Cambios legales que reavivan el debate sobre el control institucional
El grupo parlamentario del Partido Popular y Vox ha sacudido el panorama político valenciano al presentar enmiendas conjuntas a la ley de acompañamiento de los Presupuestos 2025 que podrían redefinir las competencias de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF). Entre las propuestas destaca la supresión del régimen sancionador de la entidad, así como la eliminación de artículos clave sobre infracciones, colaboración con la Fiscalía y participación ciudadana.
Estas modificaciones no solo afectarían el marco jurídico de la AVAF, sino también su papel como órgano independiente de control y fiscalización en la Comunidad Valenciana.
Supresión del poder sancionador
Tanto PP como Vox han incluido en sus respectivas enmiendas la eliminación del artículo que confiere a la AVAF la capacidad de imponer sanciones. En el caso de Vox, también se propone borrar el artículo sobre infracciones, lo que dejaría al organismo sin base legal para actuar frente a conductas ilícitas detectadas en su ámbito de actuación.
Con esta medida, la agencia perdería una de sus herramientas más relevantes para la prevención y lucha contra el fraude: su capacidad para corregir, sancionar y disuadir conductas irregulares en la administración pública.
Nueva configuración del cese del director
Otro de los aspectos más polémicos es la propuesta para modificar los supuestos de cese del director de la AVAF, actualmente Eduardo Beut. Vox propone que la única causa de cese sea una condena firme por delito doloso, eliminando las referencias actuales a la imputación con medidas cautelares o la apertura de juicio oral.
Además, para que este cese sea efectivo, se requeriría una mayoría de tres quintos de los diputados tanto en comisión como en el pleno de Les Corts. Esta modificación endurece los requisitos para cesar al director, al tiempo que podría debilitar los mecanismos de rendición de cuentas.
Limitación de la colaboración con Fiscalía
Uno de los elementos más criticados de las enmiendas es la intención de suprimir el deber de colaboración de la AVAF con el Ministerio Fiscal y los órganos judiciales. Según la redacción actual de la ley, la agencia debe interrumpir sus investigaciones si la Fiscalía abre diligencias sobre los mismos hechos y proporcionar toda la documentación relevante. Esta obligación desaparecería si prosperan las propuestas.
De igual forma, se eliminaría la disposición que obliga a la Fiscalía a informar periódicamente a la AVAF sobre el estado de sus actuaciones, cerrando un canal clave de coordinación institucional.
Reestructuración interna y asesores
En el plano organizativo, el PP plantea permitir que el director de la AVAF nombre hasta seis asesores no remunerados, preferentemente funcionarios jubilados con experiencia. También se establece que la Secretaría General y las áreas funcionales dependan directamente del director, centralizando aún más la estructura de gestión.
Este nuevo diseño orgánico plantea dudas sobre la independencia técnica de los distintos departamentos y la transparencia en los nombramientos.
Consultas y prevención
Dentro de un enfoque más preventivo, se propone introducir un nuevo artículo que habilite a cualquier ciudadano a realizar consultas o alertas sobre expedientes administrativos en curso, siempre que no se haya dictado resolución firme. Estas consultas deberían ser respondidas en el plazo máximo de un mes, lo que podría contribuir a detectar irregularidades antes de que se consoliden.
También se reformula el artículo 12, exigiendo que toda denuncia contenga una descripción detallada de los hechos, las personas presuntamente implicadas y su vinculación con el ámbito competencial de la AVAF. Esto endurecería los requisitos para iniciar una investigación, lo que algunos interpretan como un posible freno a la participación ciudadana.
Conclusión de actuaciones y nuevas funciones
En el artículo 16, se añade que la AVAF, además de emitir recomendaciones, podrá proponer la apertura de procedimientos de reintegro de ayudas mal concedidas y la inclusión de infractores en registros de prohibición de contratación o recepción de subvenciones. No obstante, estas propuestas no tendrían carácter vinculante.
Este nuevo enfoque refuerza el papel propositivo de la AVAF, pero con limitaciones prácticas si no existe voluntad política en las entidades implicadas para ejecutar sus recomendaciones.
Reacciones y tensiones políticas
Las enmiendas han generado malestar entre los defensores de la transparencia institucional. Diversos colectivos anticorrupción han mostrado su preocupación por el debilitamiento de la AVAF y la reducción de sus competencias sancionadoras. Desde el ámbito jurídico, algunos expertos alertan de que estas modificaciones podrían dejar sin herramientas efectivas a uno de los pocos organismos especializados en el control de la corrupción en el ámbito autonómico.
Por otro lado, tanto PP como Vox han justificado sus propuestas como parte de un esfuerzo por “garantizar la seguridad jurídica” y “evitar duplicidades con otras instituciones como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía”.
Un contexto más amplio
Las propuestas de reforma se producen poco después de que el director de la AVAF, Eduardo Beut, entregara la Memoria de Actividad 2024 a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. En ese informe se detallan decenas de actuaciones, expedientes, recomendaciones y medidas adoptadas para prevenir la corrupción en la administración valenciana.
Los cambios planteados llegan, por tanto, en un momento clave para el futuro de la agencia y para el ecosistema de control institucional en la Comunidad Valenciana.
