El Ayuntamiento de Torrent enfrenta la obligación de aplicar una nueva tasa de residuos impuesta por el gobierno central, mientras se debate entre el ‘tasazo’ de Sánchez y la necesidad de mantener a flote sus propias cuentas públicas.
En Torrent, la realidad política y económica de la ciudad ha dado un giro inesperado, y no precisamente para bien. En medio de tensiones políticas y financieras, los vecinos de Torrent se enfrentan ahora a una nueva e imprevista carga económica: la temida tasa de residuos sólidos urbanos, o como ya se conoce popularmente, el «basurazo de Sánchez». Esta medida, impuesta por el gobierno central, obliga a los ayuntamientos, como el de Torrent, a cobrar a los ciudadanos el coste completo del servicio de recogida y transporte de basura, un gasto que antes cubría, en buena parte, el propio consistorio.
El peso de la nueva tasa en Torrent
Lo que parecía ser una cuestión técnica —una simple regulación estatal enmarcada en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular— ha desatado una tormenta política en Torrent. A primera vista, esta tasa no es más que una actualización normativa necesaria para adecuar la política de residuos a los tiempos actuales, con la sostenibilidad como bandera. Sin embargo, en la práctica, significa que los ciudadanos deberán asumir un gasto que hasta ahora no les tocaba afrontar directamente, al menos no de forma tan evidente.
El Ayuntamiento de Torrent, tras décadas de gestionar la recogida de residuos sin imponer tasas desmesuradas, se ve ahora entre la espada y la pared. La normativa obliga a que esta tasa sea «no deficitaria», lo que significa que los ingresos obtenidos por la misma deben cubrir íntegramente los costes de recogida, transporte y tratamiento de residuos. ¿El resultado? Un ajuste brusco en los presupuestos de las familias de Torrent, que deberán pagar más por algo tan básico como el servicio de basuras.
Según estimaciones, un total de 34.760 viviendas y 2.700 empresas de Torrent se verán afectadas por esta medida. Aunque desde el consistorio aseguran que el 70% de las viviendas se situarán en las tarifas más bajas, la sensación general es de desconcierto e indignación. Muchos vecinos sienten que están pagando los platos rotos de decisiones políticas tomadas a nivel nacional.
Una jugada inesperada para Torrent: el Ayuntamiento compensa el golpe
Para suavizar el impacto de esta nueva tasa, el Ayuntamiento de Torrent, liderado por el equipo de gobierno local, ha anunciado que propondrá una bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Esta medida, en teoría, serviría para compensar el «tasazo» y reducir la carga económica que supone la nueva normativa sobre residuos. Aunque la intención es loable, está por verse si la bajada del IBI será suficiente para calmar los ánimos de los vecinos, que no solo deberán pagar más, sino que ven en esta medida una falta de previsión por parte de las autoridades locales.
«Nos están clavando un impuesto por la puerta de atrás», se quejaba un vecino de Torrent, visiblemente molesto con la situación. Y es que, aunque la bajada del IBI promete ser un alivio temporal, muchos consideran que la verdadera solución pasa por una reforma más profunda de la financiación local, que permita a los ayuntamientos gestionar sus propios servicios sin necesidad de recurrir constantemente a los bolsillos de los ciudadanos.
¿Quién es el responsable? Críticas al PSOE de Torrent
Las críticas no han tardado en llegar, y el principal destinatario ha sido el PSOE de Torrent. Para muchos, el partido se ha visto atrapado en su propio juego, promoviendo una ley a nivel nacional que ahora deben implementar en el ámbito local, con el consiguiente desgaste político. El Partido Popular no ha perdido la oportunidad de señalar las contradicciones del PSOE, recordando que fue este mismo partido quien, en su día, decidió eliminar la subvención Recicla que cubría la Tasa TAMER, un impuesto similar destinado a sufragar el coste del tratamiento de residuos.
Durante años, los vecinos de Torrent disfrutaron de una subvención municipal que cubría la Tasa TAMER, instaurada por el gobierno del PP en 2009. Sin embargo, esa ayuda desapareció en 2017 bajo el gobierno socialista, dejando a los ciudadanos a merced de un nuevo impuesto que, aunque entonces pasó más desapercibido, hoy vuelve a la palestra con el «basurazo». «Es paradójico que el mismo PSOE que subió la TAMER sea ahora el que critique las consecuencias de una ley que ellos mismos han promovido,» afirman desde la oposición.
El impacto en las empresas y la economía local
El golpe no solo lo sentirán los hogares. Las más de 2.700 empresas que operan en Torrent también deberán enfrentarse a esta nueva tasa. En un contexto en el que las pequeñas y medianas empresas ya luchan por sobrevivir, la nueva carga puede ser la puntilla para algunas de ellas. «Estamos en un momento muy delicado. Cualquier aumento en los costes operativos puede ser devastador para muchas pequeñas empresas», comenta un comerciante local, preocupado por el futuro de su negocio.
La medida llega, además, en un momento en el que la economía local sigue lidiando con las consecuencias de la crisis económica post-pandemia y la inflación galopante. En este sentido, el «basurazo» no es solo una cuestión de sostenibilidad o de justicia económica, sino una nueva barrera para el crecimiento económico en Torrent.
Una necesidad de reforma: ¿qué pasa con la financiación local?
El problema de fondo va más allá de una simple tasa. Los ayuntamientos, como el de Torrent, llevan años asumiendo competencias que no les corresponden y lidiando con una falta crónica de financiación. La Ley reguladora de las bases del régimen local, que data de 1985, no ha sido actualizada para reflejar las nuevas responsabilidades que los municipios han asumido en las últimas décadas. Y aunque los ayuntamientos son, en muchos casos, la administración más cercana a los ciudadanos, siguen siendo los más olvidados en el reparto de recursos.
Para muchos, la solución pasa por una reforma de la financiación local que permita a los municipios tener más autonomía financiera y gestionar de manera más eficiente los servicios que prestan. «Los ayuntamientos no pueden seguir siendo los hermanos pobres de la administración», advierten desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
El ‘cupo catalán’: ¿otra piedra en el zapato para Torrent?
Para complicar aún más las cosas, Torrent también se ve afectado por la controversia en torno al «cupo catalán». Según algunos expertos, la decisión del gobierno central de conceder un trato preferencial a Cataluña podría perjudicar a los municipios de otras comunidades autónomas, que verán cómo se reducen sus recursos en favor de la región catalana. «No podemos permitir que los ayuntamientos sean los que paguen por ese cupo catalán,» sentencian desde la oposición, haciendo eco de un sentimiento de agravio que se extiende por muchas localidades españolas.
