo era un vigilante de seguridad del aparcamiento subterráneo, las fuentes directas del propio Mercado Central desmienten rotundamente esta versión.
Según los testimonios recabados entre los trabajadores, el herido real es un operario de mantenimiento que, casualmente, se encontraba en el exacto lugar de origen del fuego apenas unos minutos antes de que se declararan las llamas. La discrepancia no es menor: la gerencia del mercado había solucionado un problema eléctrico previo esa misma mañana, restableciendo la luz en varios puestos tras cambiar un supuesto fusible. La persona encargada de realizar dicha intervención de mantenimiento sería la misma que posteriormente resultó intoxicada por la inhalación de los gases tóxicos.
Este baile de identidades y roles —hacer pasar a un operario de mantenimiento por un guarda de seguridad— alimenta un clima de profunda desconfianza. ¿Por qué se construye un relato paralelo? ¿A quién beneficia difuminar la autoría y la naturaleza de las tareas técnicas previas realizadas en las entrañas del edificio? Para muchos sectores críticos, alguien en el entramado municipal o de la gestión del mercado parece estar ocultando pruebas o intentando desviar la atención sobre el estado real de las instalaciones eléctricas.
El desamparo de los comerciantes y la sombra de la duda
Mientras las instituciones cruzan declaraciones y preparan sus estrategias legales para proteger el patrimonio de ladrillo y piedra, los verdaderos damnificados del día a día siguen sufriendo las consecuencias económicas del incendio. Los vendedores de los puestos afectados continúan a la espera de respuestas claras sobre dónde y cómo reclamar los lucro cesantes de unos espacios comerciales que tardaron más de una semana en retomar la normalidad. Asimismo, persiste la indignación por las pérdidas sufridas en el género perecedero y el material de unos congeladores que permanecieron más de veinticuatro horas completamente desconectados y sin suministro eléctrico.
En definitiva, la personación del Ayuntamiento en la causa judicial adquiere matices de maniobra de cobertura preventiva. Ante la posibilidad de que el incendio del Mercado Central no fuera tan fortuito ni imprevisible como se vendió en los primeros compases de la crisis, el consistorio parece buscar un escudo legal que le permita capear un temporal de responsabilidades políticas y técnicas acumuladas durante años de dejadez.
