José Francisco Ortiz defiende la protección integral de todos los menores en la Comunitat Valenciana, sean españoles o migrantes

El fiscal superior de la Comunitat Valenciana ha advertido del preocupante aumento de delitos sexuales y ha reivindicado una educación afectivo-sexual más sólida. Además, ha subrayado que la Fiscalía protege a todos los menores sin distinción de origen, en un contexto político y social cada vez más polarizado.

La comparecencia de José Francisco Ortiz ante la comisión de Coordinación de Les Corts ha dejado claro un mensaje que resuena con fuerza en la actualidad valenciana: todos los menores, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria, deben ser protegidos. “Nuestra función es velar por el interés del menor, en cualquier circunstancia”, afirmó con contundencia el fiscal superior en su intervención, que sirvió para presentar la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2023.

Aumento de delitos sexuales: cifras que preocupan aunque no alarman

Uno de los ejes principales del informe expuesto por Ortiz fue el incremento de los delitos contra la libertad sexual en las tres provincias valencianas. Aunque evitó utilizar el término “alarmante”, no ocultó su preocupación por una tendencia al alza que se arrastra desde 2022.

En Valencia, los delitos sexuales pasaron de 1.093 en 2022 a 1.214 en 2023. En Alicante, de 1.009 a 1.016. Y en Castellón, de 350 a 385. El aumento, según explicó, se debe en parte a los cambios en la tipificación penal tras la reforma del Código Penal.

Especialmente significativo fue el incremento de las agresiones sexuales, que sumaron 760 casos en 2023, un 88% más que el año anterior. Las violaciones también subieron, de 2 casos a 8, lo que representa un alarmante +300%. Las víctimas menores de 16 años no quedaron al margen de esta tendencia, con un incremento del 130% respecto a 2022 y un total de 83 casos.

Educación afectivo-sexual: una necesidad urgente

Ortiz señaló la falta de formación afectivo-sexual como una de las causas del aumento de comportamientos violentos entre menores. Apuntó directamente a la exposición temprana a la pornografía como un factor que trivializa las relaciones y normaliza actitudes agresivas.

“Todos debemos tomar conciencia de esta realidad”, insistió el fiscal. Y fue más allá al señalar que muchos de los menores que cometen estos actos no son delincuentes en potencia, sino jóvenes que necesitan comprensión, educación y herramientas para redirigir su comportamiento.

Una reflexión que conecta directamente con la necesidad de reforzar la educación en valores desde edades tempranas, algo que desde distintos sectores educativos y sociales se viene reclamando con insistencia.

Protección sin distinción: los menores migrantes también importan

En un contexto político donde el discurso sobre migración divide a la opinión pública, José Francisco Ortiz se posicionó claramente en favor de la protección sin discriminación de los menores migrantes.

“La Fiscalía de Menores actúa con la misma diligencia, sea cual sea el origen del menor”, subrayó. Y en relación con los recientes debates sobre la acogida de menores migrantes no acompañados, recordó que “lo fundamental es que la acreditación de la edad se haga lo antes posible, para garantizar sus derechos y situarlos en el sistema adecuado de protección”.

Este posicionamiento contrasta con las declaraciones de algunos partidos políticos que han cuestionado el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas. La diputada de Vox, Ana Vega, por ejemplo, aplaudió el recurso del Consell ante el Tribunal Constitucional contra este reparto, aunque admitió que no espera que prospere.

Violencia de género: seis mujeres asesinadas en 2023

El fiscal superior también dedicó parte de su intervención a analizar la violencia de género, una lacra que en 2023 dejó seis mujeres asesinadas en la Comunitat Valenciana. En total, se registraron 28.214 víctimas, lo que supone un incremento del 14,1% respecto al año anterior.

Ortiz reclamó una colaboración institucional máxima y una labor más intensa en el ámbito de la prevención y concienciación social. “Nos tenemos que preguntar cuántos casos habría si no existiese la ley específica contra la violencia de género”, planteó.

Menores de 14 años: fuera del ámbito penal, pero no del educativo

Uno de los temas que más inquietud genera entre los expertos en justicia juvenil es el aumento de conductas delictivas entre menores de 14 años, un grupo que no puede ser juzgado penalmente pero que sí requiere intervención desde otros ámbitos.

Ortiz recordó las palabras de su predecesora, Teresa Gisbert: “Estos menores quedan en el ámbito de la protección, no de la justicia penal”. Y volvió a insistir en la necesidad de educar, prevenir y dotar de recursos a las familias y centros escolares para actuar antes de que la situación se descontrole.

Recursos y medios: una Fiscalía en apuros

Como es habitual en este tipo de comparecencias, el fiscal superior aprovechó para reivindicar más medios personales y materiales para la Fiscalía. Considera que esta es una necesidad “acuciante” y denunció que se trata de un “mal endémico”.

Desde el PP, Laura Chulià exigió un aumento del número de fiscales y se preguntó si algunas reformas legislativas podrían estar relacionadas con el aumento de los delitos. Desde el PSPV, Xelo Angulo reclamó la recuperación del juzgado especializado en violencia sobre la mujer de Xàtiva, cuyos profesionales “han quedado un poco desamparados”, según admitió el propio Ortiz.

Reflexión final: ¿protección o castigo?

Más allá de las cifras y de las estadísticas, la intervención del fiscal superior plantea una pregunta que interpela a toda la sociedad: ¿queremos un sistema que castigue o uno que eduque y proteja? Ortiz lo tiene claro: “No se trata de endurecer las penas, sino de que los menores interioricen valores y principios de convivencia”.

En una época de creciente polarización política, estas palabras suenan a recordatorio sereno pero firme de cuál debe ser el verdadero objetivo de la justicia: proteger, prevenir y reeducar.

Como apuntaba Pedro Martínez, educador social en un centro de menores de Valencia: “La clave está en ver al menor como una persona en construcción, no como un caso perdido. Si se les da una oportunidad, la mayoría responde positivamente”.

¿Y tú qué opinas?

¿Crees que los menores migrantes reciben el mismo trato que los españoles en el sistema de protección? ¿Qué papel crees que debería tener la educación afectivo-sexual en los centros escolares de la Comunitat Valenciana? Cuéntanos tu opinión en los comentarios o en redes sociales con el hashtag #ValenciaNoticias.