La Ley de Concordia Valenciana, aprobada en 2023 por PP y Vox, vuelve a estar en el centro del debate político tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y suspender cautelarmente algunos de sus artículos. La norma, una de las más polémicas de la legislatura, divide profundamente a los partidos valencianos y al conjunto del arco político nacional.
Una ley bajo el escrutinio constitucional
El recurso presentado por el Gobierno central cuestiona la constitucionalidad de varios preceptos de la ley autonómica. Como establece el artículo 161.2 de la Constitución Española, esta admisión provoca la suspensión automática de los artículos recurridos hasta que el alto tribunal resuelva sobre el fondo del asunto.
Desde Les Corts Valencianes, tanto el PP como Vox han salido en defensa de la norma. Ambos partidos insisten en que la ley “amplía libertades”, protege a todas las víctimas y no invade competencias estatales.
El PP: “Una ley que no distingue entre víctimas”
El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que la ley fue aprobada porque “respetaba mucho la autonomía de la Comunitat Valenciana” y ofrecía cobertura legal a todas las víctimas, desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo el franquismo, la República y el terrorismo.
“La opinión del PP no ha cambiado”, aseguró. “Nosotros respetamos escrupulosamente la legalidad y esperaremos la resolución del Constitucional”.
Pérez Llorca ha aprovechado la ocasión para marcar distancias con el PSOE y Compromís, a quienes acusó de cuestionar las decisiones judiciales cuando no les son favorables:
“El PSOE ataca a los jueces cada vez que hay resoluciones que ponen en jaque a sus gobiernos. Nosotros, en cambio, respetamos las decisiones judiciales, también esta, que es un trámite”.
Vox: “Una ley de verdad, de equidad y de libertad”
Por su parte, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha defendido con vehemencia la legalidad de la ley, afirmando que “amplía los derechos y no los restringe” y que “no distingue entre valencianos por su ideología o procedencia familiar”.
Llanos también ha aprovechado para cargar contra el Gobierno central, acusando a Pedro Sánchez de utilizar el recurso como una maniobra política para generar crispación y prolongar su permanencia en el poder:
“Sánchez se vale de las instituciones para su propio interés, apoyado incluso por el PP estatal, que le ríe las gracias”, denunció.
Sobre el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado con el PSOE, expresó su desconfianza pero también su esperanza en que el tribunal “vea que esta es una ley justa y necesaria”.
Compromís: “Una chapuza legislativa de extrema derecha”
Desde el otro extremo ideológico, Compromís ha sido rotundo en su rechazo. El portavoz Joan Baldoví ha calificado la norma como “una chapuza legislativa revanchista” inspirada en las obsesiones ideológicas de la extrema derecha.
Baldoví ha cargado especialmente contra la intención de equiparar el régimen franquista con el periodo democrático de la Segunda República, algo que considera una “salvajada histórica”:
“Esta ley afecta directamente a la defensa de las víctimas y representa un retroceso democrático intolerable”.
Además, prometió que cuando regrese un gobierno democrático a la Generalitat, en menos de 30 días, se restaurarán todos los derechos que esta ley elimina.
Un nuevo frente de confrontación institucional
La Ley de Concordia Valenciana se une así a los múltiples frentes de confrontación entre el Gobierno central y el Consell de Carlos Mazón. Mientras PP y Vox defienden que su objetivo es superar una visión “sectaria” de la memoria histórica, la oposición denuncia una reescritura del pasado que blanquea el franquismo y atenta contra los derechos de las víctimas.
El fallo definitivo del Tribunal Constitucional, que todavía tardará meses en llegar, será determinante para conocer el futuro de esta ley. Mientras tanto, su suspensión cautelar abre un nuevo capítulo de tensión política e institucional en plena tramitación de los presupuestos autonómicos.
