La exconsellera de Justicia seguirá imputada en la investigación judicial sobre la gestión del desastre
La instrucción judicial abierta en torno a la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana ha vivido un nuevo episodio procesal después de que la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Catarroja haya rechazado el recurso presentado por la defensa de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa.
El recurso había sido presentado por los abogados de Pradas para impugnar la transcripción oficial de su declaración judicial, alegando supuestas inexactitudes y errores de interpretación en el acta de su testimonio. La jueza, sin embargo, ha desestimado la solicitud al considerar que no se ha concretado de forma suficiente qué partes de la transcripción serían incorrectas o perjudiciales para los derechos de la defensa.
El fondo del recurso: disputa sobre el acta
En su escrito, la defensa de Salomé Pradas argumentaba que la transcripción de su declaración ante la instructora presentaba “imprecisiones sustanciales”, que podrían afectar a la valoración de sus explicaciones sobre las decisiones adoptadas durante la gestión del temporal.
La jueza, no obstante, subraya en su auto que “no se ha efectuado concreción” de los pasajes controvertidos ni se han aportado pruebas objetivas de que las supuestas inexactitudes alteren el sentido general de la declaración prestada. En consecuencia, mantiene la validez de la transcripción incorporada al sumario.
Este tipo de recursos son habituales en procedimientos penales de cierta complejidad, donde las partes intentan garantizar la máxima fidelidad de los registros judiciales que posteriormente serán examinados por el tribunal de juicio oral.
Salomé Pradas, bajo investigación por su responsabilidad política
Salomé Pradas, actual diputada y exconsellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, está siendo investigada dentro de la causa abierta para esclarecer posibles responsabilidades penales en la gestión institucional de la DANA que afectó gravemente a la Comunitat.
Durante su etapa al frente de la Conselleria de Justicia, Pradas tuvo competencias en materia de coordinación de emergencias y protección civil, por lo que su actuación en la fase previa y durante el desarrollo del episodio de lluvias torrenciales ha sido objeto de escrutinio judicial.
Aunque hasta ahora no se han formalizado acusaciones concretas contra ella, su citación como investigada refleja el interés de la jueza instructora en esclarecer el alcance de su responsabilidad política y técnica en la preparación de los dispositivos de emergencia.
La instrucción judicial avanza mientras continúa la investigación parlamentaria
Este movimiento procesal se produce en paralelo al desarrollo de la comisión de investigación abierta en Les Corts Valencianes, donde también se están analizando las decisiones adoptadas durante el devastador episodio meteorológico.
Ambos procesos —el judicial y el parlamentario— avanzan de forma independiente, pero están estrechamente conectados en el debate público, ya que el futuro político de varios responsables institucionales podría verse condicionado por las conclusiones a las que se llegue en uno y otro ámbito.
El caso DANA: una investigación compleja
El procedimiento judicial instruido en Catarroja busca determinar si existieron omisiones, negligencias o errores de gestión por parte de las autoridades competentes que agravaran las consecuencias de la DANA, considerada una de las peores catástrofes naturales sufridas en el litoral valenciano en los últimos años.
Además de Salomé Pradas, otros altos cargos autonómicos, técnicos de Protección Civil y responsables locales también han prestado declaración en calidad de testigos o investigados, dentro de una causa que sigue acumulando diligencias periciales, informes técnicos y testimonios.
La jueza mantiene abiertas todas las líneas de investigación, mientras sigue pendiente la citación formal de varios colectivos de víctimas que, desde el inicio, han solicitado tener un papel más activo en el proceso.
Un caso políticamente muy sensible
El alto perfil político de algunos de los investigados convierte esta causa en uno de los focos más sensibles para el actual gobierno autonómico. Desde la oposición, tanto el PSPV como Compromís insisten en que la actuación del Consell fue tardía, descoordinada e insuficiente, mientras el ejecutivo autonómico defiende la legalidad de todas sus decisiones y atribuye las críticas a una estrategia de desgaste político.
Para los juristas consultados, este tipo de procedimientos penales por catástrofes naturales son especialmente complejos, ya que deben determinarse con precisión las responsabilidades concretas de cada nivel de la administración en un contexto de fenómenos meteorológicos extremos y de difícil previsión.
La defensa insiste en su estrategia procesal
Tras esta resolución, la defensa de Salomé Pradas mantiene su línea de actuación orientada a defender la completa legalidad de su gestión y a desvincular su responsabilidad personal de las posibles deficiencias organizativas detectadas durante la catástrofe.
Fuentes próximas al equipo jurídico de Pradas ya han anunciado que, si es necesario, recurrirán nuevas resoluciones que consideren lesivas para el derecho de defensa de su representada.
Por ahora, la investigación sigue su curso, mientras crece la expectación sobre las posibles imputaciones que puedan derivarse en los próximos meses conforme avance la instrucción.
