El Tribunal Supremo rechaza el recurso de la exdirectiva de la EMT, Celia Zafra, y ratifica la condena que la obliga a pagar los 4 millones de euros defraudados, cerrando un capítulo clave en el escándalo financiero que sacudió la gestión pública valenciana.
El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de Celia Zafra, la exdirectora administrativa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, contra la sentencia que la responsabiliza del millonario fraude perpetrado contra la entidad en 2019. Este veredicto pone fin al proceso judicial en su contra, que culmina con la confirmación de su obligación de devolver los 4 millones de euros que fueron sustraídos mediante un sofisticado engaño de phishing.
El fraude que conmocionó a Valencia
El fraude a la EMT, descubierto en septiembre de 2019, fue uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años en la ciudad. La estafa se ejecutó mediante una técnica de suplantación de identidad (phishing), donde los estafadores lograron hacerse pasar por representantes de una entidad bancaria para solicitar varias transferencias de gran valor desde las cuentas de la EMT. En total, se realizaron ocho transferencias a cuentas internacionales, lo que provocó la pérdida de 4 millones de euros.
El epicentro de la controversia fue la actuación de Celia Zafra, que, como jefa de administración de la EMT, tenía un papel clave en la supervisión de los procedimientos financieros de la empresa pública. La falta de controles rigurosos y su decisión de autorizar las transacciones sin una verificación exhaustiva fueron factores decisivos que facilitaron el fraude, según determinaron tanto la investigación interna de la EMT como el Tribunal de Cuentas.
La defensa de Zafra y la decisión judicial
Desde el inicio del proceso judicial, Celia Zafra mantuvo su postura de que también fue víctima de la estafa y que actuó bajo el engaño de los delincuentes que suplantaron la identidad de entidades financieras legítimas. A pesar de sus alegatos, los tribunales consideraron que su negligencia y falta de diligencia fueron cruciales para que el fraude se llevara a cabo.
El Tribunal de Cuentas, en su sentencia de 2021, fue claro al señalar que Zafra había incumplido con las normas internas de la EMT, que requerían verificaciones más estrictas para transacciones de gran envergadura. Además, se determinó que no se realizaron las comprobaciones necesarias con las entidades bancarias, lo que hubiera evitado la salida de fondos.
Tras este fallo, Zafra presentó un recurso ante el Tribunal Supremo con la esperanza de anular la sentencia del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el Supremo ha desestimado su recurso al considerarlo carente de fundamentos suficientes para revisar el caso. Esta inadmisión confirma de manera definitiva su responsabilidad en la pérdida de los fondos públicos y la obliga a devolver el dinero defraudado.
Impacto en la EMT y el Ayuntamiento de Valencia
El fraude a la EMT no solo afectó a la reputación de la empresa pública, sino que también supuso un duro golpe para el Ayuntamiento de Valencia, que tuvo que hacer frente a una crisis de confianza en la gestión de sus recursos públicos. Desde que se conoció el desfalco, la administración municipal, encabezada por el alcalde Joan Ribó, implementó una serie de reformas y medidas de control para evitar que se repitan incidentes de este tipo.
Entre las principales acciones tomadas por la EMT, se reforzaron los mecanismos de control interno, especialmente en la gestión de pagos y transferencias, y se mejoró la formación de los empleados en ciberseguridad y detección de fraudes financieros. Estas medidas buscan cerrar las brechas que permitieron que los estafadores tuvieran éxito en su plan.
A nivel político, el caso provocó tensiones dentro del consistorio, con críticas desde la oposición por la falta de supervisión en las empresas públicas y la gestión del incidente. Aunque las medidas correctivas han sido bien recibidas, el fraude de la EMT sigue siendo un recordatorio de la necesidad de mayor vigilancia en la administración de los fondos públicos.
La búsqueda de los responsables materiales
Mientras Zafra ha sido condenada como responsable administrativa del fraude, el caso aún no ha terminado del todo en el ámbito penal. La investigación sobre el paradero de los autores materiales del engaño continúa abierta, aunque hasta el momento las autoridades no han logrado identificar a los responsables directos ni recuperar la mayor parte del dinero. Según se ha informado, los fondos fueron transferidos a cuentas en el extranjero, dificultando su rastreo.
La colaboración con organismos internacionales, especialmente en el ámbito bancario, sigue siendo clave para intentar recuperar los millones desaparecidos. Sin embargo, la complejidad del fraude y la sofisticación del esquema delictivo hacen que esta tarea sea lenta y plagada de obstáculos.
Las lecciones del caso EMT
El desenlace judicial de Celia Zafra plantea cuestiones más amplias sobre la responsabilidad en la gestión pública y la necesidad de robustecer los sistemas de control y prevención en empresas que manejan grandes sumas de dinero. En un mundo cada vez más digitalizado, los fraudes financieros a través de medios electrónicos son una amenaza constante, y el caso de la EMT es un claro ejemplo de cómo incluso las entidades públicas pueden ser vulnerables si no cuentan con las herramientas adecuadas.
Además, este caso pone sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad personal de los gestores en la administración pública. Aunque Zafra argumentó que fue una víctima del fraude, los tribunales han sostenido que su falta de diligencia contribuyó significativamente al éxito de la estafa. Esta decisión judicial podría tener implicaciones para futuros casos en los que se debata la responsabilidad de los directivos frente a fraudes similares.
Conclusión: un caso con múltiples implicaciones
Con la inadmisión del recurso de Zafra por parte del Tribunal Supremo, el caso del fraude a la EMT entra en su fase final en lo que respecta a la responsabilidad civil de la exdirectiva. Sin embargo, quedan preguntas pendientes sobre el paradero de los autores materiales del fraude y el destino de los fondos robados.
La resolución del Supremo refuerza la idea de que los gestores de empresas públicas deben ser extremadamente cautelosos en su manejo de los fondos y en la implementación de medidas preventivas contra fraudes. ¿Crees que las medidas adoptadas por la EMT después del fraude son suficientes para evitar otro incidente similar? ¿O debería el Ayuntamiento de Valencia fortalecer aún más sus controles?
