La polarización política impide avances sustanciales en la cooperación territorial y deja en punto muerto acuerdos fundamentales para el Estado autonómico
2024 ha sido un año de parálisis institucional, falta de consenso y bloqueo político en el modelo de financiación autonómica. Así lo refleja el Informe de las Comunidades Autónomas, elaborado anualmente por el Observatorio de los Gobiernos Subnacionales de la Universidad de Barcelona, que en esta edición tilda el ejercicio pasado de “año de la frustración”.
El documento, de carácter académico pero con vocación divulgativa y técnica, analiza el comportamiento político, institucional y presupuestario de las comunidades autónomas y alerta de una falta de avances estructurales que amenaza con cronificarse en el tiempo. La reforma de la financiación autonómica —prometida por varios gobiernos desde hace más de una década— vuelve a quedar pospuesta sin horizonte claro.
Una reforma “congelada” desde hace años
El informe subraya que, pese al consenso generalizado sobre la necesidad de actualizar el modelo, ningún paso sustancial se ha dado en 2024 para resolver los desequilibrios existentes. El actual sistema de financiación, que debía haberse revisado en 2014, acumula más de diez años de vigencia sin renovación, generando agravios entre territorios y tensiones competenciales.
Los autores del estudio lamentan que el debate político se haya trasladado del contenido técnico al terreno del enfrentamiento ideológico, lo que impide alcanzar pactos duraderos entre Gobierno central y comunidades autónomas.
La polarización como obstáculo
Uno de los puntos centrales del informe es la acusada polarización política vivida en 2024, tanto en el Congreso como en las asambleas autonómicas. Esta dinámica ha roto los puentes de diálogo que antes permitían alcanzar pactos transversales, incluso entre gobiernos de distinto signo político.
“Medidas que antes se adoptaban con relativa facilidad ahora se ven bloqueadas por un clima de confrontación”, advierte el texto.
También se apunta a un deterioro de la cooperación interterritorial, con reuniones de la Conferencia de Presidentes aplazadas o inoperativas, y con fórmulas de coordinación como el Consejo de Política Fiscal y Financiera perdiendo eficacia.
Cataluña y las demandas singulares
En este contexto, el informe dedica un apartado específico a Cataluña y las negociaciones sobre un sistema de financiación singular, impulsadas a raíz de los pactos entre el Gobierno central y partidos independentistas. Aunque dichas conversaciones están en fase preliminar, el documento advierte del riesgo de romper el principio de igualdad entre territorios, si no se articula dentro de un marco común y transparente.
También recoge la preocupación de otras autonomías, como la Comunitat Valenciana, Andalucía o Castilla-La Mancha, que exigen una reforma justa del sistema de reparto sin privilegios territoriales.
Sanidad, vivienda y sostenibilidad, las otras víctimas del bloqueo
El informe no se limita a la financiación. También analiza áreas clave como la sanidad, la vivienda y la sostenibilidad, donde la falta de coordinación entre administraciones ha frenado avances urgentes. Entre los ejemplos que cita:
- Sanidad: falta de impulso al pacto por la Atención Primaria.
- Vivienda: ausencia de una estrategia estatal que permita abordar el acceso a la vivienda en zonas tensionadas.
- Transición ecológica: retrasos en la implementación de fondos europeos para eficiencia energética.
Radiografía de un modelo autonómico tensionado
El modelo territorial español sigue siendo robusto, según el informe, pero presenta síntomas de fatiga política. La combinación de polarización, fragmentación parlamentaria y falta de liderazgos capaces de tejer consensos ha derivado en un escenario de bloqueo institucional sostenido.
Los expertos que han participado en el estudio reclaman “voluntad política real” para desbloquear temas de Estado, y sugieren abrir una legislatura de pactos autonómicos que supere los intereses partidistas a corto plazo.
Conclusión: una reforma que sigue esperando
El año 2024 pasará a la historia, según este informe, como un ejercicio marcado por la incapacidad de acordar reformas estructurales en el modelo de descentralización española. La financiación autonómica sigue siendo la gran asignatura pendiente, sin hoja de ruta ni calendario concreto.
Si no se producen cambios en los próximos meses, advierten los autores, los efectos de esta inercia serán cada vez más difíciles de revertir, tanto para la cohesión territorial como para la sostenibilidad del Estado de bienestar.
