El hermano del expresident Chimo Puig está procesado por presuntamente emitir facturas falsas para cobrar subvenciones públicas al valenciano
Valencia, 4 de agosto de 2025
Por Agencia EFE
La Abogacía de la Generalitat Valenciana ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para Francisco Javier Puig, hermano del expresident Chimo Puig, por los delitos de falsedad documental continuada y estafa agravada, en el marco del caso por el presunto cobro fraudulento de subvenciones públicas concedidas entre 2015 y 2016 a medios de comunicación vinculados al entorno del acusado.
Esta petición se suma a la ya formulada por la Fiscalía, que solicita cuatro años y diez meses de cárcel por los mismos delitos, al considerar probado que Puig habría presentado facturas falsas a través de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, de las que era administrador, para obtener ayudas públicas destinadas a la promoción del valenciano.
El socio de Puig, también procesado
Junto a Francis Puig, también figura como procesado Juan Enrique Adell Bover, empresario castellonense y socio en parte del entramado empresarial, quien se enfrenta a tres años de prisión por falsedad en documento mercantil y estafa agravada. De forma subsidiaria, la Abogacía solicita dos años por falsedad documental y otros dos por apropiación indebida agravada.
Adell Bover figura como responsable de varias empresas del grupo familiar Adell, como Canal Maestrat o Kriol Produccions, que, según la acusación, habrían colaborado con facturas duplicadas, domicilios ficticios y operaciones simuladas con el objetivo de inflar gastos y acceder a mayores cantidades de dinero público.
Un proceso abierto desde 2019
El origen de este procedimiento judicial se remonta a marzo de 2019, cuando el Partido Popular presentó una querella en los juzgados de Valencia contra Francis Puig y el entonces director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por presunta prevaricación, malversación y fraude en las ayudas al fomento del valenciano.
La investigación judicial ha avanzado lentamente durante años, y no fue hasta el 31 de enero de 2025 cuando se dictó el auto de procesamiento abreviado contra Puig y Adell, por hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de estafa y falsedad documental. El juez descartó el delito de fraude en subvenciones, al no alcanzar la cuantía mínima de 120.000 euros que exige el Código Penal para ser tipificado.
Subvenciones bajo sospecha
El núcleo del caso son las ayudas al valenciano concedidas en 2015 y 2016 a medios de comunicación supuestamente vinculados a los acusados. Según la investigación, se habrían utilizado sociedades instrumentales, direcciones falsas y actividades ajenas a los fines subvencionables para justificar el gasto ante la administración autonómica.
Aunque las subvenciones ascendían a unos 170.000 euros, parte de ellas no podrán ser reclamadas debido a la caducidad de los plazos administrativos, lo que ha causado un nuevo revuelo en el ámbito político y jurídico valenciano.
Contexto político
El caso llega en un momento delicado, cuando el nombre de Chimo Puig, expresident de la Generalitat, sigue teniendo peso en el escenario político. Aunque él no figura como investigado en la causa, su apellido se ve nuevamente vinculado a un escándalo judicial que afecta a su entorno familiar más próximo.
Desde el entorno del PSPV-PSOE se ha optado por guardar silencio institucional hasta que haya una resolución firme. Sin embargo, desde la oposición se exige explicaciones públicas y una depuración de responsabilidades, al considerar que las prácticas señaladas dañan la credibilidad de las instituciones y la transparencia en la gestión de fondos públicos.
