Un suceso ocurrido en 2023 ha salido ahora a la luz pública con enorme repercusión social y judicial en Valencia. La Fiscalía de Menores investiga una presunta agresión sexual en grupo a un alumno de 2º de ESO durante una actividad deportiva organizada por un colegio concertado de la ciudad en Benalmádena (Málaga). Los hechos, que ocurrieron hace más de dos años, siguen generando consternación y preguntas sobre la gestión institucional del caso y la atención a la víctima.
La familia del menor denunció que su hijo fue agredido por varios compañeros durante el viaje. Según el testimonio recogido por el colegio, el joven dejó de asistir a clase tras el incidente, comunicando al tutor que no se encontraba en condiciones psicológicas de continuar. La dirección del centro, perteneciente a una fundación religiosa, fue informada en junio de 2023 por un psicólogo externo de la gravedad de lo sucedido, y este profesional notificó a su vez a las autoridades judiciales. El colegio afirma haber activado todos los protocolos pertinentes, incluidos los del Programa Integral de Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar (PREVI), además de informar a las familias y al personal del centro mediante comunicados internos.
Sin embargo, el desarrollo judicial del caso ha sido limitado. La Fiscalía de Menores ha acusado formalmente solo a uno de los implicados. Otros dos no pueden ser juzgados por ser inimputables —tenían 13 años en el momento de los hechos— y otros dos se acogieron a su derecho a no declarar. La jueza encargada del caso dictó un auto de sobreseimiento provisional al considerar que no hay pruebas suficientes para acusarlos, aunque la Audiencia Provincial de Valencia deberá ratificar esta decisión.
Lo más impactante es el estado de la víctima tras la agresión. El adolescente ha atravesado un duro proceso psicológico, con ingresos hospitalarios durante un total de 35 días, episodios de estado catatónico, estrés postraumático crónico y amnesia disociativa, según los informes psiquiátricos que maneja la familia. El menor también fue víctima de acoso y amenazas tras el incidente, lo que agravó aún más su situación emocional.
El centro educativo, que ha convocado a los medios de comunicación este lunes 9 de junio para realizar una declaración pública, ha reiterado su “más profunda solidaridad y respeto hacia cualquier víctima de abusos o violencia y especialmente al menor afectado en este caso”. Aseguran disponer desde 2019 de un protocolo de prevención del abuso sexual a menores, además de contar con un canal ético de denuncias en su página web.
Pese a que el colegio no está actualmente implicado en ningún procedimiento penal, el debate público ya se ha encendido. Padres, docentes y asociaciones de protección a la infancia reclaman mayor transparencia, así como protocolos más eficaces y seguimiento continuado para los casos de violencia entre menores en el entorno escolar.
La pregunta que resuena entre muchas familias valencianas es clara: ¿qué habría pasado si este caso no hubiera trascendido a la prensa? ¿Cuántas víctimas permanecen en silencio por falta de respaldo institucional?
La sociedad valenciana exige respuestas, protección efectiva y justicia para quienes, siendo aún niños, sufren las peores formas de violencia. Porque la infancia no puede esperar. ¿Qué opinas tú sobre la gestión de este caso? ¿Está el sistema educativo preparado para detectar y responder a este tipo de agresiones? Comparte tu visión.
