El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia acusa a Juan Manuel Badenas de favorecer a Next Services en un proceso de contratación opaco, y señala a Catalá por proteger a los implicados en lo que podría ser el germen de una trama de corrupción.
Nueva tormenta política en el Ayuntamiento de Valencia. Borja Sanjuán, portavoz del grupo socialista, ha denunciado públicamente la existencia de un contrato presuntamente irregular en Valencia Activa, el organismo municipal para el fomento del empleo y el emprendimiento. El contrato, valorado en más de 80.000 euros, fue adjudicado a Next Services, una empresa gestionada por José Parés, actualmente investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Sanjuán asegura que el proceso de adjudicación no solo vulneró principios básicos de transparencia, sino que se diseñó específicamente para beneficiar a la empresa seleccionada, incluso a costa de ignorar otras ofertas más competitivas.
Una adjudicación bajo sospecha
Según el portavoz socialista, el contrato adjudicado a Next Services tenía como objeto la organización de los Premios Emprendimiento 2024 y un Congreso de Emprendimiento Sectorial, dos eventos relevantes dentro de la programación anual de Valencia Activa. El procedimiento de contratación, denuncia Sanjuán, evitó de forma deliberada la constitución de una mesa de contratación, tal y como exige la normativa, sustituyéndola por una “unidad técnica” más fácil de manipular.
“Esta unidad no solo favoreció a la empresa de Parés, sino que permitió corregir en varias ocasiones su documentación para asegurarle la adjudicación, algo que no se permitió al resto de licitadores”, denunció Sanjuán. La situación es especialmente grave, según el dirigente del PSPV, porque al menos una de las empresas desestimadas había presentado una propuesta que era 15.000 euros más barata que la ganadora.
José Parés y los vínculos con la trama
El nombre de José Parés no es ajeno al panorama político valenciano. Según indicó Sanjuán, Parés no solo gestiona Next Services, sino que estaría implicado en prácticas aún más graves: habría participado en labores de espionaje político contra concejales de la oposición, lo que alimenta aún más las sospechas de una trama con ramificaciones dentro del Ayuntamiento.
“La sombra de la corrupción empieza a instalarse en la gestión de Catalá”, advirtió Sanjuán, quien no dudó en señalar directamente a la alcaldesa por “amparar con su silencio” estas prácticas. El socialista considera que María José Catalá, al mantener en sus cargos a Juan Manuel Badenas y a Cecilia Herrero, estaría priorizando sus intereses políticos a la ética institucional.
¿Una estrategia para asegurar apoyos?
Desde el grupo socialista se vinculan estas decisiones con una estrategia para mantener los apoyos necesarios en el pleno municipal. Sanjuán sostiene que los contratos sospechosos estarían siendo utilizados como “moneda de cambio” para asegurar lealtades dentro del organigrama político del consistorio.
“La alcaldesa no puede seguir mirando hacia otro lado. Tiene la responsabilidad de garantizar la legalidad y la transparencia en cada euro público que se gestiona desde su administración. Proteger a quienes están siendo señalados por la Guardia Civil no es un acto de liderazgo, es complicidad”, sentenció el portavoz socialista.
Valencia Activa, en el centro del debate
Valencia Activa, organismo creado para impulsar el empleo, la formación y el emprendimiento en la ciudad, vuelve así a quedar en el centro de la polémica. Ya en legislaturas anteriores fue objeto de revisión por parte de la oposición por la supuesta duplicidad de funciones y falta de control en los gastos.
Esta nueva denuncia puede suponer un punto de inflexión, no solo por el montante del contrato, sino por la presunta intervención de una empresa bajo investigación penal y por los posibles vínculos con prácticas de vigilancia política.
¿Qué ha dicho el gobierno local?
Hasta el momento, desde el equipo de gobierno encabezado por María José Catalá no se ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones lanzadas por Sanjuán. La alcaldesa ha evitado pronunciarse públicamente sobre el contrato y sobre las relaciones entre Juan Manuel Badenas y José Parés, a pesar de las peticiones explícitas de explicaciones por parte del grupo socialista.
Sin embargo, fuentes municipales consultadas de forma informal aseguran que “todas las contrataciones se han realizado conforme a la normativa vigente” y apuntan a un intento de “judicializar la política” por parte del PSOE.
¿Investigación abierta?
La Guardia Civil ya habría iniciado investigaciones relacionadas con diversos contratos del entorno municipal, y aunque no se ha confirmado oficialmente si este en concreto forma parte del expediente, la inclusión de la empresa adjudicataria en pesquisas previas alimenta las sospechas de que las pesquisas puedan ampliarse.
Este episodio se suma a una creciente sensación de desconfianza entre los grupos de la oposición, que ya han solicitado en varias ocasiones la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de fondos públicos en áreas estratégicas como empleo, emprendimiento y urbanismo.
Conclusión: ¿inicio de una tormenta política?
La denuncia de Borja Sanjuán podría ser el comienzo de un caso con amplias repercusiones en el Ayuntamiento de Valencia. La falta de transparencia en las adjudicaciones, las conexiones con empresas bajo investigación judicial y la aparente pasividad del gobierno local podrían derivar en consecuencias políticas y legales de gran calado.
El PSOE exige responsabilidades, mientras la ciudadanía asiste con preocupación a una nueva polémica que pone en duda la limpieza de la gestión pública. Si no se aclaran pronto las condiciones del contrato y las actuaciones de los responsables señalados, esta situación podría escalar a niveles aún más serios.
¿Debe la alcaldesa intervenir de inmediato? ¿Crees que hay motivos suficientes para abrir una comisión de investigación sobre los contratos de Valencia Activa? Únete a la conversación en redes sociales con el hashtag #ContratosValencia.