La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, convoca una concentración el próximo 27 de junio, a las 12,00, frente al Ministerio de Hacienda para exigir al Gobierno la subida salarial inmediata para el conjunto de las/os empleados públicos (después de más de 6 meses de retraso), agilizar las ofertas de empleo público y poner en marcha las reformas pendientes como consecuencia de la situación de parálisis por la inestabilidad parlamentaria.
Además de la concentración del 27, este miércoles continuarán las protestas en la Agencia Tributaria para reclamar mejora salarial y el cumplimiento de los acuerdos en materia de carrera profesional y el jueves 20 frente al Ministerio de Educación para exigir el desarrollo de las reformas pendientes y la mejora de las condiciones laborales y retributivas del personal docente.
El Gobierno se niega a aplicar la subida salarial de 2024
Esta parálisis ha impedido la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado. Por este motivo, el Gobierno se niega a aplicar la subida salarial de 2024 y se ha producido un retraso en la negociación de la oferta de empleo público, que está sobre la mesa de Función Pública estos días.
- Oferta de empleo Público. CSIF reclama una oferta masiva para reforzar los servicios públicos, afrontar las jubilaciones y eliminar de una vez la tasa de reposición para acabar con el abuso de la temporalidad. En los últimos 10 años, la Administración Pública Estatal ha perdido alrededor de 40.000 efectivos.
Además, hay más de 47.000 plazas en la Administración General del Estado sin cubrir desde 2020 de promoción interna y acceso libre correspondiente a personal laboral y personal funcionario -según cálculos de CSIF basados en cifras del BOE y de los Ministerios de Función Pública y de Seguridad Social- por retrasos en las ofertas de empleo público. Más de la mitad de estas plazas (unas 25.000) corresponden a opositores que superaron sus procesos selectivos en abril de este año, pero que aún esperan destino por la parálisis del Gobierno.
- Pérdida de poder adquisitivo del 9 por ciento. Exigen aplicar la subida de 2024 por decreto
Además, los empleados públicos siguen sin recibir la subida salarial correspondiente a 2024 y en la Administración del Estado, ni siquiera se ha recibido el 0,5 por ciento adicional correspondiente a 2023. Desde la firma del acuerdo salarial entre Gobierno, CC.OO. y UGT en 2022, arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 9,1 por ciento.
Principales reivindicaciones de CSIF
- Un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década, así como recuperar la estructura salarial previa a los recortes fijados en el Real Decreto-ley 8/2010 y la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas.
De entrada, exigen la aplicación inmediata de la subida de 2024, por la vía del decreto, como ya hizo el propio presidente del Gobierno nada más llegar al poder en su primera legislatura.
- Acabar con la alta temporalidad en las AAPP. Para ello es necesario eliminar de inmediato la tasa de reposición, que ha sido la principal causa de que las distintas administraciones hayan abusado de la contratación temporal.
- Implantación de la jornada de 35 horas, compromiso recogido en los acuerdos de 2018 y que aún está pendiente de implantar en distintas administraciones. Esta jornada la reclamamos igualmente para el sector privado.
- La modificación del TREBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para establecer en la normativa básica aspectos fundamentales para todos los empleados y empleadas públicas, entre otras, como la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales.
- Desarrollo de la ley de Función Pública para posibilitar la evaluación del desempeño, la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos y el refuerzo de las plantillas mediante la eliminación de la tasa de reposición, tal y como manifestó recientemente el ministro de Función Pública.
- Planes de recursos humanos: adecuación de las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y reducir la media de edad. En los últimos 10 años la Administración Pública Estatal ha perdido alrededor de 40.000 efectivos y más de la mitad de la plantilla se jubilará en los próximos 5-10 años.
- Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP (actualizar funciones y retribuciones en todos los ámbitos).
- Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas y negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos por la penosidad en el ejercicio de su profesión.
- La equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.
- Regulación del Teletrabajo en todas las administraciones públicas, cumpliendo el compromiso adquirido en la Administración del Estado.
- Un incremento de la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo para evitar que se reduzca la calidad asistencial en la sanidad que reciben nuestros funcionarios
