El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia, lo que ha impulsado a Plena inclusión a pedir a las comunidades autónomas que extiendan el derecho de arraigo ya que figura en el anteproyecto.
Esta medida busca garantizar que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan continuar su vida en entornos conocidos y junto a sus redes de apoyo, evitando el desarraigo que actualmente sufren debido a traslados forzosos.
El problema del desarraigo en las personas con discapacidad
Hoy en día, muchas personas con discapacidad intelectual son desplazadas fuera de su entorno habitual para recibir atención, lo que genera un impacto negativo en su bienestar emocional y mental.
Plena inclusión denuncia especialmente la práctica de trasladar a estas personas a residencias para mayores de 65 años, una acción que consideran inhumana y poco respetuosa.
Tomás A. Sancho, presidente de Plena inclusión Madrid afirma:
“No se les pregunta si están de acuerdo con esos traslados, lo que vulnera su derecho a decidir sobre su propio futuro”
Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo son uno de los grupos más vulnerables del país y, en la mayoría de los casos, carecen de herramientas para afrontar cambios drásticos en su vida.
Estos traslados forzosos pueden generar problemas de comportamiento, afectaciones en la salud mental y una gran inestabilidad en su día a día.
Una oportunidad histórica para mejorar sus derechos
Plena inclusión, que brinda apoyo a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ve en esta reforma una ocasión única para reclamar una mejora en sus derechos.
Exigen que se les permita desarrollar su proyecto de vida junto a las entidades que les han acompañado siempre, evitando las restricciones que han limitado su autonomía.
Además, esta reivindicación está alineada con el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que defiende su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad con libertad de elección sobre su vida.
Plena inclusión insta a los gobiernos autonómicos a actuar con rapidez para que este derecho sea una realidad, garantizando así un futuro más digno y justo para las personas con discapacidad intelectual y sus familias.
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