Ayer, la Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat Valenciana y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI CV) mantuvieron una reunión de trabajo en la que acordaron colaborar para mejorar la atención a las personas con discapacidad en el ámbito judicial y avanzar hacia una Administración más inclusiva.
El encuentro, celebrado entre la consellera Nuria Martínez y el presidente del CERMI CV, Luis Vañó, permitió establecer diversas líneas de actuación que se desarrollarán a lo largo de 2025.
La entidad presentó una batería de propuestas destinadas a garantizar una justicia accesible, ágil e inclusiva.
En el encuentro participaron también el secretario autonómico de Justicia, José Luis Font Barona, y el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Javier Soler Flores.
Compromisos para un acceso justo y adaptado
Durante la reunión, ambas partes abordaron el impulso de un marco normativo que garantice un acceso efectivo y adaptado a la justicia para las personas con discapacidad.
Además, se acordó poner en marcha un plan de formación dirigido a los operadores jurídicos de la Conselleria, centrado en el trato adecuado desde una perspectiva de derechos humanos y de género.
La consellera Martínez destacó la relevancia de esta colaboración, afirmando que “la justicia debe estar al servicio de todas las personas, especialmente de aquellas que se enfrentan a barreras adicionales. Por eso, reforzar la inclusión es una prioridad para esta Conselleria”.
Revisión de protocolos y justicia de proximidad
Otro de los puntos tratados fue la revisión y actualización de los protocolos de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito (OVAD), con el objetivo de asegurar una atención integral, adaptada y sensible a las necesidades de las personas con discapacidad.
Asimismo, se abordó la posibilidad de desarrollar un reglamento específico sobre empleo público inclusivo, y se propuso la creación de un espacio de diálogo estable entre instituciones y entidades del sector.
Además, la consellera recordó que su departamento ya trabaja en facilitar la comparecencia por videoconferencia desde los Juzgados de Paz, evitando desplazamientos innecesarios y acercando la justicia a la ciudadanía.
Facilitadores, apoyos globales y resoluciones accesibles
Entre las propuestas destacadas, CERMI-CV subrayó la necesidad de retomar y actualizar el borrador de la Orden de Apoyos Global, en colaboración con el tercer sector, para asegurar un marco de justicia adaptado.
En este sentido, se propuso recuperar la figura del personal facilitador, cuya función será adaptar la comunicación y acompañar a la persona con discapacidad en todo el proceso judicial.
Además, se insistió en la accesibilidad universal, especialmente en la adaptación de resoluciones a formatos como lectura fácil, macrotipos, Braille o pictogramas, así como en la inclusión de estas adaptaciones en los formularios y decretos pertinentes.
Formación, reglamento de empleo y propuestas presupuestarias
CERMI-CV también reclamó la ampliación de los programas de formación para operadores jurídicos, especialmente en relación con la Ley 8/2021 y la atención con perspectiva de derechos humanos y género.
Asimismo, urgió el desarrollo del reglamento de empleo público para personas con discapacidad, pendiente desde la Ley 4/2021, solicitando su inclusión activa en el ejercicio 2025.
La reactivación del Foro Justicia y Discapacidad, la revisión de los protocolos de atención a víctimas y propuestas para los Presupuestos de 2025 completaron un encuentro en el que ambas partes coincidieron en la necesidad de establecer un plan de acción conjunto con objetivos claros, cronograma definido y mecanismos de evaluación.
