La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios denuncian la ineficacia del escudo social del Gobierno y critican la negativa judicial a conceder una prórroga de dos meses mientras Servicios Sociales tramitaba una alternativa habitacional.
VALÉNCIA. — La comitiva judicial ha ejecutado en la mañana de este viernes el lanzamiento de José María, un vecino de 63 años en situación de acreditada vulnerabilidad económica y social, que padece diversas patologías médicas y cuenta con un grado de discapacidad reconocido. El desalojo se ha producido en el inmueble situado en la avenida del Doctor Peset Aleixandre, en la capital valenciana, que hasta hoy constituía su domicilio habitual.
Según han informado fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valéncia y del colectivo Stop Desahucios, presentes en el lugar desde primera hora para arropar al afectado, el propio José María ha tomado la decisión de abandonar la vivienda de manera voluntaria apenas unos minutos antes de la llegada de la comisión judicial. Con este gesto, el hombre ha buscado evitar la tensión, el despliegue policial y el trauma añadido que supone un desalojo forzoso en su delicado estado de salud.
El fracaso de los mecanismos de protección social del Gobierno de Sánchez y Sumar/Compromís
La ejecución de este lanzamiento ha desatado una fuerte indignación entre los movimientos por el derecho a la vivienda en la ciudad, que señalan este caso como una prueba evidente de las grietas existentes en la actual legislación antidesahucios. Desde las plataformas convocantes critican con dureza la gestión del Ejecutivo central y de sus socios parlamentarios, asegurando que el denominado «escudo social» y las sucesivas prórrogas de suspensión de desahucios —a las que aluden de forma crítica como el «decreto Maricarmen», en referencia a las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez junto a formaciones como Sumar, Frente Amplio y Compromís— resultan «absolutamente ineficaces» en la práctica, dado que los lanzamientos contra personas en situación de extrema vulnerabilidad continúan ejecutándose en los juzgados.
Los colectivos denuncian que el caso de José María reunía todos los requisitos humanitarios y sociales para haber sido paralizado de inmediato, al tratarse de una persona mayor de sesenta años, con problemas crónicos de salud, discapacidad y sin una red de apoyo familiar o económica que le permita acceder al mercado libre del alquiler en Valéncia.
Rechazo judicial a las prórrogas solicitadas
Durante las jornadas previas al lanzamiento, tanto Stop Desahucios como la PAH habían presentado diversas solicitudes ante el órgano judicial competente para frenar el desalojo. En primera instancia, los colectivos reclamaron una suspensión urgente de al menos una semana para dar margen a que se resolviera la situación procesal del afectado. Posteriormente, y tras mantener conversaciones directas con los Servicios Sociales municipales, se solicitó una moratoria de dos meses.
Según ha detallado el portavoz de Stop Desahucios en Valéncia, los trabajadores sociales ya estaban gestionando una alternativa habitacional permanente para José María y únicamente precisaban de ese margen máximo de sesenta días para formalizar el recurso y evitar que el hombre quedara en situación de calle. Sin embargo, el juzgado desestimó ambas peticiones amparándose en la aplicación estricta de la normativa vigente.
Denuncia de indefensión e injusticia en los tribunales
Desde el movimiento antidesahucios sostienen que el tribunal sí contaba con herramientas legales suficientes para haber concedido esa tregua temporal. En concreto, apuntan a la posibilidad de haber aplicado la disposición transitoria segunda del Real Decreto aprobado por el Ejecutivo, así como los apartados 5 y 7 del artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, preceptos que contemplan la suspensión del procedimiento por un plazo de hasta dos meses cuando se acredita una situación de vulnerabilidad social o económica para permitir la intervención de las administraciones públicas.
Al no haberse atendido ninguno de estos mecanismos legales, los activistas consideran que se ha vulnerado el derecho fundamental a una vivienda digna. «Nos parece que los jueces, en este caso, están actuando de una forma injusta, de una forma que, desde nuestro punto de vista, no respeta el derecho de la gente», ha sentenciado el portavoz de Stop Desahucios en Valéncia tras consumarse la entrega de llaves.
Tras abandonar su hogar en la avenida Peset Aleixandre, José María queda ahora a la espera de que Servicios Sociales pueda agilizar una solución de emergencia temporal mientras se materializa el alojamiento definitivo que estaba en trámite.
















