La Diputación negocia la compra del antiguo edificio bancario de San Fernando 40, que fue sede de la CAM y acogió instalaciones universitarias. El proyecto prevé una rehabilitación integral de hasta tres años, la conservación de los elementos protegidos y el traslado de las oficinas centrales.
Alicante prepara una importante operación inmobiliaria pública
La Diputación de Alicante ha puesto en marcha los preparativos para una operación inmobiliaria que podría cambiar la ubicación de uno de sus organismos públicos más importantes. Suma Gestión Tributaria pretende adquirir el edificio propiedad del Banco Sabadell en la calle San Fernando, número 40, con el objetivo de convertirlo en su nueva sede central.
La institución ha anunciado que tramitará una modificación presupuestaria por valor de 10,5 millones de euros para disponer de los fondos necesarios.
Sin embargo, la compra todavía depende de alcanzar un acuerdo con el banco y de superar los correspondientes trámites administrativos.
La decisión supondría recuperar para el uso institucional un inmueble emblemático del centro de Alicante, vinculado históricamente a la actividad bancaria y que también ha acogido instalaciones de la Universidad de Alicante.
El edificio dispone de aproximadamente 4.000 metros cuadrados y está sujeto a protección patrimonial.
Su transformación en sede tributaria exigiría una reforma integral, cuya duración estimada sería de entre dos y tres años.
El objetivo de la Diputación es reunir progresivamente servicios, mejorar la coordinación interna y disponer de espacios más adecuados para la atención institucional.
El edificio del Banco Sabadell, en San Fernando 40
El inmueble elegido se encuentra en una zona céntrica de Alicante, próxima a la Explanada de España y al entorno comercial y administrativo de la ciudad.
La finca es conocida por su pasado como sede de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, antes de quedar vinculada al Banco Sabadell.
Durante los últimos años también ha sido utilizada por la Universidad de Alicante.
La operación planteada por Suma supondría un nuevo cambio de uso de un edificio que ha desempeñado distintas funciones en la vida económica e institucional de la ciudad.
Su ubicación ofrece proximidad a otros servicios del centro urbano y permite plantear una sede central con mayor superficie que las actuales instalaciones de la Rambla.
No obstante, la transformación necesitaría un proyecto arquitectónico específico y las autorizaciones correspondientes por tratarse de un inmueble protegido.
La protección del edificio condicionará tanto el diseño como la ejecución de las obras.
Diez millones y medio para avanzar en la adquisición
La actuación presupuestaria inicial contempla incorporar remanentes por importe de 10,5 millones de euros.
Esa cantidad se destinaría a afrontar la compra y los gastos relacionados con la operación.
No debe confundirse con el coste total definitivo del proyecto.
La cifra anunciada no representa necesariamente el precio que finalmente se pagaría al Banco Sabadell y tampoco existe todavía un presupuesto cerrado y publicado de la rehabilitación integral.
El Consejo Rector de Suma tiene previsto abordar la modificación presupuestaria el lunes 16 de noviembre.
Posteriormente, el expediente deberá tramitarse ante la Comisión de Hacienda de la Diputación.
La institución también contempla celebrar un pleno extraordinario el 20 de noviembre para someter la operación presupuestaria a la aprobación correspondiente.
Estos pasos permitirían avanzar en la financiación, pero no sustituyen la formalización de la compraventa.
Para que el inmueble pase a ser propiedad de la institución será necesario completar la negociación y cumplir los procedimientos legales exigibles.
El proyecto necesitará entre dos y tres años de obras
Uno de los elementos más destacados del anuncio es la duración prevista de la futura rehabilitación.
Suma estima que los trabajos podrían prolongarse entre dos y tres años.
La intervención estaría orientada a adaptar el edificio a las necesidades de un organismo tributario que presta servicios a los municipios de la provincia.
El proyecto deberá combinar zonas administrativas, espacios de trabajo, instalaciones técnicas y áreas destinadas a actividades institucionales.
La Diputación también contempla incorporar un auditorio para jornadas, encuentros y formación.
La ejecución tendrá que respetar los elementos protegidos del inmueble, entre ellos la fachada, la escalera y el exterior.
Esto significa que la reforma no podrá plantearse como una transformación libre de toda la estructura arquitectónica.
Los trabajos deberán responder a los condicionantes de conservación y a los requisitos que establezcan los organismos competentes.
Además, la previsión de dos o tres años se refiere a una estimación inicial, no a un calendario de obra ya contratado.
Un edificio protegido que requiere una intervención cuidadosa
La protección arquitectónica de San Fernando 40 es una de las particularidades más importantes de la futura operación.
La institución provincial ha manifestado su intención de conservar la fachada, la escalera y los elementos exteriores protegidos.
El objetivo consiste en compatibilizar la preservación patrimonial con la instalación de servicios administrativos modernos.
Una rehabilitación de estas características puede implicar actuaciones relacionadas con accesibilidad, instalaciones eléctricas, climatización, distribución interior y seguridad.
Sin embargo, los detalles técnicos concretos todavía deberán definirse mediante el correspondiente proyecto.
La conservación de edificios históricos plantea el reto de adaptar construcciones antiguas a nuevas necesidades sin eliminar los elementos que justifican su protección.
En este caso, Suma pretende convertir ese patrimonio en un espacio de uso público.
La Diputación considera que la actuación permitiría recuperar y poner en valor una parte significativa de la arquitectura institucional alicantina.
¿Por qué quiere marcharse Suma de la Rambla?
Las actuales oficinas centrales del organismo se encuentran en la Rambla de Méndez Núñez.
Según la Diputación, esas instalaciones han alcanzado sus límites de capacidad.
El edificio actual tiene carácter residencial, una circunstancia que condiciona sus posibilidades de adaptación y crecimiento.
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha defendido que disponer de una nueva sede permitiría avanzar hacia una organización más integrada.
Entre los objetivos anunciados figuran concentrar progresivamente determinados servicios, facilitar la coordinación entre departamentos y disponer de espacios adecuados para actividades formativas e institucionales.
La operación también pretende dar respuesta a las necesidades de funcionamiento que ha identificado la dirección del organismo.
No obstante, la Diputación todavía no ha presentado un estudio público detallado que permita cuantificar el ahorro anual que generaría el traslado.
La mejora de eficiencia es, por ahora, una finalidad declarada de la operación.
La posible venta de las instalaciones actuales
Otro aspecto relevante del proyecto es el futuro de la sede de la Rambla.
La Diputación no descarta vender esas instalaciones una vez que Suma haya completado su traslado al edificio de San Fernando.
La venta podría contribuir a financiar parte del coste de adquisición y de rehabilitación de las nuevas oficinas.
Sin embargo, esta posibilidad todavía no constituye una decisión definitiva.
El destino del inmueble actual deberá estudiarse por el Consejo Rector de Suma y por la propia Diputación.
No se ha comunicado una tasación, un precio de salida ni un procedimiento de enajenación.
Tampoco se ha anunciado una fecha para abandonar la sede actual.
La continuidad de la actividad administrativa dependerá del avance de la futura reforma.
El papel de Suma en los municipios de Alicante
Suma Gestión Tributaria es un organismo dependiente de la Diputación de Alicante que desarrolla funciones de gestión y recaudación tributaria para numerosas entidades locales de la provincia.
Su actividad está vinculada a impuestos municipales, procedimientos de recaudación y otros servicios económicos que afectan directamente a ciudadanos y empresas.
Por este motivo, la sede central desempeña funciones relevantes de coordinación administrativa.
El proyecto de traslado no implica por sí mismo una modificación de los tributos ni de los calendarios de pago.
Tampoco supone que todas las oficinas y puntos de atención distribuidos por la provincia vayan a desaparecer.
La operación anunciada se refiere específicamente a las instalaciones centrales del organismo.
Cualquier modificación futura de la red territorial de atención tendría que comunicarse de manera independiente.
Una inversión que deberá superar varios controles
La adquisición prevista implica utilizar recursos gestionados por una administración pública.
Por tanto, la operación está sometida a trámites presupuestarios y a las exigencias de contratación y adquisición patrimonial que resulten aplicables.
La primera fase será habilitar la financiación necesaria.
Después deberán completarse la negociación con el propietario, las autorizaciones y la formalización de la operación.
Posteriormente habría que desarrollar el proyecto de rehabilitación y ejecutar los trabajos.
La inversión total solo podrá conocerse con precisión cuando estén determinados todos los componentes de la actuación.
Los ciudadanos también podrán valorar su resultado a partir del coste definitivo, la conservación del patrimonio y la mejora efectiva de los servicios.
Una operación con implicaciones urbanas y económicas
El traslado de Suma podría aportar una nueva actividad administrativa permanente a la calle San Fernando.
La recuperación de un inmueble histórico para un uso institucional también podría contribuir a mantener actividad en el centro de Alicante.
Sin embargo, todavía es prematuro establecer efectos concretos sobre el comercio, el empleo o el valor de los locales del entorno.
La Diputación no ha comunicado cifras de puestos de trabajo nuevos asociados a la operación.
Tampoco ha presentado un cálculo de impacto económico derivado de las obras o del futuro traslado.
Lo que sí está definido es la intención de adaptar un edificio de 4.000 metros cuadrados y convertirlo en la sede de un organismo provincial.
La decisión todavía no es definitiva
El anuncio de Suma abre una nueva etapa para el antiguo edificio bancario de San Fernando 40.
La Diputación pretende movilizar 10,5 millones de euros para avanzar en su adquisición, rehabilitarlo respetando los elementos protegidos y trasladar allí las oficinas centrales.
El proyecto permitiría cambiar el destino de un inmueble histórico y reorganizar parte de la actividad administrativa del organismo.
Pero quedan decisiones esenciales por adoptar: la aprobación presupuestaria, el acuerdo con Banco Sabadell, la formalización de la compra y la definición del coste total de las obras.
Por ahora, se trata de una operación en preparación, no de una adquisición consumada.
