Tres comunidades de Picanya denuncian retrasos en la reposición de sus ascensores después de firmar presupuestos en julio de 2025. Las vecinas estudian reclamar judicialmente y existen ayudas autonómicas para instalaciones dañadas por la riada.

La reconstrucción sigue pendiente para varias familias

Las inundaciones del 29 de octubre de 2024 destruyeron o dañaron instalaciones esenciales de numerosos edificios residenciales en l’Horta Sud.

Entre ellas, los ascensores.

En Picanya, varias comunidades denuncian que todavía no han recuperado este servicio después de dos años.

La situación afecta especialmente a personas mayores, familias con niños y residentes que tienen dificultades para subir escaleras.

El conflicto se ha agravado porque algunas comunidades afirman haber entregado dinero a una empresa para instalar nuevos elevadores sin que las obras se hayan completado.

¿Cuándo contrataron los ascensores?

Según explica una de las vecinas, Vanesa Defez, los presupuestos se firmaron a principios de julio de 2025.

La contratación afectaba a tres fincas.

La empresa elegida fue Aitana.

Los residentes confiaban en que la reposición permitiría recuperar la accesibilidad de los edificios.

Sin embargo, posteriormente se produjo una operación empresarial que, según las afectadas, complicó la ejecución.

¿Qué ocurrió con las empresas Aitana y Pertor?

Vanesa Defez sostiene que en septiembre de 2025 Aitana fue vendida a Pertor.

Según su testimonio, desde entonces las comunidades no han conseguido avances satisfactorios.

Las residentes aseguran que desconocen si se mantienen los presupuestos y cuándo se realizarán las instalaciones.

Sin embargo, el cambio de titularidad empresarial y sus consecuencias contractuales necesitan examinarse mediante los documentos correspondientes.

No puede darse por acreditada una responsabilidad legal concreta sin conocer la documentación de ambas sociedades.

¿Habían pagado alguna cantidad?

Las vecinas afirman que entregaron una paga y señal.

No se ha confirmado públicamente el importe.

Tampoco existe información suficiente para establecer qué porcentaje del presupuesto habían abonado.

La cantidad adelantada y las condiciones del contrato son datos fundamentales para determinar qué reclamación puede corresponder.

¿Por qué es tan importante recuperar el ascensor?

Porque para muchas personas no se trata de una comodidad, sino de una necesidad de accesibilidad.

Núria Carmona explica que tanto ella como su hijo tienen asma y deben subir cuatro plantas.

También señala que su marido necesita una operación de rodilla.

Otras vecinas describen los problemas para subir maletas, compras y objetos pesados.

La falta de ascensor puede dificultar la autonomía y la vida cotidiana de los residentes.

¿Las comunidades pueden reclamar?

Sí, siempre que exista una base contractual que justifique la reclamación.

Antes de iniciar un procedimiento, conviene examinar los presupuestos firmados, los justificantes de pago y las comunicaciones mantenidas.

Las opciones dependen de lo establecido en el contrato y de las circunstancias del incumplimiento denunciado.

Una comunidad puede solicitar asesoramiento jurídico para estudiar una reclamación por incumplimiento contractual.

Si existen indicios de engaño deliberado que pudieran constituir un delito, también se puede valorar la presentación de una denuncia penal.

No obstante, un retraso en una instalación no constituye automáticamente una estafa.

¿Qué documentos conviene conservar?

Las comunidades afectadas deberían reunir la documentación necesaria para acreditar su situación.

• Presupuestos y contratos firmados, con sus fechas y condiciones.
• Transferencias o recibos de las cantidades adelantadas.
• Correos electrónicos, mensajes y comunicaciones con las empresas.
• Actas de las juntas de propietarios relacionadas con la contratación.
• Informes sobre los daños que sufrió el ascensor durante la DANA.
• Requerimientos de cumplimiento y respuestas recibidas, si existen.

Estos documentos permiten reconstruir el proceso y valorar las posibles acciones.

¿Qué sucede si la empresa cambia de propietario?

Depende de cómo se haya realizado la operación.

La compraventa de participaciones de una sociedad no es jurídicamente idéntica a la transmisión de determinados activos o contratos a otra empresa.

Las consecuencias pueden variar.

Por eso, resulta especialmente importante identificar cuál es la empresa que figura en el contrato, cuál recibió los pagos y qué compromisos asumieron posteriormente las entidades implicadas.

No debe suponerse que el cambio de propietarios elimina automáticamente las obligaciones contractuales.

¿Existen ayudas públicas?

Sí.

La Generalitat Valenciana mantiene una convocatoria para reparar o sustituir ascensores afectados directamente por la DANA.

El plazo general anunciado finaliza el 22 de diciembre de 2026.

Las subvenciones están destinadas a actuaciones que permitan recuperar el servicio y cumplan las condiciones de la convocatoria.

Los propietarios y comunidades deben comprobar si sus edificios están incluidos en el ámbito territorial y si reúnen los requisitos.

El programa contempla determinadas ayudas que pueden alcanzar hasta el 100 % del gasto subvencionable, con límites establecidos según la modalidad y las características del expediente.

En cualquier caso, la aprobación de una ayuda no debe darse por supuesta. C. Valenciana+1

¿Qué se necesita para solicitar una ayuda?

La documentación general contempla identificar el edificio y acreditar los daños relacionados con la DANA.

También se requieren presupuestos o facturas de las actuaciones y los documentos de representación de la comunidad.

Cuando se pretende sustituir completamente un ascensor, pueden exigirse informes técnicos que justifiquen la necesidad.

El trámite debe realizarse conforme a la convocatoria vigente y sus requisitos.

No todas las actuaciones están cubiertas.

Por ejemplo, el programa se dirige a reparar o sustituir ascensores existentes afectados por el temporal, no a instalar por primera vez un elevador en un edificio que anteriormente no disponía de él.

¿Qué hacer si la empresa no responde?

La falta de respuesta puede dificultar la resolución de un conflicto.

Una comunidad puede formalizar una solicitud por escrito para dejar constancia de qué exige y desde cuándo.

También puede solicitar asesoramiento especializado para valorar las vías de reclamación.

Conviene que las comunicaciones relevantes queden documentadas.

Los acuerdos de la comunidad deben adoptarse conforme a las reglas de propiedad horizontal que correspondan.

Las opciones concretas dependerán del contrato y de las pruebas disponibles.

La preocupación supera el caso de Picanya

La falta de ascensores continúa afectando a diferentes municipios dañados por las inundaciones.

Las informaciones difundidas alrededor del segundo aniversario de la DANA hablaban de unas 240 fincas todavía sin el servicio.

La cifra corresponde a un balance de edificios afectados difundido en ese contexto y no exclusivamente a Picanya.

Tampoco significa que todas esas comunidades estén inmersas en disputas con instaladores.

Cada edificio puede presentar problemas diferentes relacionados con reparaciones, financiación o trámites.

Las empresas señaladas no han ofrecido todavía su versión

Según la información difundida sobre el caso, la empresa contactada para conocer su respuesta no había contestado en el momento de la publicación.

Por ello, las acusaciones de incumplimiento deben mantenerse atribuidas a las comunidades afectadas.

No existe una conclusión judicial conocida que permita afirmar que se ha cometido una estafa.

Dos años esperando una solución

El caso de Picanya refleja las dificultades que todavía afrontan algunas familias para recuperar las condiciones de habitabilidad anteriores a la DANA.

Las vecinas denuncian que contrataron la reposición de los ascensores, realizaron pagos y continúan sin el servicio.

La falta de elevadores afecta a personas con necesidades de movilidad y supone un obstáculo diario.

Las comunidades estudian acudir a los tribunales, mientras continúa abierto un programa de ayudas públicas para recuperar instalaciones dañadas.

El objetivo de los residentes sigue siendo el mismo: disponer nuevamente de ascensores seguros y poder entrar y salir de sus casas sin depender exclusivamente de las escaleras.