Un giro judicial que marca un antes y un después en uno de los casos políticos más mediáticos de la Comunitat
La Fiscalía Provincial de Valencia ha dado un paso relevante en el largo y complejo procedimiento judicial que desde hace años pesa sobre la exvicepresidenta, exportavoz y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Consell, Mónica Oltra. En un informe reciente, el Ministerio Público ha concluido que no existen hechos constitutivos de infracción penal en su actuación en el conocido caso de los abusos sexuales cometidos por su exmarido, educador social de un centro de menores, a una menor tutelada por la administración autonómica.
El caso que sacudió el Botànic
El caso de Mónica Oltra estalló mediáticamente en 2021, en pleno mandato del tripartito valenciano conocido como el Botànic, una coalición entre PSPV-PSOE, Compromís —del que Oltra era figura central— y Unides Podem. La investigación giraba en torno a la supuesta falta de actuación de la Conselleria de Igualdad, entonces bajo la responsabilidad de Oltra, ante las denuncias de abusos sexuales que una menor tutelada había presentado contra el entonces marido de la política.
La oposición y diversos colectivos acusaron a Oltra de encubrir, dilatar o minimizar el caso para proteger su imagen y la del gobierno autonómico. La presión mediática y política desembocó en su dimisión en junio de 2022, pese a que la propia Oltra siempre ha defendido su completa inocencia, negando cualquier intervención para obstaculizar la investigación de los abusos.
La valoración de la Fiscalía: no hay delito
Ahora, tras una larga fase de instrucción, la Fiscalía ha emitido un informe en el que sostiene que los hechos investigados no presentan indicios suficientes de infracción penal por parte de Oltra. Según el Ministerio Público, no existen elementos que permitan sostener que la exvicepresidenta hubiera participado en maniobras de encubrimiento, ni que adoptase medidas dirigidas a ocultar los hechos o proteger a su entonces esposo.
En consecuencia, la Fiscalía concluye que no procede formular acusación ni abrir juicio oral contra Oltra, descartando también cualquier análisis sobre posibles atenuantes, agravantes, penas o responsabilidades penales.
Un punto de inflexión político y judicial
La posición de la Fiscalía supone un giro notable en un procedimiento que durante meses fue utilizado como arma política en la Comunitat Valenciana. Tanto desde la oposición de derechas como desde sectores mediáticos conservadores, el caso se convirtió en un símbolo del supuesto “doble rasero” de la izquierda en la lucha contra los abusos sexuales.
La resolución de la Fiscalía no implica automáticamente el archivo de la causa, puesto que el instructor judicial deberá decidir si asume o no las conclusiones del Ministerio Público. No obstante, en la práctica, el informe de la Fiscalía debilita notablemente las posibilidades de que prospere una acusación firme contra Oltra, salvo que las acusaciones populares o particulares logren aportar nuevos elementos de prueba.
Las reacciones tras conocerse el informe
Aunque por el momento Mónica Oltra no ha hecho declaraciones públicas tras conocerse el informe de la Fiscalía, fuentes cercanas a la exvicepresidenta subrayan que la posición del Ministerio Público confirma lo que siempre ha defendido: que no participó en ningún tipo de encubrimiento y que actuó dentro de la legalidad.
Desde su dimisión, Oltra ha mantenido un perfil discreto en la vida pública, mientras Compromís ha seguido reivindicando su figura como un referente político clave en la transformación social y política de la Comunitat durante los años del gobierno del Botànic.
Por su parte, los sectores que promovieron su imputación han mostrado su disconformidad con el criterio de la Fiscalía, advirtiendo que seguirán ejerciendo las acciones judiciales que correspondan para que se depuren, a su juicio, todas las responsabilidades.
Un debate político aún abierto
Más allá del terreno judicial, el llamado caso Oltra ha dejado profundas cicatrices políticas. Para la izquierda valenciana, la persecución mediática y judicial contra Oltra fue un ejemplo de “lawfare” —el uso de los tribunales con fines de desgaste político—, mientras que la derecha lo considera un símbolo de las supuestas redes de clientelismo e impunidad de la izquierda institucional.
Con el paso de los meses, el debate en torno a este caso ha alimentado además un profundo cuestionamiento sobre la relación entre política, justicia y medios de comunicación en España, un terreno cada vez más enconado en el panorama político nacional.
Próximos pasos en la causa
Pese a la contundencia del informe de la Fiscalía, el procedimiento judicial sigue técnicamente abierto a la espera de la decisión del juez instructor. Las acusaciones populares —entre ellas, la ejercida por la asociación Gobierna-te— han insistido en que existen indicios suficientes de que desde la Conselleria se maniobró para proteger al educador social condenado y minimizar el escándalo.
Si finalmente el juez adopta la postura de la Fiscalía, el archivo definitivo de la causa podría producirse en los próximos meses. De lo contrario, podría abrirse aún una fase de juicio oral si alguna acusación logra mantener viva la imputación.
¿Un posible regreso político?
La cuestión que empieza a sobrevolar ahora, tras este giro procesal, es si Mónica Oltra contempla su regreso a la primera línea política. Desde su dimisión, varios sectores de Compromís y del ámbito progresista valenciano han expresado públicamente su deseo de que, una vez resuelta su situación judicial, Oltra pueda reincorporarse al espacio político en un momento especialmente complejo para las izquierdas tras la pérdida del gobierno autonómico en 2023.
No obstante, será la propia exvicepresidenta quien, llegado el momento, deba valorar el coste personal y político de un eventual retorno.
