Se le acusa de falsedad documental y estafa por el cobro de subvenciones públicas para medios de comunicación vinculados a la promoción del valenciano
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, por presuntos delitos de falsedad documental y estafa agravada en la obtención de subvenciones públicas. El Ministerio Público también solicita tres años de cárcel para su socio, Juan Enrique Adell Bover, por su participación en los hechos como cooperador necesario.
La causa, tramitada en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, investiga el uso de fondos públicos asignados entre 2015 y 2018 a diversas empresas administradas por los acusados, en el marco de programas para el fomento del uso del valenciano en medios de comunicación. Las sociedades implicadas son Comunicacions dels Ports SA, Canal Maestrat SL y Mas Mut Produccions SL.
Facturas falsas y entramado de sociedades
El escrito de acusación señala que los investigados habrían diseñado un complejo sistema de fraude utilizando facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios y actividades inexistentes. El objetivo era obtener subvenciones tanto de la Generalitat Valenciana como de la Generalitat de Catalunya, dirigidas al apoyo estructural de medios en lengua valenciana o catalana.
A través de este entramado, se estima que lograron acceder de forma ilícita a más de 67.000 euros en ayudas públicas. Aunque esta cifra no alcanza el umbral de 120.000 euros que exige el tipo penal para ser considerado fraude en subvenciones según la legislación vigente en el momento de los hechos, la Fiscalía mantiene la acusación por estafa agravada y falsedad documental continuada en concurso medial.
Peticiones de condena e inhabilitación
Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal propone para Francis Puig una multa de diez meses a razón de 20 euros diarios, junto con la inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En caso de impago de la multa, se contemplaría una responsabilidad subsidiaria de cinco meses de prisión.
En el caso de Juan Enrique Adell Bover, la acusación se centra también en su papel como cooperador necesario para la comisión de los delitos, solicitando igualmente una pena de prisión de tres años y multa económica en las mismas condiciones.
Un escándalo con derivadas políticas
Este nuevo avance judicial ha reavivado el debate político en la Comunidad Valenciana. Mientras que PSPV y Compromís han pedido esperar a que el juez se pronuncie sobre la acusación formal de la Fiscalía, desde el Partido Popular se ha exigido que se asuman responsabilidades políticas por parte del anterior gobierno del Botànic. Por su parte, Vox ha criticado lo que considera una utilización ideológica de las subvenciones lingüísticas, señalando que «quienes promueven la unidad del valenciano y el catalán se beneficiaron de ayudas públicas cuestionables».
Empresas implicadas y contexto de las ayudas
Las subvenciones concedidas a Comunicacions dels Ports, Mas Mut Produccions y Canal Maestrat estaban dirigidas oficialmente a promover la lengua valenciana en medios de comunicación locales. Estas ayudas, impulsadas tanto por la Generalitat Valenciana como por la Generalitat catalana, buscaban apoyar a medios que difundieran contenidos en valenciano o aranés, especialmente en zonas con baja penetración de estos idiomas.
Según el auto judicial de incoación del procedimiento, el comportamiento de los investigados no solo evidenciaría un aprovechamiento económico, sino un uso fraudulento del marco legal para desviar fondos hacia sociedades bajo su control, sin cumplir los requisitos reales de la convocatoria ni prestar los servicios por los que se justificaban las ayudas.
El proceso judicial continúa
El procedimiento se encuentra ahora en fase de calificación. El juez instructor ya dictó auto de procesamiento el pasado mes de enero, considerando que los hechos eran suficientemente graves como para abrir juicio oral. En su resolución, detallaba cómo los acusados habrían creado una apariencia de legalidad para camuflar las ayudas obtenidas con fines privados, enriqueciendo a las sociedades que ambos administraban.
En paralelo, se está llevando a cabo una investigación patrimonial sobre los bienes y cuentas bancarias de los acusados, con el objetivo de identificar el destino de los fondos públicos y valorar un posible decomiso de los beneficios obtenidos de forma ilícita.
