Los trabajadores de Justicia en la Comunidad Valenciana denuncian que cobran 300 euros menos que la media nacional y que se ha malgastado más de 30 millones de euros en una aplicación informática defectuosa mientras existe una gratuita y funcional ofrecida por el Ministerio. ¿Ineficiencia o negocio a medida?

En una escena que ya se ha convertido en un clásico dentro del drama burocrático autonómico, los funcionarios de Justicia en la Comunidad Valenciana han vuelto a alzar la voz, esta vez con un combo que haría temblar cualquier guion de cine: sueldos indignos, un sistema informático que falla más que una escopeta de feria, y una factura pública que se multiplica por tres mientras la eficiencia brilla por su ausencia.

Porque sí, parece que ser funcionario en Valencia no solo implica lidiar con pilas de expedientes judiciales, sino también con sueldos que, literalmente, son los más bajos de todo el país. Y como si eso no fuera ya suficiente humillación profesional, ahora también tienen que ser los betatesters gratuitos de un software millonario que ni siquiera pidieron. ¿Ironías del sistema? No, solo un día más en la administración autonómica.

El contexto: ¿quién y por qué protesta?

Bruno Antuña, presidente autonómico del sindicato CSI·F Justicia (sí, ese sindicato que no se calla ni debajo del agua), ha denunciado públicamente lo que muchos ya sabían pero pocos se atreven a gritar: los funcionarios valencianos del ámbito judicial son los peor pagados de España. Cobran de media 300 euros menos al mes que sus colegas en otras comunidades. Pero oye, ¿quién necesita cobrar como el resto cuando puedes tener una aplicación que no funciona y que tú mismo estás ayudando a desarrollar gratis? Un lujo.

Y es que, además del drama retributivo, lo que ha encendido aún más los ánimos ha sido el despropósito tecnológico protagonizado por una aplicación de gestión procesal llamada —con sorprendente sarcasmo— Justa. Aunque viendo cómo funciona, igual habría que rebautizarla como Injusta.

Justa: la aplicación que costó millones… y la paciencia

La historia de esta app es digna de estudio en cualquier máster sobre cómo no gestionar el dinero público. En un principio, el desarrollo de Justa fue adjudicado a la empresa Indra por 9 millones de euros. Pero claro, como todo en esta vida, los costes fueron «evolucionando» —un eufemismo habitual en política— hasta alcanzar la nada desdeñable cifra de 32 millones de euros. Una subida tan espectacular como injustificable, según denuncian desde CSI·F.

Y lo peor no es solo el dinero. Lo realmente tragicómico es que Justa no funciona bien. Según Antuña, el sistema es tan limitado que «somos nosotros los que la estamos desarrollando», en referencia a que los propios funcionarios deben ir detectando errores y vacíos operativos mientras trabajan. Vamos, que encima que no cobran lo que deberían, les toca hacer de técnicos informáticos improvisados. Todo ventajas.

Pero… ¿no había una aplicación gratuita?

Sí, y aquí llega el clímax de este drama institucional. El Ministerio de Justicia ofrece una aplicación llamada Minerva, que no solo es gratuita, sino que funciona correctamente y se actualiza automáticamente para aquellas comunidades que la quieran usar. De hecho, comunidades como La Rioja o Asturias ya la han implementado a través de convenios con el Estado. Pero claro, en Valencia se ha optado por el camino difícil: desarrollar una nueva aplicación desde cero y pagar por cada actualización futura.

¿La consecuencia? Un sistema que no solo es ineficiente y costoso, sino que, además, genera dependencia tecnológica privada. Porque cada vez que se quiera hacer un cambio organizativo, se tendrá que volver a «pasar por caja». Un negocio redondo, para algunos.

La protesta: números modestos, indignación creciente

La manifestación frente a la Ciudad de la Justicia reunió entre 300 y 400 personas, una cifra que, aunque no parezca impresionante, representa un nivel de compromiso considerable teniendo en cuenta las dificultades operativas de dejar un juzgado en marcha. «No todo el mundo puede bajar, aunque quiera», decía Antuña, apelando al clásico «si no bajo yo, ya bajará otro». Pero ese «otro» se está empezando a cansar.

Y es que no es la primera vez que el personal judicial valenciano toma las calles, ni será la última. Las protestas, según el sindicato, continuarán si la Conselleria no se sienta a negociar un acuerdo de legislatura. Uno que, como mínimo, garantice la equiparación salarial con la media nacional. Porque claro, pedir estar arriba del todo en el ranking salarial parece un lujo. Pero pedir cobrar lo mismo que el resto de España… ¿de verdad es tanto?

El contexto político: promesas que no cuadran

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció a bombo y platillo en enero una subida retributiva de 65 euros al mes. Un gesto simbólico, sin duda, pero que en palabras del sindicato «no soluciona nada». Porque esos 65 euros apenas maquillan la diferencia con la media nacional. Es como poner una tirita a una hemorragia institucional. Y mientras tanto, los millones siguen volando en desarrollos tecnológicos innecesarios.

¿Y ahora qué? El futuro incierto de Justa y la justicia

La próxima movilización aún no tiene fecha, pero el mensaje es claro: si no hay avances, volverán a la calle. Y no solo por dinero. Porque esto ya no va solo de euros, sino de dignidad profesional. De no tener que ser programadores improvisados. De trabajar con herramientas que sirvan, no que molesten. De dejar de ver cómo el dinero público se esfuma mientras ellos siguen esperando cobrar lo justo.

¿Hasta cuándo este agravio comparativo?

Lo que se pide no es nuevo. Es lo mismo que se lleva exigiendo desde hace años: igualdad salarial y eficiencia en la gestión. Pero parece que en Valencia, cada vez que se plantea una mejora razonable, se responde con soluciones inverosímiles, inversiones mal calculadas y una tecnología que funciona peor que una cafetera vieja.

Y ahora, después de 32 millones de euros gastados, el software sigue sin estar a punto, los funcionarios siguen igual de mal pagados, y nadie asume responsabilidades. ¿Casualidad? ¿Mala gestión? ¿Intereses privados? Todo es posible en el teatro administrativo de esta comunidad.

¿De verdad tiene sentido seguir invirtiendo en herramientas fallidas mientras quienes hacen funcionar la justicia en Valencia siguen siendo los peor tratados del país?