Los equipos directivos de tres institutos afectados por la DANA denuncian la falta de un certificado oficial que garantice la seguridad de los edificios. La Conselleria insiste en que pueden reabrir, pero las familias y docentes reclaman responsabilidad y transparencia.
La vuelta a las aulas, marcada por la polémica
El anuncio de la Conselleria de Educación de que el alumnado de los IES 25 d’Abril de Alfafar, el IES Albal y el IES María Carbonell y Sánchez de Benetússer retomaría la actividad el lunes 16 de diciembre no ha sido recibido con tranquilidad por parte de la comunidad educativa.
Tras las labores de acondicionamiento realizadas por Tragsa, los equipos directivos de estos centros exigen un certificado oficial de seguridad que acredite que las instalaciones son seguras para la vuelta a clase. A día de hoy, no disponen de garantías claras, lo que ha generado una profunda preocupación entre docentes, familias y alumnos.
Los equipos directivos rechazan asumir riesgos
La tensión ha crecido después de que la Conselleria señalara públicamente que los centros reúnen las condiciones necesarias para su reapertura. Sin embargo, los equipos directivos afirman que no han recibido documentación técnica suficiente para respaldar esta afirmación.
“No podemos asumir la responsabilidad de abrir las instalaciones sin una certificación clara que garantice la seguridad estructural del edificio”, denunció Susana Mozos, secretaria del AMPA del IES 25 d’Abril de Alfafar, en declaraciones a À Punt Notícies. “La responsabilidad no puede recaer sobre los centros, debe ser la Conselleria quien asuma esta decisión”.
Las familias exigen transparencia
La incertidumbre también ha afectado a las familias de los alumnos, que siguen sin entender cómo, un mes y medio después de la DANA, aún no se cuenta con una evaluación concluyente que garantice la seguridad.
El presidente del AMPA del IES 25 d’Abril, Vicente Conesa, explicó que recientemente se han recibido algunos documentos técnicos que serán revisados durante el consejo escolar del lunes. Sin embargo, para las familias, esto no es suficiente: “Necesitamos garantías claras y definitivas de que no hay ningún riesgo para nuestros hijos. La transparencia es clave en una situación tan delicada”.
La Asociación de Directores carga contra la Conselleria
La Asociación de Directores y Directoras de Escuela Pública del P.V. (ADIESPV) también ha criticado la gestión de la Conselleria en esta crisis. Su presidente, Toni Gonzàlez Picornell, denunció que los responsables de Educación que han visitado los centros no se han atrevido a emitir los certificados mínimos necesarios.
“Los centros están deseando abrir, pero con un mínimo de garantías. No podemos arriesgarnos a que ocurra una tragedia”, afirmó Gonzàlez Picornell. “Si las instalaciones son seguras, es tan sencillo como emitir un documento que lo certifique. No entendemos por qué no se está haciendo”.
El sindicato STEPV pide la dimisión del conseller
La polémica ha dado un giro aún más tenso después de que la Conselleria emitiera un comunicado afirmando que la actividad en los tres institutos puede retomarse sin problemas. En el comunicado se insinuaba que la negativa a abrir los centros era una decisión de los equipos directivos, algo que ha indignado al sindicato STEPV, mayoritario en el sector educativo.
“El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha actuado de manera inaceptable”, afirmó STEPV en un comunicado oficial. “No puede responsabilizar a los equipos directivos cuando son ellos los que están pidiendo garantías para proteger a toda la comunidad educativa. Exigimos su dimisión inmediata”.
Una situación que refleja desconfianza y falta de comunicación
La falta de un certificado oficial y la ausencia de respuestas claras han alimentado la desconfianza entre las partes implicadas. Los equipos directivos, que se encuentran en el centro de la polémica, insisten en que no pueden abrir los centros hasta contar con una evaluación concluyente. Mientras tanto, la Conselleria mantiene su postura de que los trabajos realizados por Tragsa han dejado las instalaciones en condiciones óptimas.
¿Qué está en juego? La seguridad del alumnado y del personal
La comunidad educativa de los tres IES no pide más que lo básico: garantías de seguridad. La DANA causó daños significativos en estas instalaciones, y sin un certificado que garantice la estabilidad estructural y la seguridad general, las familias y docentes consideran imprudente retomar la actividad.
“No estamos pidiendo nada extraordinario”, concluyó Gonzàlez Picornell. “Queremos abrir, pero solo cuando estemos seguros de que es completamente seguro para alumnos y docentes. No podemos aceptar ninguna duda en este sentido”.
