Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han requerido este jueves los expedientes de contratación y fiscalización de los dispositivos telemáticos de control de agresores machistas, adjudicados en 2023 con fondos Next Generation.
MADRID. La gestión de los sistemas electrónicos de protección para víctimas de violencia de género ha dado este jueves un giro judicial de alcance comunitario. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado a lo largo de la mañana tanto en la sede del Ministerio de Igualdad como en la del Tribunal de Cuentas, en Madrid, siguiendo una orden directa de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés). El objetivo de la operación policial consiste en recabar toda la documentación relativa a la compra, adjudicación y fiscalización de las denominadas «pulseras antimaltrato» ante la sospecha de un presunto delito de fraude que habría perjudicado a los intereses financieros de la Unión Europea.
La diligencia, que coincide en el tiempo con la presentación institucional de la campaña del Ministerio con motivo del próximo 25 de noviembre —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer—, forma parte de una instrucción abierta de manera reservada por el órgano judicial comunitario en 2025. Desde su sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea ha confirmado el despliegue de estas medidas de investigación sobre el terreno con el respaldo operativo de la Guardia Civil, aunque ha declinado ofrecer detalles adicionales sobre el estado procesal de las actuaciones para no comprometer el éxito de unas pesquisas que permanecen parcialmente bajo secreto.
El foco en el contrato de 2023 y los fondos Next Generation
El epicentro de la investigación comunitaria se sitúa en la licitación adjudicada en noviembre de 2023, durante la recta final del mandato de Irene Montero al frente de la cartera de Igualdad. En aquel momento, el departamento ministerial decidió prescindir de los anteriores proveedores del servicio —la unión temporal conformada por Telefónica y Securitas— para adjudicar el contrato del sistema Cometa a Vodafone.
La operación alcanzó un importe global de 42,6 millones de euros destinados a la adquisición y gestión de un total de 22.800 dispositivos electrónicos (que engloban tanto las pulseras o tobilleras de control para los agresores como los terminales móviles asignados a las víctimas y a los propios maltratadores). De esa cuantía total, 4,6 millones de euros fueron sufragados directamente con cargo a los fondos europeos de recuperación Next Generation.
Según ha trascendido de las actuaciones, los fiscales europeos tratan de esclarecer no solo la ejecución material del contrato y las razones por las que se recurrió por primera vez a la financiación comunitaria para adquirir este equipamiento, sino también si el destino de los recursos públicos europeos cumplió estrictamente con los criterios de eficacia, legalidad y control exigidos por Bruselas.
De los fallos técnicos a la intervención judicial
La investigación de la Fiscalía Europea hunde sus raíces en la grave crisis operativa que sufrieron los dispositivos de seguimiento telemático tras el cambio de empresa adjudicataria ejecutado el 6 de noviembre de 2023. El proceso de migración de datos entre las plataformas tecnológicas de Telefónica y Vodafone provocó una pérdida masiva de información y fallos técnicos generalizados que se prolongaron, al menos, hasta marzo de 2024.
La magnitud del problema salió a la luz pública a raíz de la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2024. En dicho documento, el Ministerio Público español alertó de una situación de «potencial desprotección» para cientos de mujeres con órdenes de alejamiento en vigor. Entre las incidencias documentadas figuraban:
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Desaparición de historiales de geolocalización: La pérdida de los registros de movimientos de los agresores impidió aportar pruebas válidas en sede judicial.
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Consecuencias penales: La ausencia de acreditación técnica sobre los quebrantamientos de condena o de medidas cautelares desembocó en numerosos sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias en los juzgados de violencia sobre la mujer.
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Errores en tiempo real: Se detectaron congelaciones de coordenadas, caídas de cobertura en entornos rurales y fallos en la emisión de alertas cuando el agresor vulneraba el perímetro de seguridad establecido respecto a la víctima.
A raíz de estas disfunciones, en noviembre de 2025 la Comisión Europea ya advirtió de que examinaría con lupa el funcionamiento del sistema. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, recordó entonces que el despliegue y correcto desempeño de estos dispositivos formaba parte de los hitos comprometidos por España en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vinculando su evaluación al desembolso de los tramos pendientes de los fondos comunitarios.
El papel del Tribunal de Cuentas y la reacción de Igualdad
De forma paralela a la entrada en el Ministerio de Igualdad, otra comisión de agentes de la UCO ha acudido a la sede del Tribunal de Cuentas. Allí han requerido el expediente completo y el informe de fiscalización aprobado el pasado 22 de septiembre de 2026. En dicho dictamen, el órgano fiscalizador analizó la contratación, ejecución y control del servicio de seguimiento telemático, llegando a corroborar la existencia de «graves deficiencias» en la supervisión del contrato y en el volcado de los datos durante la transición tecnológica.
Por su parte, desde el departamento que dirige la actual ministra Ana Redondo han tratado de rebajar la alarma institucional matizando que la actuación de la Guardia Civil «no ha sido un registro», sino un requerimiento formal de documentación. Fuentes ministeriales han subrayado que no es la primera vez que colaboran con la Fiscalía Europea en esta causa —ya entregaron información el pasado mes de marzo— y han asegurado desconocer los indicios concretos que sustentan la sospecha de fraude.
La propia ministra Redondo ha defendido que le «consta» que los fondos europeos se emplearon de manera adecuada y ha reiterado que su equipo mantiene una «colaboración absoluta» tanto con los investigadores de Luxemburgo como con los órganos fiscalizadores nacionales. Asimismo, desde Igualdad han vuelto a reivindicar la utilidad de un sistema que protege actualmente a más de 4.000 mujeres en toda España y han recordado que, tras detectar los fallos de 2023 y 2024, el Ejecutivo modificó los pliegos técnicos —sustituyendo incluso el formato de pulsera por tobilleras más seguras— para endurecer los controles sobre las empresas adjudicatarias.
