La licitación conjunta de las casetas 5 y 7 para uso de floristería arranca por 1.244,10 euros, pero el litigio heredado de la desahucio del anterior concesionario amenaza con salpicar la adjudicación.
VALÉNCIA — El Ayuntamiento de Valéncia ha abierto el plazo ordinario de la nueva subasta para la concesión de puestos en los mercados municipales. Entre las plazas licitadas destaca un espacio exterior situado en la entrada principal del Mercat Central, reservado de forma exclusiva a la venta de flores y plantas. Se trata del único punto del recinto destinado a esta actividad, comercializado bajo un lote único que unifica las casetas 5 y 7 con un precio de salida de 1.244,10 euros. Las solicitudes para participar pueden presentarse hasta el próximo 20 de noviembre.
Sin embargo, detrás del anuncio oficial y del reducido precio de salida se extiende una compleja sombra judicial que genera recelos entre los posibles licitadores.
Un conflicto judicial arrastrado desde hace una década
El origen de la controversia se remonta a diez años atrás, cuando el equipo de gobierno de Joan Ribó le quitó la concesión del espacio a la antigua taberna española que regentaba dichas casetas, una decisión muniicpal bajo la sospecha de la prevaricación. Aquella decisión derivó en un conflicto judicial con múltiples demandas interpuestas por el antiguo concesionario en defensa de sus trabajadoras y de sus intereses.
El horizonte procesal afronta un hito inminente: el próximo 15 de diciembre se celebrará la vista oral por una de las demandas interpuestas contra la decisión municipal. La acusación sostiene que los motivos que en su día motivaron la retirada del puesto no han podido ser acreditados formalmente con el paso del tiempo, además que la medida fue la más extrema contemplada sin pasar anteriormente tal y como dicta la normativa por otras medidas anteriores menos lesivas para el concesionario, lo que aduce el demandante como persecución en toda regla y posible prevaricación para perjudicar a una mercantil por cuestiones ideológicas.
Esta situación abre un escenario de vulnerabilidad para el futuro adjudicatario. En el caso de que los tribunales fallen a favor del demandante y dictaminen la restitución de los derechos al antiguo titular, el nuevo concesionario podría verse envuelto en la paradoja de tener que devolver las instalaciones tras haber ganado la subasta.
Reformas polémicas y enseres desaparecidos
Al contencioso administrativo se suma la investigación judicial en curso sobre el destino del equipamiento extraído tras el desalojo. En su momento, las casetas sufrieron una reforma con un presupuesto superior a dedo adjudicado en los últimos días del mandato del concejal anterior por 60.000 euros y ejecutado por el actual concejal, una intervención que terminó reduciendo la superficie útil de los puestos y un gasto excesivo e inutil.
Paralelamente, los juzgados investigan la gestión del material que el consistorio catalogó como propiedad municipal —valorado en más de 50.000 euros—. El mobiliario y las cocinas fueron desmontados y despiezados para su traslado a los sótanos del Mercado de Castilla. Durante el proceso desaparecieron la caja registradora y un ordenador que albergaba datos personales sensibles.
En sede judicial, el propio concejal Santiago Ballester admitió que parte de dicho material resultaba irrecuperable al haberse deteriorado, destrozado o sustraído durante su almacenaje.
Cierre de mandato bajo incertidumbre
La decisión de convocar la licitación a las puertas de finalizar el mandato y a escasos días de la vista judicial del 15 de diciembre ha generado perplejidad en el ámbito del mercado. Diversas voces cuestionan la oportunidad de dejar zanjada la concesión cuando la justicia podría revertir las decisiones pasadas y desencadenar un nuevo frente de reclamaciones económicas y daños para el Ayuntamiento y para los nuevos adjudicatarios.
Una polémica decisión por parte del concejal de Fallas, pirotecnia, batalla de flores, mercados y comercio, responsable de MercaValencia y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester que puede provocar más conflictos judiciales a corto y medio plazo y problemas al Consistorio Municipal de Catalá que deberemos pagar todos los valencianos.
¿Una decisión caprichosa o una puya personal contra el concesionario por las múltiples demandas que nos puede salir muy caro a los valencianos?
