Las diligencias de la Fiscalía parten de una denuncia particular por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias en el reparto de grandes programas militares y préstamos públicos sin intereses.
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada mantiene abiertas unas diligencias de investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y fondos públicos vinculados al sector de la Defensa por un importe superior a los 6.000 millones de euros. Según ha adelantado en exclusiva el diario El Independiente, las pesquisas analizan el papel dominante de la tecnológica Indra y la firma Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en los grandes programas de modernización militar impulsados por el Ejecutivo.
El procedimiento judicial se inició el pasado mes de enero a raíz de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por un particular. El escrito, que recopilaba datos de contratación pública desde 2020, advertía de un patrón continuado de concentración de recursos en estas dos compañías y apuntaba a la posible comisión de delitos de fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
El foco en los préstamos públicos al 0 % de interés
Uno de los ejes centrales de la investigación de la Fiscalía es el mecanismo de financiación empleado para sostener estos programas. El Ministerio de Industria aprobó en octubre de 2025 tres reales decretos de concesión directa —sin concurso previo— por valor de 6.890 millones de euros en préstamos para financiar 18 proyectos de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con los cálculos incluidos en la denuncia:
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Alrededor de 6.077 millones de euros (el 84 % del conjunto del plan industrial de Defensa analizado) habrían recaído en Indra, en Escribano o en alianzas empresariales vinculadas a ambas.
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En el desglose específico de los tres decretos de octubre de 2025, la concentración alcanzó los 6.515 millones de euros (un 94,5 % del total aprobado en esa tanda), repartidos entre Indra en solitario (2.000 millones), su filial AERTEC (178 millones), uniones temporales de empresas (UTE) de Indra y Escribano (3.169 millones, destacando dos contratos de artillería autopropulsada por 3.002 millones) y consorcios como TESS Defence (788 millones) o la alianza con Telefónica (380 millones).
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El 5,4 % restante de esos fondos se distribuyó entre competidores tradicionales del sector como Santa Bárbara Sistemas (176 millones), UROVESA (132 millones) y la UTE Cipherbit-Epicom (67 millones).
La denuncia cuestiona asimismo las condiciones financieras de estas ayudas, otorgadas a un tipo de interés del 0 %, de forma generalizada sin exigencia de avales o garantías patrimoniales y con la posibilidad de recibir anticipos antes de formalizar definitivamente determinados contratos con Defensa.
Crecimiento empresarial y antecedentes judiciales
El documento remitido a Anticorrupción subraya la rápida expansión de Escribano Mechanical & Engineering, cuya facturación pasó de 44,2 millones de euros en 2019 a 355 millones en 2024, superando los 700 millones en adjudicaciones públicas entre 2020 y 2025. Asimismo, el denunciante señala la coincidencia temporal entre la entrada de EM&E en el accionariado de Indra y el posterior nombramiento de Ángel Escribano como presidente ejecutivo de la tecnológica en enero de 2025.
Por su parte, la adjudicación de estos programas ya había generado litigios en la vía contencioso-administrativa. Competidores como General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas recurrieron ante el Tribunal Supremo los préstamos de 3.000 millones concedidos a la UTE de Indra y Escribano para los programas de artillería. En abril de 2026, el Alto Tribunal rechazó la suspensión cautelar de dichas ayudas al considerar que no se habían acreditado daños irreparables y primar el interés público de los proyectos militares.















