El Ayuntamiento remite a la Agencia Tributaria todos los expedientes abiertos en los últimos cuatro años
El Ayuntamiento de Valencia, en su estrategia de control y regulación de los pisos turísticos, ha dado un nuevo paso. La alcaldesa María José Catalá ha anunciado este martes que, «en las próximas semanas», se enviarán a la Agencia Tributaria todos los expedientes relacionados con pisos turísticos y órdenes de cese de actividad abiertas durante los últimos cuatro años. El objetivo: que Hacienda actúe contra quienes están desarrollando esta actividad de forma ilegal y al margen del marco fiscal vigente.
“Vamos a remitir a la Agencia Tributaria toda la documentación de expedientes y órdenes de cese para que actúen contra los ilegales. No es de recibo que haya quien obtenga beneficios económicos importantes sin cumplir con sus obligaciones fiscales”, ha señalado la alcaldesa.
Un problema creciente de ocupación turística ilegal
El crecimiento exponencial de los pisos turísticos en la ciudad de Valencia durante los últimos años ha generado un fuerte debate social, económico y urbanístico:
- Desplazamiento de población residente en los barrios más turísticos.
- Incremento de precios de alquiler y compra de vivienda.
- Problemas de convivencia vecinal.
- Impacto negativo sobre el modelo urbanístico y los servicios públicos.
- Competencia desleal frente al sector hotelero reglado.
Además, muchos de estos alojamientos operan al margen del control fiscal, sin estar dados de alta como actividad económica, sin declaración de ingresos o con opacidad en la tributación de beneficios.
Coordinación municipal y estatal para perseguir el fraude
La remisión de expedientes a Hacienda busca precisamente reforzar la cooperación entre administraciones para detectar y sancionar a quienes explotan inmuebles como pisos turísticos sin declarar correctamente sus ingresos, ni cumplir las normativas urbanísticas y de consumo.
Esta iniciativa se enmarca en el nuevo plan integral impulsado por el consistorio valenciano para endurecer el control sobre la oferta de alojamiento turístico no reglado, tras constatar un incremento importante del número de sanciones y órdenes de cierre dictadas en los últimos años.
950 expedientes activos y un endurecimiento progresivo
Según datos municipales, actualmente el Ayuntamiento de Valencia tiene activos más de 950 expedientes sancionadores relacionados con la actividad turística ilegal:
- Ordenes de cese de actividad.
- Infracciones urbanísticas por carecer de licencia.
- Sanciones administrativas por publicidad engañosa o incumplimiento de la normativa sectorial.
La alcaldesa ha defendido que la lucha contra el fraude en los pisos turísticos ilegales es uno de los ejes prioritarios de su mandato, y ha subrayado que con este envío de expedientes a Hacienda se busca atacar directamente el núcleo económico del problema: el beneficio fiscalmente opaco que está detrás de muchas de estas explotaciones.
Hacia un modelo de turismo sostenible y equilibrado
La proliferación descontrolada de pisos turísticos ha sido señalada por numerosos colectivos vecinales y expertos urbanísticos como una de las principales amenazas para el modelo de convivencia y sostenibilidad turística de Valencia.
En este sentido, Catalá ha insistido en que el Ayuntamiento no persigue eliminar la oferta turística, sino ordenarla, regularla y garantizar la igualdad fiscal y legal para todos los operadores:
«Queremos un turismo sostenible, que genere riqueza, pero compatible con la vida de los barrios, con el acceso a la vivienda de los valencianos y con el cumplimiento de las normas por parte de todos».
Un mensaje de advertencia al sector ilegal
El envío de expedientes a Hacienda supone también un aviso contundente a los propietarios de inmuebles que continúan explotando sus pisos al margen de la normativa. Con esta medida, la administración tributaria podrá iniciar inspecciones fiscales, requerimientos, sanciones económicas o incluso derivaciones penales en los casos más graves de fraude continuado.
El Ayuntamiento de Valencia pretende así trasladar al sector el mensaje de que no habrá impunidad para la economía sumergida en el ámbito de los alojamientos turísticos, un fenómeno que no solo impacta en la convivencia urbana, sino que genera un importante perjuicio económico a las arcas públicas.
