Un informe de la Cámara de Comercio de Valencia revela que, a pocos días de cumplirse seis meses de la catástrofe provocada por la DANA, persiste una asimetría en la recuperación económica que afecta principalmente a las empresas de menor tamaño, las más vulnerables ante los estragos del desastre.
Las pequeñas empresas, las más castigadas
El estudio destaca que la situación ha sido devastadora para el tejido empresarial afectado. Las micropymes, con escasos recursos financieros, han visto especialmente limitado su proceso de reapertura y recuperación, dependiendo en gran medida de las ayudas públicas y de la agilidad en el pago de los seguros.
Pese a las dificultades, la Cámara de Comercio subraya el compromiso mostrado por muchas empresas y autónomos para mantener el empleo y sostener la economía familiar de sus trabajadores, preservando en lo posible sus plantillas.
La necesidad de liquidez y apoyo institucional
Entre las conclusiones principales, el informe advierte de la urgencia de inyectar liquidez al tejido empresarial, especialmente para aquellas industrias que requieren maquinaria o instalaciones específicas y costosas. En este sentido, se reclama que el Consorcio de Compensación de Seguros agilice el pago de las indemnizaciones a las empresas damnificadas.
En cuanto a la reparación de infraestructuras, la Cámara propone que las obras necesarias puedan tramitarse por procedimiento de emergencia, siguiendo el modelo adoptado durante la pandemia de la covid-19, para acelerar los plazos y favorecer la recuperación.
La carga inicial recayó en las propias empresas
Otro de los factores clave ha sido que los primeros trabajos de limpieza y rehabilitación se financiaron casi exclusivamente con el esfuerzo económico de las propias empresas afectadas. Este desembolso, aunque imprescindible para reactivar la actividad, ha supuesto una merma de los fondos disponibles para otras áreas estratégicas del negocio, tanto en grandes compañías como en pymes.
Urge mejorar la coordinación entre administraciones
Finalmente, el informe insiste en la necesidad urgente de mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones públicas —gobierno central, Generalitat, diputaciones y ayuntamientos— para agilizar la recuperación económica y garantizar la supervivencia del tejido empresarial local.
