El Tribunal Supremo acaba de hacer pública que inadmite a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Benidorm contra una Sentencia del TSJCV. Por tanto el máximo Teribunal español ratifica la condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 330 millones de euros en concepto de indemnización al haber incumplido el convenio urbanístico firmado entre los propietarios de unos terrenos y el propio Ayuntamiento.
El problema
El caso se remonta a la modificación del PGOU de Benidorm de unos terrenos en la zona de serra Gelada, donde cambiaba su catalogación de terreno urbano a suelo no urbanizable hecha hace ahora 20 años.
Los terrenos se sitúan entre la Autovía y la Serra Geleda y estaban catalogados como urbanizables antes de la modificación del PGOU de hace poco más de 20 años. Los terrenos eran propiedad de dos compañías, Murcia Puchades Expansión SL y Urbana la Vila Joiosa 2000 S.L.. En el anterior PGOU de 1963 figuraban como suelo urbano y tras esta modificación pasaron a no urbanizable.
El Consistorio Municipal en 2003 llegó a un acuerdo urbanístico con las compañías de indemnizarles con terrenos de un valor similar en el término municipal y lo debía de hacer en un período de 5 años. Pero pasado ese plazo y ante la negativa del propio Ayuntamiento a cumplir el convenio urbanístico suscrito, las compañías demandaron al Ayuntamiento de Benidorm por sus incumplimientos.
Hubo una primera sentencia favorable al Ayuntamiento de Benidorm por el juzgado contencioso administrativo de Alicante que fue recurrida por las compañías empresariales y que llevaron al TSJCV. El alto tribunal valenciano el pasado 29 de mayo revocaba la decisión del juzgado de Alicante y daba la razón a las compañías.
Ahora con esta decisión del tribuanl Supremo se condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar 283.055.750,12 euros, a los que cabe sumar 50 millones más en concepto de intereses legales.
La condena triplica el presupuesto municipal
Todas las alarmas han sonado en el Ayuntamiento ya que esa cantidad triplica el presupuesto municipal. El alcalde Toni Pérez, a su vez presidente de la Diputación de Alicante ya ha convocado con urgencia una Junta de Portavoces para trasladar el problema a todos los grupos municipales y el viernes se celebrará una reunión con los servicios jurídicos.
