Valencia, 23 de mayo de 2025 – La jueza que investiga las responsabilidades penales por la gestión de la DANA ha desestimado el recurso presentado por la defensa del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, en el que solicitaba la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Miguel Polo), del exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de València (José Manuel Basset), de una jefa de coordinación del servicio del 112 y de una técnica de comunicación de Emergencias.
El auto judicial argumenta que la defensa de Argüeso, imputado en la causa junto a la exconsellera Salomé Pradas, no tiene legitimidad para solicitar la declaración como investigados de otras personas, especialmente cuando el Ministerio Fiscal también ha pedido la desestimación del recurso.
La magistrada insiste en que ninguno de los perfiles solicitados por la defensa ostentaba una posición de «garante» en la cadena de mando ni en la toma de decisiones que se investigan en relación con los posibles delitos de homicidio imprudente y lesiones derivados de la gestión de la riada. Esta interpretación ha sido además respaldada por un auto reciente de la Audiencia Provincial de Valencia, fechado el 19 de mayo de 2025.
Se incorporan nuevos informes a la causa
En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha emitido una providencia en la que acuerda incorporar al procedimiento un informe de la acusación popular ejercida por Fetap-CGT, en el que se denuncia la existencia de más de 300 “errores críticos” en la gestión de la emergencia durante la DANA.
Además, se ha dado traslado a las partes de un informe elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil, así como de dos escritos presentados por la defensa de Salomé Pradas, uno de los cuales incluye un vídeo y una fotografía que la defensa considera relevantes para su estrategia procesal.
Una causa que sigue avanzando
La investigación judicial sobre la tragedia de la DANA, que causó graves daños materiales y numerosas víctimas, continúa centrando su instrucción en los cargos políticos que ostentaban responsabilidades directas en materia de prevención, alerta y coordinación de emergencias. La decisión de la jueza consolida una línea clara: delimitar las responsabilidades a quienes ostentaban el control efectivo sobre la gestión de la catástrofe.
El caso sigue sumando testimonios, informes técnicos y periciales que serán claves a la hora de determinar si existieron negligencias o errores graves que pudieron haber evitado el trágico desenlace.
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