📍 Valéncia, 18 de abril de 2025
La tragedia de la DANA que arrasó decenas de municipios valencianos y se cobró 228 vidas humanas sigue escribiendo páginas oscuras. Ahora, un informe elaborado por dos expertos en emergencias y protección civil, a petición de la asociación SOS Desaparecidos, lanza una afirmación demoledora: la falta de alertas y planificación fue, literalmente, “una sentencia de muerte” para la población.
El informe ha sido entregado al juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, que investiga posibles responsabilidades penales por homicidio y lesiones imprudentes durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ya ha citado a declarar a los autores del informe, José María Gil Garré y Alberto Aguilar Zarco, el próximo 9 de mayo.
Falló todo el sistema
Según los peritos, la catástrofe no solo fue meteorológica, sino institucional. Denuncian que hubo un fallo generalizado en la estructura de respuesta a emergencias y critican que España jamás haya activado el nivel 3 de emergencia nacional, ni siquiera en crisis de gran impacto como el terremoto de Lorca o la erupción de La Palma.
En el caso de la DANA, la cadena de errores fue letal: no se activaron alertas a tiempo, no se evacuaron zonas de riesgo, no se movilizaron recursos preventivos. Y cuando la tragedia estalló, tampoco hubo una coordinación efectiva entre administraciones.
“Un silencio institucional que mata”
El informe es tajante: las autoridades no facilitaron la información pública que deberían haber compartido, ni sobre los planes de emergencia activados, ni sobre quién tomó —o no tomó— decisiones críticas ese día.
“Ese silencio fue una condena. No se puede gestionar una emergencia de espaldas a la ciudadanía”, señalan.
Solo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) —añaden— respondió con claridad y aportó datos útiles. En cambio, la Generalitat y muchos ayuntamientos callaron o no actuaron, lo que dejó a miles de personas sin protección, sin aviso, sin tiempo para reaccionar.
Críticas directas a Mazón y a los municipios
El informe pone el foco en Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, como responsable legal del operativo en nivel 2. Según los expertos, debió emitir alertas públicas, liderar la coordinación y declarar emergencia catastrófica.
También cargan contra los ayuntamientos, a los que acusan de no contar con planes operativos ni refugios habilitados, y de haber actuado de forma desorganizada:
“La falta de previsión convirtió barrios enteros en trampas mortales. La Generalitat falló a la hora de liderar; los ayuntamientos incumplieron su deber”, afirman con contundencia.
“Un simple aviso habría salvado vidas”
Los expertos insisten en que una alerta temprana del sistema 112 o el protocolo ES-Alert habría permitido salvar muchas vidas, permitiendo evacuaciones y cortando accesos.
“El aviso no llegó. La gente murió sin saber lo que venía”, lamentan.
Además, denuncian que pasadas las primeras 24 o 36 horas de descoordinación evidente, la Generalitat debería haber solicitado la activación del nivel 3, lo que habría implicado una respuesta directa del Gobierno central.
Una tragedia que aún busca responsables
Mientras el procedimiento judicial avanza, la opinión pública empieza a obtener respuestas. No son políticas. Son técnicas. Y apuntan a una cadena de negligencias que, según los expertos, pudieron evitarse.
El próximo 9 de mayo, los peritos declararán ante la jueza. Las familias de las víctimas esperan, desde hace meses, algo más que disculpas. Esperan justicia.
