Agentes de la Policía Local de Sueca, dentro del operativo establecido para evitar ocupaciones de viviendas, han procedido a la detención de cuatro hombres de diferentes edades, cuando intentaban acceder a una vivienda de la población con la intención, presuntamente, de ocuparla. «Gracias a la colaboración de los vecinos y vecinas, que observaron los hechos y avisaron de inmediato, y a la rápida actuación de nuestros agentes, que acudieron en pocos minutos, se evitó, una vez más, que se consumara el hecho delictivo», ha señalado la concejal de Seguridad Ciudadana, Noelia Benedito.
Los agentes, una vez en el lugar de los hechos, constataron que la puerta se encontraba forzada y abierta y, ya en el interior de la vivienda, localizaron a los autores, dos de ellos escondidos en una planta superior, por lo que se pudo comprobar que el intento de ocupación acababa de producirse. «Durante los últimos meses, gracias a las actuaciones policiales preventivas realizadas, se ha reducido considerablemente este tipo de delito, pero es muy importante la colaboración de la ciudadanía en la detección de estos hechos en los momentos iniciales de producirse», ha explicado Benedito.
El problema de la ocupación
Hoy la puerta de la vivienda luce un precinto policial que impide el paso a la vivienda y se cerró convenientemente para que no volviera a ser ocupada. Este hecho desmiente a aquellas personas que pretenden negar la problemática de la ocupación de viviendas para hacer negocios de manera ilícita. Tramar organizadas en muchos casos que posteriormente venden la ocupación a terceras personas después de realizar la entrada ilegal. Por ello a familias necesitadas exigen un pago de entre 500 y 1.000€ por la cesión de la vivienda ocupada.
Algunas de las viviendas ocupadas son de entidades bancarias, pero en otros casos son de particulares, que hacen un roto a la economía familiar y causan verdaderos problemas a los propietarios.
Con la legislación actual, a las 48 horas de constatarse la ocupación son domicilio consolidado, por lo que debe iniciarse un largo procedimiento judicial para reclamar el desahucio de la vivienda ocupada ilegalmente, algo que pude tardar años en suceder.
Son muchas personas las que exigen un cambio legislativo para evitar estos hechos y que se distinga claramente entre viviendas de grandes tenedores que se utilizan para especular en el precio de la vivienda y viviendas de particulares.
