El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) y la Universitat de Valéncia han hecho pública la existencia de un exhaustivo informe jurídico que analiza el grado de cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en la región.
El estudio, realizado por la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Facultat de Dret, se finalizó en mayo de 2024, aunque su difusión se pospuso por la DANA que afectó la zona.
Su presentación oficial se realizará en los próximos meses.
Titulado «Implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Comunitat Valenciana», el informe analiza tanto el marco normativo como la aplicación práctica de los derechos recogidos en la Convención de la ONU.
La investigación se basa en un enfoque multidisciplinar, combinando legislación, casos reales y noticias, para ofrecer un diagnóstico realista y crítico de la situación.
«Este informe es una herramienta vital», declaró Luis Vañó, presidente de CERMI CV. «Nos permite ver con claridad dónde debemos centrar los esfuerzos para que la inclusión sea efectiva, y no solo una promesa legal».
Brechas normativas y derechos desatendidos
El informe identifica importantes carencias en el desarrollo normativo autonómico, especialmente en derechos clave como:
- la libertad y seguridad de la persona (Artículo 14)
- el respeto a la privacidad (Artículo 22)
- el respeto al hogar y la familia (Artículo 23)
- la libertad de desplazamiento (Artículo 18)
En estos casos, la Comunitat Valenciana carece de legislación específica que garantice estos derechos de forma explícita, lo que supone un incumplimiento de las obligaciones adquiridas con la ratificación de la CDPD.
Incluso en áreas donde sí existe legislación, como la accesibilidad (Artículo 9), el derecho a vivir de forma independiente (Artículo 19) y el trabajo (Artículo 27), el estudio documenta una falta de recursos, barreras persistentes y una aplicación deficiente, lo que impide el disfrute efectivo de estos derechos por parte de las personas con discapacidad.
Llamamiento urgente a la acción institucional
Según Andrés Gascón, tutor del informe y miembro de la Clínica Jurídica, las comunidades autónomas tienen un papel clave en garantizar los derechos sociales y económicos de las personas con discapacidad, y esa garantía no puede limitarse a la creación de leyes.
Se requiere una implementación efectiva, seguimiento y evaluación constante.
Asimismo, se resalta la necesidad de fortalecer las políticas públicas en materia de igualdad y no discriminación (Artículo 5) y de toma de conciencia (Artículo 8).
Aunque se valoran positivamente los esfuerzos del tercer sector, se insiste en que la administración debe asumir un rol más activo y comprometido.
Desde CERMI CV, se destaca que este informe no solo representa un diagnóstico, sino que constituye una hoja de ruta para la acción política y social, con el fin de garantizar una aplicación plena de los derechos que recoge la CDPD.
El informe ya está disponible en la web del CERMI CV (www.cermicv.es), dentro del área de Publicaciones, y se utilizará como base para la incidencia institucional y social en los próximos meses.
El objetivo: construir una Comunitat Valenciana verdaderamente inclusiva y respetuosa con los derechos de todas las personas.
