El Consejo para la Defensa del Contribuyente, órgano adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda, ha propuesto equiparar ciertos grados de dependencia con los grados de discapacidad para facilitar la aplicación del mínimo por discapacidad en el IRPF.
Esta iniciativa forma parte de un conjunto de propuestas dirigidas a mejorar el tratamiento fiscal de las personas con discapacidad, recogidas en un informe al que ha tenido acceso la agencia Servimedia.
La propuesta responde a numerosas quejas de ciudadanos que han señalado las dificultades para acreditar formalmente su grado de discapacidad, algo que actualmente es imprescindible para aplicar el mínimo fiscal correspondiente en la declaración del IRPF.
Las quejas apuntan principalmente a la lentitud del proceso legal y a la excesiva rigidez de los requisitos.
Equiparación de dependencia y discapacidad
El Consejo plantea establecer “pasarelas directas” entre dependencia y discapacidad, de modo que determinados grados de dependencia se consideren equivalentes a grados reconocidos de discapacidad a efectos fiscales.
En concreto, la propuesta sugiere que:
- La dependencia moderada se equipare a un 33% de discapacidad.
- La dependencia severa o gran dependencia se equipare a un 65% de discapacidad.
Esto permitiría aplicar el mínimo por discapacidad sin necesidad de una valoración específica, simplificando el proceso y ampliando el número de potenciales beneficiarios.
No obstante, se mantendría la opción de acudir al procedimiento ordinario para quienes deseen una valoración oficial de su grado de discapacidad.
Actualmente, la ley ya contempla dos supuestos en los que no es necesario acreditar la discapacidad para aplicar el beneficio fiscal:
- personas con incapacidad judicial declarada (aunque no se alcance el 65%)
- pensionistas por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez (que se les reconoce al menos el 33%).
Revisión del concepto de «descendiente por asimilación»
Otra propuesta destacada del informe es la revisión del concepto de “descendiente por asimilación”.
El objetivo es permitir que se apliquen los mínimos fiscales por descendiente y discapacidad también en casos de apoyo a familiares mayores de edad con discapacidad, a través de figuras como la guarda de hecho o la curatela, cada vez más habituales tras los recientes cambios legislativos en materia de capacidad jurídica.
El Consejo considera que, siempre que existan convivencia y dependencia económica, estas situaciones deben tener el mismo tratamiento fiscal, en línea con los principios de justicia tributaria.
Posibles vías legislativas
Para hacer efectiva esta propuesta, el Consejo sugiere que se tramite a través de una reforma de las leyes generales de discapacidad y dependencia, o mediante enmiendas durante su paso por las Cortes.
Como alternativa, propone modificar el artículo 60 de la Ley del IRPF para introducir un nuevo apartado que recoja la equiparación de grados.
En definitiva, la propuesta representa un paso hacia una mayor flexibilidad y equidad en el sistema tributario, adaptándolo a nuevas realidades sociales y facilitando el acceso de las personas con discapacidad o dependencia a beneficios fiscales que hoy en día resultan difíciles de obtener.
