La Generalitat Valenciana impugna el nuevo registro estatal de viviendas turísticas por considerar que invade sus competencias exclusivas, en un nuevo episodio del eterno pulso territorial por la regulación del turismo.
En la ya eterna telenovela de las competencias autonómicas, esta semana tenemos nuevo capítulo: la Generalitat Valenciana ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024, aprobado recientemente por el Gobierno de España. ¿El motivo? La creación de un registro único estatal de viviendas turísticas y su correspondiente ventanilla única digital. Un invento que, según el Consell, supone una intromisión «flagrante» en sus competencias exclusivas sobre turismo. Porque claro, ¿cómo va a venir Madrid a decirnos cómo gestionar nuestros apartamentos en la Malvarrosa?
Y sí, esta historia va mucho más allá de una simple lista de Airbnb legales.
¿Qué ha hecho el Gobierno exactamente?
Para quien no haya estado al tanto —o simplemente haya decidido ignorar las noticias por salud mental—, el Gobierno central aprobó a mediados de mayo un Real Decreto que crea un registro estatal de arrendamientos turísticos. En teoría, se trata de una medida para mejorar el control de estas actividades, garantizar la transparencia y evitar el desmadre urbanístico que provocan las plataformas digitales de alquiler vacacional. En resumen: menos pisos fantasma, más información disponible.
Además, y como si no fuera suficiente, se establece también una ventanilla única digital (porque todo suena mejor cuando lleva «digital») para facilitar los trámites a los propietarios y a las administraciones públicas.
¿Suena bien, verdad? Bueno, no para todos.
La Generalitat dice: «hasta aquí»
El Gobierno valenciano, liderado por Carlos Mazón, no ha tardado ni una semana en reaccionar. Según sus portavoces, esta medida es una invasión de competencias autonómicas, concretamente en lo que respecta al turismo, que en el Estatuto de Autonomía figura como una responsabilidad exclusiva de la Comunitat Valenciana. Y claro, si el turismo es nuestro, nuestras reglas también deberían serlo. O eso dicen.
Desde el Palau aseguran que la nueva normativa no solo impone criterios desde Madrid, sino que obliga a duplicar registros y procedimientos que ya existen en el ámbito autonómico, generando duplicidades, confusión y más burocracia de la buena. Porque si algo le gusta a un funcionario, es hacer lo mismo dos veces en dos sistemas diferentes.
Un conflicto con antecedentes
Aquí no estamos ante una discusión nueva. Las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre la gestión del turismo llevan años acumulando polvo en los archivos administrativos. Desde Cataluña hasta Andalucía, pasando por Baleares y, cómo no, Valencia, muchas regiones han defendido su derecho a regular las viviendas turísticas como mejor les parezca. ¿Por qué? Porque cada territorio tiene sus particularidades, su «ecosistema turístico», y lo que funciona en Asturias no necesariamente se adapta a Gandía.
Recordemos que en 2018, Baleares ya chocó con el Estado por un tema parecido, y Cataluña lleva tiempo exigiendo un marco más flexible que tenga en cuenta las diferencias regionales. Así que esto, más que un caso aislado, parece otro episodio de la gran serie española: «El Estado vs. Las Autonomías: Regulando a ciegas desde 1978».
¿Y los ayuntamientos, qué opinan?
Buena pregunta. Muchos consistorios, especialmente en zonas costeras como Benidorm, Peñíscola o Dénia, han recibido la noticia del registro estatal con una mezcla de indiferencia burocrática y resignación. Por un lado, reconocen que la regulación actual no da abasto para controlar el boom de los alquileres turísticos. Por otro, temen perder margen de maniobra si las decisiones empiezan a tomarse desde un despacho en Madrid.
Por ahora, lo que reina es la confusión. ¿Tendrán que volcar sus datos en el nuevo sistema? ¿Será obligatorio para los propietarios registrarse en ambos registros, estatal y autonómico? ¿Quién resolverá las posibles sanciones? ¿Habrá una app para eso, o todo por correo certificado?
¿Y qué dice el Ministerio?
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, encargado del asunto, ha defendido su postura con el tono habitual: técnico, templado y muy institucional. Según su versión, el registro estatal no sustituye, sino que complementa los sistemas autonómicos ya existentes. La idea es tener una foto nacional de la situación de los arrendamientos turísticos, algo que hasta ahora era prácticamente imposible por la disparidad de normas y criterios entre comunidades.
Además, aseguran que la ventanilla única digital permitirá agilizar trámites y reducir la carga administrativa para los ciudadanos. Porque no hay nada más tranquilizador que escuchar “ventanilla única” cuando estás intentando entender una nueva normativa desde casa, con el portátil en una mano y una cerveza en la otra.
¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a juicio?
Sí, literalmente. La Generalitat ya ha anunciado que recurrirá el decreto ante la Audiencia Nacional, alegando que vulnera principios constitucionales sobre el reparto de competencias. No es la primera vez que esto sucede, ni será la última. Lo interesante es ver si este recurso tiene recorrido, o si se quedará como otro gesto político de cara a la galería, para dejar claro que «aquí mandamos nosotros».
Además, este conflicto podría ser la antesala de una batalla legal más amplia, en la que otras comunidades se sumen al rechazo del decreto. Y si eso ocurre, podríamos estar ante una situación de bloqueo regulatorio que, lejos de clarificar el panorama turístico, lo enturbie aún más.
¿Qué opinan los propietarios?
Aquí viene el dato curioso: muchos propietarios de viviendas turísticas —los famosos “anfitriones” que tanto ama Airbnb— tampoco están demasiado contentos. Mientras algunos celebran la posibilidad de una regulación clara y homogénea (menos sustos, más seguridad jurídica), otros temen un aumento en la carga fiscal, más requisitos técnicos y una cascada de inspecciones.
Y no, no es que estén en contra de cumplir la ley. Es que cada nueva normativa parece una trampa burocrática más, con letras pequeñas, registros nuevos y multas potenciales. En resumen: más papeleo, menos playa.
¿Y los turistas, qué?
Ah, los grandes olvidados. En medio de este embrollo institucional, nadie parece pensar en ellos. Los turistas seguirán buscando alojamiento barato, cerca del mar, con aire acondicionado y posibilidad de cancelar sin penalización. Lo que pase entre gobiernos, ventanillas y decretos… sinceramente, les da igual.
Eso sí, si el conflicto acaba afectando a la oferta de viviendas, los precios podrían subir y la experiencia podría empeorar. Y en un destino como Valencia, donde el turismo representa una parte importante de la economía, eso sí que sería un problema de verdad. Pero claro, todo a su tiempo.
¿Quién debe tener la última palabra en la regulación del turismo?
¿El Estado, por garantizar un marco común y homogéneo? ¿Las comunidades autónomas, por conocer mejor su territorio? ¿O, quién sabe, los propios ciudadanos y propietarios, que al final son los que sufren (o disfrutan) estas decisiones?
La batalla por el control del turismo acaba de comenzar. Y lo más probable es que no la gane nadie… salvo los abogados.
